La endeble acusación del caso Abarca

La debilidad en las acusaciones contra María de los Ángeles Pineda Villa llegó a tal punto, que la Procuraduría General de la República (PGR) necesitó acusar en tres ocasiones a la esposa del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, para lograr convencer a un juez de que formaba parte de una organización criminal denominada Guerreros Unidos.

La última fue la vencida. La PGR, entonces dirigida por Jesús Murillo Karam, logró convencer a un juez que Pineda Villa era presuntamente responsable de delincuencia organizada en su modalidad de lavado de dinero, pero debió excluir las acusaciones por secuestro de varias personas y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Los intentos por conseguir una orden de aprehensión contra la también ex presidenta del DIF de Iguala comenzaron desde noviembre de 2014, pero las inconsistencias en las pruebas ofrecidas por la PGR le impidió obtenerla sino hasta enero de este año.

No fue el único caso. En la misma consignación la Procuraduría tampoco logró sustentar las acusaciones contra alrededor de 20 personas, todas ellas presuntamente integrantes de Guerreros Unidos, organización regional dedicada al secuestro, extorsión, tráfico y venta de drogas. En este caso tampoco las pruebas fueron suficientes. CUESTIONA JUEZ PRUEBAS Un juez federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, encontró al menos 15 puntos débiles en las pruebas que sustentaban las acusaciones de la PGR contra Pineda Villa, por lo que el 24 de diciembre de 2014 negó la orden de captura por tres delitos: delincuencia organizada en su modalidad contra la salud con fines de fomento, desaparición forzada y secuestro.

El órgano jurisdiccional sólo otorgó la orden por el delito de cohecho, cometido presuntamente cuando Pineda y su esposo José Luis Abarca intentaron sobornar a los Policías Federales que los capturaron. Sin embargo, extrañamente este delito no le fue imputado al ex presidente municipal, sólo a su esposa.

Lo grave de negar esta orden de captura es que fue la segunda ocasión y la última en que la PGR pretendió vincular a María de los Ángeles Pineda con la desaparición de los 43 estudiantes. El Ministerio Público ya no volvió a acusarla por ello, al menos hasta ahora. Otra consecuencia es que los secuestros a los que se refería la acusación, era por el caso de por lo menos tres pobladores de Iguala que habían sido víctimas de este delito. La PGR tampoco volvió a acusar de ello a Pineda Villa, al menos han pasado 10 meses.

Aunque Pineda Villa permanece recluida en el Centro Federal Femenil Noroeste de Nayarit, su caso prácticamente se sostiene con alfileres, al menos el juez de Matamoros lo puso en duda al negar la orden de captura.

En el caso de delincuencia organizada, sostuvo el juez el 24 de diciembre, no concedió la orden porque no se encontró “medio de prueba alguno” que acreditara su pertenencia a la organización criminal Guerreros Unidos. Y añadió:

“En cuanto a las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado —a quien la PGR ubica como líder de Guerreros Unidos y que fue detenido el 16 de octubre de 2014—, donde refiere que la inculpada Pineda Villa manejaba dinero de José Luis Abarca, y del MP, dicha circunstancia no resulta ser suficiente, dado que no especifica cuándo, dónde, qué cantidades, por qué concepto eran, de dónde provenía el dinero, por lo que el hecho que recibiera y manejara dinero no quiere decir que con ese solo hecho perteneciera a alguna organización, máxime que no señala que ésta hubiere cometido alguna actividad ilícita para alguna banda criminal”.

Lo sorprendente, de acuerdo al expediente, es que la PGR usó notas periodísticas para sustentar su acusación sobre los vínculos de Pineda Villa con el crimen organizado. Este material también fue rechazado por el juez.

La Procuraduría pretendió utilizar tres testimonios que supuestamente vinculaban a la esposa del ex alcalde de Iguala con la organización de Guerreros Unidos. En uno de ellos se afirmaba que no se permitían las extorsiones en Centro Joyero, propiedad de los esposos Abarca, porque ella era “comadre” de un poderoso narcotraficante.

Otro testigo sostuvo que los Abarca eran los que “más dinero aportaban” a la organización. Y la tercera declaración aseguraba que policías municipales extorsionaban con terrenos y decían que le daban dinero a los Abarca.

Ninguno de esos testimonios fueron considerados válidos y suficientes por el juez para sustentar que Pineda Villa formaba parte de Guerreros Unidos.

Pero con sólo dos semanas de diferencia y en plenas vacaciones de diciembre, un expediente similar, aunque con un documento de consignación con diferente redacción y que enfatizaba su participación económica en la organización criminal, le permitió obtener por fin a la PGR una orden de captura contra la esposa de Abarca, prácticamente fueron las mismas pruebas. Sólo consiguió el delito de delincuencia organizada en su modalidad de lavado de dinero y eso la mantiene presa por ahora.