Imagine que descubre que el presidente del consejo de administración en su empresa familiar cobra por permitir el uso de un nombre comercial que no es de su propiedad sino de la compañía, celebra contratos millonarios con empresas, que él mismo creó, por permitir el uso de marcas y esto sin consultar con los demás socios sobre la autorización de gastos. Y además autoriza créditos personales millonarios a nombre de la empresa. Al denunciarlo, las autoridades, con rapidez insólita, lo encarcelan a usted. Esto resume el Caso BACO.
John y su hermana Karin detectaron irregularidades en BACO S.A., una papelera fundada en 1960 por su padre, Horst Urich Sass Henschel, quien le heredó a su hijo mayor Édgar Herrmann Urich Sass Von Heinsberg el 51% de la empresa, quien sumó un 10% adicional tras comprarle una parte a su hermana Ingrid, con lo que quedó con el 61%. Del restante le tocó el 19% a su hijo John y 10% a cada hija, Karin y Xenia.
Tras documentar los abusos de Édgar, John y Karin solicitaron a la Fiscalía de la CDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján, investigarlo por administración fraudulenta. Sin embargo, Édgar contó con el apoyo del Ministerio Público, el cual no solo omitió iniciar la investigación y revisión contable de BACO S.A., sino que inició una investigación en contra de los hermanos a pesar de la documentación existente de sus irregularidades administrativas, y el juez Carlos Trujillo Rodríguez, de la Unidad de Gestión Judicial 12, vinculó a John a proceso por fraude procesal. En un giro judicial insólito, el juez Héctor Fernando Rojas Pacheco, avalado por el Tribunal de Justicia de la CDMX que preside Rafael Guerra Álvarez, le impuso la prisión preventiva.
John presentó pruebas que vinculan a Edgar con empresas como Plasticos Vallejos S.A. de C.V. Mercantil Urich S.A. de C.V., Servicios Y Tecnologías Integrales New Sistem S.A. De C.V., y Desarrollos Descomad S.A. DE C.V., usadas para celebrar contratos arbitrarios e irregulares con BACO S.A. Detectaron también que Edgar se vendió el nombre comercial de BACO, que realizó préstamos personales y a sus empresas TI S.A. de C.V. y 7,5,6 S.A. de C.V. que perjudicaron a BACO y sus socios.
Sin embargo el Fiscal de Delitos Financieros Ulises Soteno Torres y el Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares de la Fiscalía José Luis Castellón Sosa, quieren dar carpetazo a la investigación de administración fraudulenta y que el caso quede impune.
En lugar de investigar, la justicia capitalina criminalizó a los denunciantes inventando un delito y sin justificar la prisión preventiva. Karin también enfrenta una orden de aprehensión, mientras la Fiscalía es omisa en investigar la situación financiera y contable de BACO y de Édgar.
Esta persecución contra quienes exigen transparencia resulta no solo injusta, sino alarmante. El derecho penal se convierte en herramienta de intimidación, cuando el foco debería estar en los actos de Édgar. El Caso BACO expone una grave distorsión en el Poder Judicial de la CDMX, justo cuando la Reforma Judicial, impulsada por la 4T, exige erradicar la corrupción entre los juzgadores del país.
La Fiscalía y el Tribunal capitalino, bajo el escrutinio de una sociedad expectante, contradicen los principios dictados por Andrés Manuel López Obrador e impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Si persiste esta incongruencia, la 4T no sólo arriesga su legitimidad, como ya lo vivió el PRIAN, sino su proyecto de Nación y el poder mismo.
Sostenibilidad que suma valor
Nada menor es el logro que Coca-Cola FEMSA, bajo la dirección de Jessica Ponce de León en materia de sostenibilidad, anotó este año en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global: 79 puntos sobre 100. Más allá de la cifra, destaca el contexto. La empresa recupera su mejor calificación histórica en un entorno donde los criterios son cada vez más rigurosos y la industria enfrenta mayor presión por su huella ambiental. La evaluación no es un simple reconocimiento reputacional; sus resultados determinan el ingreso a los Índices de Sostenibilidad Dow Jones, clave para inversionistas institucionales. En otras palabras, es un filtro de mercado que define quién sigue en la jugada. El avance no fue casual. Coca-Cola FEMSA ajustó su modelo operativo, pero también su estructura de gobernanza y transparencia. FEMSA, su matriz, alcanzó 77 puntos, consolidando una estrategia de largo plazo que trasciende la rentabilidad inmediata. Hoy, más que vender bebidas, el grupo entiende que la confianza es un activo que se construye con decisiones responsables.
