El estremecedor caso de una menor de 13 años que quedó en estado grave tras dar a luz en San Cristóbal de las Casas, mientras un joven de 17 años se presentó como su “esposo”, vuelve a desnudar una realidad que debería avergonzarnos como sociedad y como Estado: la infancia está siendo arrebatada y normalizada bajo eufemismos que disfrazan violencia con tradición.
Los hechos no son aislados: son el reflejo de un problema estructural profundo. Chiapas no solo concentra una de las cifras más altas del país en nacimientos de niñas y adolescentes, con más de 10 mil partos de madres entre 10 y 17 años hasta 2025, sino que también se mantiene como una de las entidades con mayor proporción de menores que viven casadas o en unión a edades tempranas, normalizando prácticas que vulneran derechos fundamentales desde la infancia.
Según el último Censo de Población y Vivienda del INEGI, al menos 25 mil menores de niñas de entre los 12 a 17 años en Chiapas, viven casadas o unidas.
Esta práctica persiste pese a que la ley mexicana, tanto federal como estatal, que prohíbe expresamente el matrimonio infantil y las uniones forzadas. En 2019 se elevó a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio en todo el país, sin excepción.
A nivel federal, las reformas al Código Penal establece penas de prisión de 8 a 15 años para quienes obliguen o faciliten matrimonios de menores y elevan las sanciones si la víctima es indígena o de comunidades vulnerables.
En Chiapas, recientemente el Congreso local aprobó reformas para tipificar y castigar la llamada “cohabitación forzada” de menores, también con multas y prisión de hasta 15 años.
Entonces, ¿por qué ocurren estos casos? Las autoridades han señalado que en algunos contextos indígenas, los “usos y costumbres” de las comunidades permiten que familias consientan uniones entre menores. Pero tradición no puede ser excusa para violar derechos humanos fundamentales.
La lógica de que la costumbre justifica la violación de la infancia, es un discurso que solo perpetúa desigualdad, pobreza y violencia.
Hay efectos profundamente dañinos: salud reproductiva comprometida, riesgos médicos graves, abandono escolar y restringidas oportunidades de vida. Un cuerpo que aún no ha terminado de desarrollarse no está hecho para gestar ni para ser objeto de relaciones que implican poder y dominación. Y aunque se legisle, la implementación efectiva sigue siendo la asignatura pendiente.
La protección de niñas y adolescentes no debe depender de la voluntad de una fiscalía o de la presión de colectivos civiles. Debe ser una política pública integral: educación sexual temprana, acceso a servicios de salud, mecanismos efectivos de denuncia, intervenciones comunitarias y recursos para romper los ciclos de desigualdad.
Lo que pasa en Chiapas es alarmante, y no se trata de casos “aislados” ni de tradiciones culturales mal entendidas: se trata de violencias normalizadas.
Mientras el Estado siga llegando tarde, mientras la ley exista solo en el papel y la infancia siga siendo negociable en contextos culturales, de desigualdad y abandono institucional, las niñas seguirán pariendo futuros que no eligieron.
Proteger a la niñez es una obligación legal, ética y moral. Cada omisión del Estado también constituye una forma de violencia. Hoy, esa responsabilidad recae directamente en el gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, quien asumió la gubernatura el 8 de diciembre de 2024, y enfrenta el enorme reto de convertir la ley en protección real para la infancia.
PERIODISTA &MKT SPECIALIST
