Imagen de contextoRedacción ejecentral
Una juez remitió una petición de ayuda judicial a México luego de que fuera identificada una cuenta de 6 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la que figuraba un político identificado como miembro del PRI y exdiputado en el Congreso de Sinaloa.
Según publica el diario El País, el político mexicano figuraba en una cuenta corriente de la BPA, según refleja una de las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de capitales de la citada entidad a la que hace mención en un auto judicial la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA, el banco intervenido en 2015.
La magistrada pidió a las autoridades mexicanas identificar al citado político e investigar un posible blanqueo de capitales, además de investigar la posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA, según revela un documento judicial, al que ha tenido acceso el periódico español.
LOS DATOS COINCIDEN
En una de las actas del citado comité se expone textualmente “que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.
Oscar Javier Lara Aréchiga. Foto de archivoLos datos que aporta la juez coinciden con los del perfil de Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, diputado por Sinaloa del PRI durante el citado periodo, Secretario de Administración y Finanzas del Estado y licenciado en Economía.
Según consta en su perfil del Congreso de la Unión, Lara ocupó, también, en la Administración Pública Federal los cargos de director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en la Nacional Financiera. Además, fue subdirector general de Infraestructura de la Sagarpa. Dejó de ser diputado en 2012 y el año pasado participó en la contienda del PRI para gobernador, pero sin éxito.
La cuenta presenta un saldo superior a los 6 millones de dólares. En tanto, las tres cuentas a las que hace referencia “se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, afirma la petición de auxilio judicial.
La magistrada reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El acta tampoco revela el nombre del hermano del político. El País, conversó telefónicamente con el exdiputado Oscar Javier Lara Aréchiga, quien negó ser la persona que investiga la Justicia de Andorra.
Además, dijo que no podía proporcionar información, cuando le cuestionaron si él o alguno de sus hermanos ha tenido una cuenta en la Banca privada de Andorra.
El auto de la juez andorrana describe como tremendamente agresiva en Latinoamérica la política comercial de BPA y asegura que “la entidad facilitaba a los clientes que captaba la estructura societaria necesaria a través de BPA Serveis, que trabajaba sobre todo a través de personas jurídicas panameñas, y había instaurado un sistema de compensación de efectivo entre los clientes para reducir el riesgo de transporte físico de líquido y permitir de todas formas el ingreso de grandes cantidades que no eran bancarizadas”. Mingorance añade que México fue inicialmente una plaza fuerte para BPA ,hasta el punto de adquirir un edificio en la capital federal para establecer la sede social, luego, “abruptamente” se desmonta toda la estructura y abandona el país.
La magistrada explica que fue a la vista de estos hechos cuando en el curso de la investigación judicial se procedió a analizar las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales donde se encontró la pista del político del PRI.
Mingorance destaca que en marzo de 2015, fecha en la que estalló el escándalo del BPA, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), dependiente del Departamento del Tesoro de los EU hizo pública una nota sobre esta entidad bancaria en la que situaba a este banco como centro de una gran trama de blanqueo de capitales ligados al cártel de Sinaloa, las mafias rusa y china en España y a la empresa Petróleos de Venezuela.
Mingorance procesó el pasado verano a 24 personas acusadas de facilitar el lavado de fondos mediante el denominado sistema de compensación bancaria, el dinero no se mueve y el cliente que desea repatriar su fortuna oculta en un paraíso fiscal se queda con el de otro que desea sacarla del país. ( Con información de El País). DA