Luis León y Francisco Pazos
La renuncia sorprendió a todos. Pero las señales de falta de coordinación, interferencia y mala relación entre el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda, particularmente Luis Videgaray, estuvieron frente a todos.
Cuatro alzas a las tasas de intereses, endeudamiento desproporcionado, finanzas públicas pocos sanas, incremento en el gasto corriente, falta de apego a las normas fiscales en materia de ganancias cambiarias, malas calificaciones internacionales, intentos por intervenir en la autonomía del banco central, deslizamiento deliberado del precio del peso frente al dólar, rectificaciones constantes en las proyecciones de la inflación, se convirtieron en razones suficientes para hacer casi imposible que Banxico cumpliera con su misión.
Cada uno de esos temas, fueron velados, pero insistentes reclamos que en los últimos cuatros años Agustín Carstens hizo a la hacienda pública y a las directrices que han definido la administración de Enrique Peña Nieto en materia de política económica.
La estrategia no se modificó. Al contrario, la respuesta fue designar en la Junta de Gobierno del Banco de México a Alejandro Díaz de León, quien formó parte del equipo de Luis Videgaray en su paso por la Secretaría de Hacienda, donde se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público.
Por lo menos tres de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, Roberto del Cueto Legaspi, Javier Eduardo Guzmán Calafell y Alejandro Díaz de León, fueron propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado de la República.
Las tres propuestas del Ejecutivo para integrar el órgano interno de Banxico, en el caso de Cueto Legaspi y Guzmán Calafell por ratificación y de Díaz de León por primera ocasión, pasaron con el apoyo mayoritario de su partido en la Cámara Alta, en donde el PRI tiene mayoría.
El último en llegar a la Junta de Gobierno a propuesta de Peña Nieto fue Alejandro Díaz de León, quien asumirá como integrante de la junta de gobierno el 1 de enero de 2017, para ocupar la silla de Manuel Sánchez, que ya no pudo ser propuesto para un periodo más.
Para el egresado de Economía por la Universidad de Chicago era indispensable que las variables macroeconómicas se alinearan para estar en posibilidades de ejercer su mandato constitucional y, de paso, no lastimar la autonomía del Banco ni su propia trayectoria y credibilidad internacional, que le reconocieron como Banquero del Año 2011.
›La semana pasada, Agustín Carstens presentó al presidente Enrique Peña Nieto su dimisión al cargo de gobernador de Banxico, efectiva a partir del 1 de julio de 2017, que dejaba para ocupar el cargo de gerente del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), argumentó.
“No se debe leer como una reacción coyuntural o a algún supuesto desencuentro con la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal”, se preocupó en aclarar Agustín Carstens cuando anunció su renuncia..
La deuda pública acumulada en los últimos cuatro años ronda el equivalente a 52% del Producto Interno Bruto (PIB), desde 38.3% del PIB al cierre de 2013, lo que genera presiones en el sistema financiero mexicano. Por tal motivo la gubernatura de Cartsens fue sistemática en la exigencia del saneamiento de las finanzas públicas por parte de la Secretaría de Hacienda. A decir de los analistas, de continuar con este comportamiento de endeudamiento, en cinco años las finanzas del país entrarían en una severa crisis.
El principio de la discordia
Carstens, quien ocupó el cargo de secretario de Hacienda del 1 de diciembre de 2006 a 2009, y su sucesor, Ernesto Cordero, dejaron una herencia en el crecimiento de la deuda a la administración priista que no fue corregida, o al menos contenida, en la estrategia que diseñó Luis Videgaray desde el inicio de este sexenio. La deuda llegó a un máximo histórico a finales de 2012, con tres billones 567 mil 800 millones de pesos, pero en tan sólo cuatro años del actual gobierno, el endeudamiento alcanzó cinco billones 473 mil 800 millones de pesos.
Los reportes de la SHCP dan cuenta del crecimiento de este indicador desde 2013, cuando la Deuda Pública Total cerró con un equivalente a 38.3% del PIB nacional, al año siguiente, en 2014, avanzó hasta 41% de PIB y en 2015 no perdió fuerza hasta ubicarse en 45.7% del PIB.
La ausencia de una estrategia para controlar el incremento de la deuda y el dispendio del gasto corriente, consideraron especialistas, fue lo que terminó de mermar la efectividad de las decisiones de política monetaria instrumentadas desde Banxico, pues el crecimiento del endeudamiento ha ejercido presión en otros indicadores cuyo control depende del banco central.
El último reporte sobre el sistema financiero de noviembre de 2016, publicado por Banxico el 5 de diciembre pasado, nuevamente señaló la necesidad de un manejo prudente de la cuenta pública. “En cuanto a las finanzas públicas sobresale el esfuerzo de consolidación fiscal que plantea alcanzar un superávit primario en 2017, así como estabilizar durante ese año la razón de deuda pública a PIB y que en los años subsecuentes este indicador muestre una tendencia descendente”.
Un año antes, en ese mismo informe, Banxico ya insistía en el manejo de las finanzas públicas, “un crecimiento menor al esperado y, sobre todo, la prolongación de la situación de bajo dinamismo de la actividad económica nacional, ya sea por causas externas o internas, representan un riesgo relevante para el sistema financiero.”
Los desencuentros entre el titular de la política fiscal y el gobernador de Banxico continuaron. Desde agosto de 2013, Videgaray reconoció, después de semanas de negarlo, que la economía tenía un crecimiento mediocre al cierre del primer trimestre con una expansión de 1.5%. El funcionario terminó por ajustar el crecimiento anual a 1.8%.
El PIB también fue factor de alejamiento. En abril de 2014, el exsecretario de Hacienda aseguró que el crecimiento anual para ese año sería de 3.9%, algo que no ha ocurrido en cuatro años, y se negaba a ajustar sus previsiones apostando a la aceleración del gasto público. Un mes después, en mayo, y luego de que varias instituciones internacionales y Banxico hicieron ajustes, el titular de Hacienda admitió un recorte al crecimiento de 3.9 a 2.7%; sin embargo, acotó que la decisión respondía a factores que serían temporales.
La previsión se mantuvo al cierre del primer semestre de ese año, aun cuando el Banco Mundial había recortado la previsión de crecimiento a 2.3% como resultado de la desaceleración de la economía mundial. Un mes después, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sumaría al ajuste. La SHCP no se movería.
Las diferencias se mantendrían hasta el cierre del año, durante 2015 y continuarían en 2016, en el indicador de crecimiento y en las previsiones de otros indicadores macroeconómicos hasta que la diferencia fue insostenible.
La ruptura
El cierre de 2016 no se prevé alentador para que las alertas hechas desde Banxico a las autoridades hacendarias tengan efecto, pues la deuda pública nacional podría rebasar la barrera de los 50 puntos y ubicarse en 51.9%, de acuerdo con previsiones del Fondo Monetario Internacional.
El pasado 18 de febrero mediante la minuta número 41, mostraba su preocupación por el impacto de la volatilidad del peso en los mercados financieros y encendió los focos de alerta sobre el déficit de la cuenta corriente y la solidez de las finanzas públicas manejadas por la Secretaría de Hacienda.
En la misma minuta de la Junta de Gobierno se hizo una fuerte crítica al gasto corriente del gobierno: “la expansión del gasto corriente por arriba de lo presupuestado y la ausencia de un mayor ajuste en 2015 no parecen dar señales adecuadas en el difícil entorno internacional actual y previsible”.
Esa preocupación ya se veía reflejada desde el 30 de junio en otro reporte: “El ajuste fiscal recientemente anunciado por la SHCP es un paso en la dirección correcta, pero dada la incertidumbre externa y el desempeño durante los últimos años de los requerimientos financieros del sector público, acciones adicionales de consolidación en las finanzas públicas serían deseables, tal como procurar un superávit primario a partir de 2017”.
›Otro raspón. Durante su comparecencia ante diputados, el pasado 12 de abril, Carstens señaló que los remanentes de la operación de la deuda del gobierno tendría un comportamiento favorable y que esta disminuiría entre 0.8 y 1% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), pero condicionó estos beneficios a la aplicación de estos recursos por parte de Hacienda para ese fin.
“(La deuda) tendrá un comportamiento más favorable, una vez que la Secretaría de Hacienda aplique el remanente de operación extraordinario que le entregó el Banxico”, dijo Carstens ante diputados.
Los reclamos han sido generalizados, de empresarios, especialistas y organizaciones sociales, pero el Banco de México nunca quitó el dedo del renglón. A través de sus informes trimestrales insistió durante todo este periodo sobre el tema del mal manejo de las finanzas públicas del país.
Prueba de lo anterior, el 31 de agosto de 2016, Carstens criticó los niveles de endeudamiento y alertó sobre el deterioro de la cuenta corriente a causa de la deuda pública, ese día, era el día de Videgaray, quien hoy se sabe, fue el interlocutor para que el candidato republicano al gobierno de Estados Unidos, Donal Trump, se reuniera con el Presidente en Los Pinos; el gobernador del Banco de México, ese mismo día, llamó a la prudencia de las autoridades hacendarias para mantener las medidas de control de las finanzas públicas.
“Sí, son comportamientos que de alguna manera muestran que nos estamos acercando a los límites de lo razonable. En sí, una actitud fiscal más prudente sería adecuada, y eso sin duda debería conducir a un comportamiento más favorable en el déficit de la cuenta corriente”, indicó el gobernador de Banxico. 
Dos meses antes señaló que había “luces amarillas”, criticó los riesgos del proteccionismo de las principales economías globales.
También argumentó que este discurso amenaza el potencial de crecimiento a nivel mundial, además, aseguró que el tema del comercio se encontraba en peligro y que “este es un tema que va más allá de Estados Unidos y México”, en franca alusión al discurso proteccionista de Trump, señalo Carstens en entrevista con el Finacial Times en el marco de la reunión del G20 en China en septiembre pasado, donde participó el presidente mexicano junto con su secretario de hacienda.
El mismo Agustín Carstens había declarado que el arribo del candidato Donald Trump al gobierno de Estados Unidos sería como un huracán para la economía mexicana por su intención de revisar las condiciones del TLC.
La mano invisible
El anuncio que hizo la Comisión de Cambios el 17 de febrero pasado rompió el equilibrio que mantenía la autonomía de Banxico frente a la SHCP. En las que fue interpretado por especialistas como una injerencia del entonces secretario Videgaray, que era presidente en esa Comisión junto con Carstens, el Banco Central y la dependencia que encabezaba el exsecretario, dieron a conocer la suspensión inmediata del mecanismo de venta de dólares para controlar el tipo de cambio.
Entonces, en un anuncio conjunto, Videgaray aseguró que el valor del peso estaría anclado con la “preservación de fundamentos económicos sólidos”.
A partir de esa decisión, aparentemente tomada de forma conjunta, la moneda nacional ha perdido 5.45 pesos frente al dólar, desde el tipo de cambio de 18.38 pesos registrado al cierre de las actividades financieras del día en que se anunció la suspensión de las subastas. A la fecha, el peso no ha dejado de perder valor con picos de hasta 21.05 pesos alcanzados en los días que siguieron al triunfo de Trump en las elecciones del 8 de noviembre.
Ese mismo 17 de febrero, Hacienda también anunció un recorte de 132 mil 363 millones de pesos al gasto público, equivalente a 0.7% del PIB y un incremento, instrumentado por Banxico, de 50 puntos base a la tasa de interés a un día para fijarla en 3.75 por ciento, decisiones que buscaban mantener un control en la inflación y blindar el ingreso.
La apuesta de la Comisión de Cambios sobre la fortaleza de la economía y el anclaje del peso para mantener control sobre el tipo de cambio no resultó.
La inflación al cierre del primer trimestre del año se ubicó en 2.6%, al trimestre siguiente bajó ligeramente para establecerse en 2.54%, repuntó al cierre del tercer trimestre hacia 2.97% y, de acuerdo con el reporte parcial de octubre del Inegi, se ubica en 3.06%.
El anuncio mostró que la Secretaría de Hacienda lleva mano en el órgano encargado de determinar las subastas de dólares para controlar el tipo de cambio, una Comisión en la que el secretario de Hacienda y Crédito Público cuenta con la palabra final en la toma de decisiones.
Las calificadoras
En el reporte sobre el sistema financiero de noviembre de 2016, publicado por el Banco de México recomienda a las autoridades fiscales nacionales poner especial atención a los datos que arrojen las calificadoras especializadas en el tema de deuda. Argumenta que estas calificaciones son cada vez más influyentes para la atracción de capital foráneo y para quienes ven perspectivas de riesgos para nuestro país a largo plazo:
“Finalmente, no debe subestimarse la creciente influencia que han adquirido sobre las decisiones de los inversionistas internacionales, las calificaciones crediticias de las agencias especializadas.
Dichas evaluaciones inciden sobre los flujos de capital y costos del financiamiento para gobiernos y empresas… de no corregirse la tendencia ascendente que ha mostrado la deuda pública, podrían observarse aumentos en las primas de riesgo soberano y presentarse reducciones de la calificación crediticia para dicha deuda”.
