El Estado mexicano reconoce que “la migración es un derecho humano y, como tal, no debe ser criminalizada bajo ninguna circunstancia. Ante todo, debe ser dignificada, ordenada y reconocida como una oportunidad legítima para acceder al desarrollo humano”.
A pesar de las fronteras de contención, muros y controles migratorios estrictos, estos no han sido suficientes para detener el desplazamiento de las personas a otros lugares, y las cifras en migración internacional pueden corroborar lo anterior.
También millones de personas se han visto forzadas a desplazarse internamente en sus propios territorios, especialmente de las zonas rurales hacia las ciudades, siendo un factor primordial, la violencia generada por el crimen organizado o la guerra.
El enfoque humanitario en migración se ve distorsionado al culpabilizar a los migrantes de problemáticas ya existentes, por lo que las políticas que se ponen en práctica tienden a ser restrictivas.
En muchas ocasiones, las personas desplazadas, si bien, terminan residiendo en las zonas urbanas, entremezclados con la comunidad local, difícilmente tienen acceso a servicios básicos, empleo y oportunidades de desarrollo.
Los derechos humanos, independientemente de la jurisdicción dentro del territorio de un estado, estos no se basan en nacionalidad o territorialidad. https://bit.ly/2fkLccg
En términos generales, a cualquier persona desplazada se le debe reconocer el derecho a trabajar y a la movilidad, además, el permitirles formar parte de la productividad, contribuyen al crecimiento y desarrollo local.
La movilidad, además de ser un derecho humano fundamental, también puede funcionar como una estrategia, así lo plantea la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
La estrategia consistiría en ofrecerle a un refugiado permanecer en el país de acogida, conservando la ciudadanía de su país de origen con un permiso residencial a largo plazo.
Actualmente, existen planes de acción para albergar a refugiados colombianos, en los que participan activamente Ecuador, Costa Rica, Brasil y México, como parte del principio de solidaridad y responsabilidad compartida.
No obstante, la asistencia humanitaria no puede cubrir las necesidades de movilidad o las implicaciones del desplazamiento, en principio el financiamiento es escaso y eso reduce su éxito, más no su importancia.
Las agencias humanitarias no fueron diseñadas para sostener el impacto de los desplazamientos a largo plazo, y sin embargo, tienen la mayor parte de la carga, mientras que la ayuda humanitaria proveniente del marco político internacional es cortoplacista e insuficiente.
El papel del Banco Mundial consiste en financiar proyectos que abordan el desplazamiento y sus efectos en las comunidades receptoras, incluso proporciona respaldo técnico en la medición de calidad de vida de las poblaciones desplazadas. https://bit.ly/2hhOxKB
México cuenta con la Ley de Migración que representa un avance significativo en los derechos humanos del migrante para proporcionarles un debido proceso al igual que refugio, aun así, persisten prácticas que contravienen y opacan los esfuerzos de mejora.
Esto lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ha hecho un acompañamiento a las autoridades, para vigilar el cumplimiento. https://bit.ly/1pFp90I
La mejor propuesta comienza por reconocer las implicaciones sociales, económicas y fiscales para las personas que se han visto desplazadas y para los países receptores, mientras que las acciones humanitarias deben ser a corto plazo.
*Analista en temas de Seguridad, Justicia, Política y Educación. *Si deseas recibir mis columnas en tu correo electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el siguiente vínculo: https://eepurl.com/Ufj3n