Han pasado más de 100 días desde que un viaje familiar se transformó en un suplicio. Más de cien días en los que la madre de Carlos Emilio no ha descansado. Más de cien días de un nuevo caso que nos recuerda que ya no nos podemos sentir seguros, ni siquiera en un restaurante. Más de cien días, y la única versión oficial es el silencio.
La madrugada del 5 de octubre de 2025, Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de 21 años, acudió al restaurante-bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán, municipio sinaloense a cargo de Estrella Palacios Domínguez. Lo que debía ser un festejo de cumpleaños terminó cuando Carlos se levantó de la mesa para ir al baño y nunca volvió. Apenas diez minutos después, cuando sus familiares intentaron buscarlo, un guardia de seguridad privada bloqueó el acceso. “No hay nadie dentro”. Con esa declaración, pareciera que se selló el destino del joven.
Desde entonces, la opacidad marca el expediente. La Fiscalía de Sinaloa intentó cerrar la narrativa con un video de cámaras externas. Según su interpretación, Carlos salió del lugar por voluntad propia con dos desconocidos. Sin embargo, su madre, Brenda Valenzuela, sostiene que las imágenes carecen de claridad: la ropa no coincide y no hay razón para que su hijo abandonara a sus primas sin previo aviso.
Este caso no es una cifra aislada; es un síntoma de una descomposición profunda. Terraza Valentino pertenecía a Ricardo Velarde Cárdenas, quien fungía como Secretario de Economía estatal. Su renuncia tras el incidente no trajo justicia, sino dudas sobre la protección de intereses políticos y vínculos con operadores del crimen organizado como “El 40". La demora en asegurar el local permitió, probablemente, la alteración de evidencia en un sitio que hoy es símbolo de la “desaparición en espacios privados”.
El sentimiento de inseguridad en el puerto ya no solo habita en las calles oscuras, sino en los comercios y las rutas de acceso. Mientras la familia de Carlos enfrenta amenazas y extorsiones por su labor de búsqueda, el entorno geográfico de Mazatlán escupe nuevas pruebas de un sistema criminal que opera con total impunidad.
El pasado 22 de enero, civiles localizaron un macabro “archivo de despojos” en el rancho Los Gavilanes, al sur de la ciudad. Tiradas sobre la terracería que conecta con la carretera México 15, aparecieron decenas de carteras y billeteras. No contenían dinero, pero sí la identidad de México: identificaciones de personas de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Hidalgo y el Estado de México.
En ese paraje yacían credenciales de la Comisión Federal de Electricidad, gafetes de empresas automotrices y licencias de conducir. Entre los documentos destaca un hallazgo inquietante: la credencial de Kenia Romero, una mujer cuya muerte ocurrió en 2022. Este detalle sugiere que el sitio no es un descarte reciente, sino un punto histórico de acumulación de pertenencias de víctimas de retenes ilegales.
La conexión es inevitable. Los analistas comparan este escenario con el Rancho Izaguirre en Jalisco, donde el hallazgo de objetos personales fue el preámbulo de fosas clandestinas. En Sinaloa, la carretera México 15 se ha convertido en un corredor donde los grupos armados despojan a trabajadores y turistas no solo de sus vehículos, sino de su rastro legal.
La acumulación de estas carteras vacías en Los Gavilanes ofrece el contexto de la magnitud del problema. Mientras Mazatlán promociona su ocupación hotelera, los caminos de la región están sembrados con los nombres de quienes nunca llegaron a su destino o de quienes, como Carlos Emilio, fueron borrados dentro de un establecimiento que debió protegerlos.
Hoy, la carpeta de Carlos sigue abierta bajo la figura de desaparición por particulares. El expediente crece en hojas, pero no en certezas. La madre de Carlos Emilio denuncia una “criminal obstrucción de la justicia” por parte de empresarios y autoridades. Mazatlán vive bajo una paradoja cruel: es el destino turístico del noroeste, pero también es el lugar donde un joven entra a un baño y se desvanece, y donde las carreteras devuelven carteras vacías como único testimonio de que alguien, alguna vez, pasó por ahí. La realidad en el norte del país ya no permite el beneficio de la duda; solo queda la exigencia de justicia frente a un Estado que observa, pero no actúa.
