“La Escuela es Nuestra” operó a ciegas en 2021

20 de Abril de 2024

“La Escuela es Nuestra” operó a ciegas en 2021

La Escuela es Nuestra

La SEP no estableció un mecanismo de evaluación o seguimiento del programa en el que se gastaron 13 mil 590.5 millones de pesos

Un total de 68 mil 665 planteles públicos de educación básica se vieron beneficiados en 2021 por el programa “La Escuela es Nuestra” para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles. Sólo que hay un problema, no hay forma de saber si en verdad mejoraron, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) no estableció un mecanismo de evaluación o seguimiento del programa.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la SEP ejerció un presupuesto de 13 mil 590.5 millones de pesos, que fue superior en 10.7% al monto aprobado.

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Estos recursos se otorgaron a manera de subsidios a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) “para la ejecución de obras de mantenimiento, rehabilitación y construcción de los espacios educativos, y la adquisición de mobiliario, equipo escolar y material didáctico”, señala el Informe.

Pero advierte que la SEP “no produjo información” sobre las obras ni sobre la adquisición de mobiliario que le permitiera “verificar en qué medida se atendieron las necesidades de infraestructura y equipamiento de los planteles beneficiados”; tampoco formuló indicadores para evaluar si el Programa contribuyó en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la superación de las desigualdades entre los planteles o en la permanencia de los alumnos en el Sistema Educativo Nacional.

La ASF señala que la SEP hizo una revisión de 500 expedientes de actividades realizados por los CEAP, “en los que identificó incumplimientos en la integración de los documentos… (en) la ejecución de los recursos y la rendición de cuentas, sin que la dependencia implementara mecanismos para que los CEAP solventaran los incumplimientos; suspendiera o cancelara los apoyos, y promoviera las medidas administrativas o, en su caso, penales correspondientes”. Esa revisión de expedientes no fue parte de un mecanismo periódico de seguimiento y supervisión, aclara la ASF.

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