El crecimiento de la informalidad desde la pandemia ha llevado a algunos estados a tener hasta de cada 10 empleos, ocho en la ilegalidad laboral, y ante el incremento del sector, también se da un crecimiento en el mercado negro de la energía eléctrica, con cuotas para establecerse en un punto de la vía pública o algún tianguis de México que no llegan a las arcas de los municipios ni de estatales y mucho menos federales, denunció la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
“La energía eléctrica que estos negocios demandan es hurtada, ya que se consiguen con bajadas de cables de luz inseguras, sin medidor, ya que gozan de la venia de las autoridades locales que por lo regular se hacen de la vista gorda a cambio de mordidas, tajadas de dinero del negocio ilegal que se monta”, dijo la ANPEC.
Esta economía subterránea que se da en nuestro país es resultado de las pocas oportunidades de trabajo y los bajos salarios, ya que un comerciante puede ganar en cuatro o cinco días lo que un empleado gana en una quincena sin pagar impuestos ni cumplir reglamentos, expuso la Alianza.