La importancia de la sociedad civil

El discurso desde Palacio Nacional ha sido persistente: atacar a las organizaciones de la sociedad civil, envolviendo a todas —sin pruebas y muchas veces de forma mentirosa—, en casos de corrupción, y con ello pretender minar su legitimidad y descalificar su trabajo entre la población en donde la acción del Estado mexicano no alcanza o es omiso en sus responsabilidades. Un ejemplo de esto sería los más de 33 mil niñas, niños y adolescentes en cuidados alternativos que están en más de 900 albergues, de los cuales nueve de cada 10 son gestionados y financiados totalmente por las organizaciones sociales, así como por la filantropía privada.

›Ahora, el nuevo golpe que está a punto de consumarse en el Congreso, al disminuir la posibilidad de deducibilidad en donativos a estas agrupaciones, las colocará en una situación de mayor fragilidad económica. Pero esto no se trata de una acción más, sino una acción dirigida — que ya ha probado su efectividad en otros países— y es eliminar todas aquellas expresiones que se considera adversarias, que puedan estar organizadas y oponerse a la conducción política e ideológica de Palacio sin importar que al hacerlo se esté violando la ley.

La mayoría de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE) encuentran en la sociedad civil una oportunidad de sinergia y versatilidad en el diseño e implementación de las políticas públicas. Por ejemplo, la Comisión Europea considera que “una sociedad civil capaz es un componente crucial de cualquier sistema democrático y constituye una baza en sí misma. Representa y fomenta el pluralismo y puede contribuir a unas políticas más efectivas, un desarrollo equitativo y sostenible y un crecimiento integrador.

Constituye un actor importante en la promoción de la paz y en la resolución de conflictos. Al articular las preocupaciones de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) operan en la esfera pública, tomando parte en iniciativas que refuerzan la democracia participativa. Encarnan una demanda creciente de una gobernanza transparente y responsable (...) Así, pues, las OSC contribuyen a construir Estados más responsables y legítimos, dando lugar a una mayor cohesión social y a democracias más abiertas y más profundas”.

El Estado mexicano al ser parte de las economías más poderosas del mundo, y ser firmante de la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tendría la obligación ética de expandir las condiciones para que la participación ciudadana se consolide a través de organizaciones, instituciones u otras expresiones asociativas. Lamentablemente con la decisión política e ideológica del Presidente en turno, de atacar frontalmente a las organizaciones sociales desde el inicio de su mandato, a través de la “circular uno” del 14 de febrero de 2019, para “terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”. También establece que “todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”, marcando con ello una cascada de acciones de Estado en contra de las organizaciones. Desde ese momento, todo el aparato estatal se encontró obligado a violar la Ley de participación ciudadana, el presupuesto de egresos de la federación y atentar contra el sentido común, toda vez que las organizaciones sociales juegan un papel central en la atención directa de las poblaciones altamente excluidas. Como es previsible, esta ausencia de Estado no ha cambiado con la llegada de una nueva administración federal y la renovación de gobiernos estatales.

Es en este contexto que la propuesta de reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que impulsa el gobierno federal, el partido oficialista y sus aliados, tendrá nefastas consecuencias para las organizaciones, como lo han expuesto 17 integrantes del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y no aumentará la recaudación fiscal del gobierno.

Pero esta decisión no es aislada, es parte de una estrategia más amplia. Es decir, lo fiscal es una forma de reducir la capacidad económica de las organizaciones para prestar servicios a las poblaciones más pobres; el ataque mediático permanente con acusaciones falsas de corrupción busca minar la legitimidad de los espacios asociativos que no están bajo control del aparato oficial, y la impunidad frente a las agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos forman en conjunto una intención desde el palacio de anular la competencia en la interacción con sectores altamente excluidos que podrían organizarse en contra de los megaproyectos u otras acciones federales. Recordemos los ataques públicos a las organizaciones que realizan litigio estratégico ante el tren maya, los tratamientos de cáncer y recientemente la vacuna de covid19 para niñas y niños. El poder concentrado en palacio tiene una permanente disputa del territorio con todas aquellas expresiones que considera adversarias y no están bajo su conducción política e ideológica.

Es necesario recordar que esta “receta” ya se ha vivido en los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, Iván Duque en Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil y, finalmente, Donald Trump en Estados Unidos por mencionar algunas experiencias.

Cada día es más evidente, que en esta administración el silencio cómplice ante los ataques al Estado de Derecho, la vida democrática y las diversas expresiones ciudadanas nos llevarán a profundizar las brechas de desigualdad. ¿Hasta cuándo los militantes del partido Morena —que vienen de una larga tradición de luchas y organizaciones sociales— se darán cuenta que el hoyo que están cavando para cumplir los deseos caprichosos del palacio también representa un riesgo para sus bases de apoyo, sus organizaciones y para sus hijas e hijos?

Un colega boliviano me recordaba que El Pachakuti indígena que prometía un profundo cambio decolonial (el mundo al revés), sólo se está convirtiendo en América Latina en un “quítate tú, para ponerme yo” manteniendo las redes de corrupción, uso personal del poder y la venganza de grupo como discurso público. Parece también el caso mexicano.