Los jesuitas en México han trabajado los últimos años en comunidades con altos índices de violencia, han logrado transformar la reconstrucción del tejido social y sostener la paz, y es con estos hechos con los que responde la Compañía de Jesús a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que algunos religiosos están “apergollados ante la oligarquía mexicana”
Previo a esa declaración, los jesuitas habían solicitado al Presidente revisar su política de seguridad nacional, esto después del asesinato de dos de sus religiosos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la comunidad de Cerocahui en la Sierra Tarahumara el 27 de junio.
En esos días los jesuitas también llamaron a la ciudadanía a sumarse a una cruzada “la de no callar ante la injusticia para cambiar la realidad del país” y a un diálogo nacional con todos los sectores sociales.
Luis Gerardo Moro, provincial de la Compañía de Jesús, manifestó que pondrá a disposición del gobierno federal los estudios que tienen sobre las causas de la violencia y lo que han aprendido para reconstruir el tejido social y las claves que han encontrado en aquéllos municipios que han logrado sostener condiciones de paz.
En entrevista, el jesuita Jorge Atilano González, asistente de lo social y fundador del Centro de Investigación y Acción Social por la paz (Cias) de la Compañía de Jesús, destacó que esa congregación tiene obras en los temas de migrantes, refugiados, derechos humanos, en construcción de la paz, adicciones, en el medio ambiente y el agua.
La construcción de la paz es un tema establecido como línea de programa de los jesuitas desde el 2011 línea, porque en el 2010 “quedamos sorprendidos por los asesinatos y los secuestros que crecieron en el país y decíamos qué está pasando hay mucha violencia, tenemos una necesidad de atender”
En 2012 los jesuitas crearon la Comisión de la Paz a fin de tener una propuesta apropiada para México, para elaborarla lo enviaron a estudiar obras en otros países.
En Estados Unidos se reencontró con los maras, con ellos había trabajado antes en Honduras; “los jóvenes ya estaban bien con su familia, con un empleo, habían resignificado su historia ya no eran los ex pandilleros” dijo quien también estuvo en Chile y Colombia.
A su regreso, en agosto del 2015, se creó el Centro de Investigación y Acción Social por la paz (CIAS por la paz). Su misión es formar comunidades e instituciones que se hagan cargo de su realidad, capaces de contribuir a la reconstrucción del tejido social por medio del acompañamiento de procesos locales, regionales, y nacionales.
Los estudios que entregarán a las autoridades tienen tres temas como eje: por qué surgió la violencia, la reconstrucción del tejido social y los factores que han logrado que los municipios que tienen índices sostenidos bajos de violencia lo hayan logrado.
Uno de los estudios es “Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz” donde se exponen 14 diagnósticos territoriales en contextos urbanos, semi urbanos, campesinos e indígenas del país. El periodo de estudio abarca los últimos 25 años y toca a 10 entidades federativas. La pregunta rectora de la investigación quería indagar cómo se había ido deteriorando el tejido social y alcanzado altos índices de violencia.
Encontraron que en la Tarahumara las condiciones conflictivas de la localidad no les permitieron realizar el trabajo de campo y hacer las entrevistas como en otros sitios, por lo que recurrieron a los documentos de los equipos pastorales. Los males en esa región, señalan no sólo provenían del narcotráfico sino también de la minería extractiva y de la migración.
La conflictividad de esa zona la constataron con una noticia de mayo de 2016, en la que varios estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara habían sido secuestrados y asesinados.
En las zonas en proceso de urbanización se observó la crisis del campo y las pérdidas de empleo. Aunque las fiestas religiosas habían servido para las relaciones vecinales, el proceso de mercantilización de las mismas ha degradado su anterior potencia; tradiciones como compartir alimentos han menguado. La incorporación de las madres a la vida laboral urbana dificulta la vida familiar, y se observan divisiones por las adscripciones partidistas.
También había alto consumo de alcohol y aumentaba el uso de drogas, lo que incrementaba la desconfianza y la inseguridad y asienta una cultura de indiferencia y de resignación ante los problemas.
En otras zonas de acelerada descampesinización con deterioro de las organizaciones sociales que antes impulsaban la vida comunitaria se presentan dificultades para llegar a acuerdos. La cohesión que se había producido por las fiestas religiosas había entrado en deterioro; pero todavía se conservaban espacios para mejoramientos comunitarios, no obstante había desvinculación familiar e incremento de la violencia.
En el mundo indígena, por el consumo de alcohol y drogas se han debilitado los vínculos vecinales y familiares. Se daban fractura de vínculos comunitarios y desarraigo de identidad cultural propiciado por la migración.
El clientelismo partidista dañaba la lógica comunitaria. Se iba suplantando la forma organizativa colectiva y horizontal por lógicas verticales y de subordinación política. Los programas asistenciales gubernamentales vulneran las capacidades organizativas de los pobladores.
Otro estudio que entregarán es “Un camino para la paz: experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social” que ofrece un modelo de Reconstrucción del Tejido Social diseñado, implementado y ejecutado en diez localidades de México en el periodo 2016-2019.
También advirtieron del peligro existente sobre todo entre los jóvenes de desarraigo cultural por la influencia de los medios masivos de comunicación y de Internet, y se detectó que había programas gubernamentales que aceleraban el proceso de mercantilización de la tierra, entregando bonos por tierra cultivada.
Los programas sociales iban incidiendo en que las comunidades fueran perdiendo sus capacidades organizativas propias. Crecía la dinámica de intercambios por medio de dinero.
Había resistencias y luchas contra los megaproyectos turísticos y extractivos. La construcción de acuerdos se mantenía por medio de asambleas y de los cargos comunitarios.
Considera que la Iglesia Católica tiene un espacio privilegiado para la vinculación social. No obstante, si se queda en un espiritualismo individualista y se llevan a cabo acciones pastorales asistencialistas, aquello se boicotea.
Los diez proyectos de reconstrucción del tejido social implementados toman lugar en Cherán, Tancítaro y Tangancícuaro en Michoacán; Chilón-Sitalá en Chiapas; Huatusco, Veracruz; Parras, en Coahuila; Chalco, estado de México, Celaya y Guanajuato.
También entregarán el informe “Policía municipal y organización comunitaria: Un desafío para la paz” donde se presenta un análisis de las buenas prácticas en ocho municipios que han logrado sostener bajos índices delictivos en México: Chihuahua, Chihuahua; Saltillo, Coahuila; San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, Nuevo León; Cherán y Tancítaro, Michoacán; y Nezahualcóyotl, estado de México, en el periodo 2010-2020.
Esta investigación surgió por el interés de incorporar a las policías municipales en los procesos de reconstrucción del tejido social para impactar en la reducción del delito y la delincuencia en el ámbito local, así como contribuir a la construcción del modelo de seguridad ciudadana en México como un elemento fundamental para el buen convivir en los territorios.
En la mayoría de las ciudades y las comunidades, el crimen y la violencia continúan teniendo un impacto dramático en su desarrollo económico, social y territorial; sobre todo, cuando la mayoría de los recursos se asignan al tema de seguridad enfocándose en la conservación del orden público, atendiendo amenazas generadas por conflictos armados, delitos, narcotráfico o violencia que atentan contra el Estado.
Se prioriza así, el uso de la fuerza y la violencia para combatirlos, mas no su prevención y tampoco la colaboración de la ciudadanía se toma en serio.