“Respetar la libertad de prensa, la manifestación de ideas y de creencias religiosas, en general los Derechos Humanos”, fue uno de los 100 compromisos que hace dos años hizo el presidente Andrés Manuel López Obradora en el Zócalo capitalino frente a sus seguidores.
A dos años de su gobierno, este compromiso es quizá uno de los que menos ha cumplido y fue más allá, en la emoción de su discurso, el presidente prometió que su sexenio no habría más asesinatos de periodistas. La realidad lo ha superado, 17 reporteros han sido asesinados en dos años, siete de ellos en 2020, de acuerdo al registro de organizaciones internacionales.
Aunque hay que decir que el gobierno reconoce el asesinato de 19 periodistas en tan solo 2020,
un dato por demás terrorífico independientemente de la metodología y criterios que siguieron para llegar a esta cifra, esto debería tener sumamente preocupado a las autoridades.
Es positivo, desde luego, que el gobierno presentara públicamente sus datos durante la conferencia mañanera del 25 de noviembre, donde reconoció que el año 2020 ha sido uno de los más violentos para los periodista, pero eso no es suficiente, la pregunta es que va a hacer o mejor dicho que han dejado de hacer para que esta espiral de violencia contra los periodistas no continúe, y que este año convertirá a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión, dejando atrás a Irak un país en guerra.
De acuerdo con la organización Article 19, en 2020, hubo un aumento del 45% en agresiones contra la prensa respecto a 2019. Aunado a ello en el Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de Nueva York, ubicó a México en el sexto lugar, sólo por debajo de países en plena situación de guerra, como Irak y Siria. La impunidad en los asesinatos de periodistas no ha bajado y el estado de investigaciones en los delitos cometidos contra la libertad de expresión se ha estancado, sostiene la organización.
A ello hay que agregar el discurso estigmatizante que ha mantenido el gobierno hacia los periodistas y medios de comunicación, calificándolos de conservadores, adversarios y pasquines, entre otras expresiones. Generando una mayor polarización y denostación de la labor de la prensa.
Debemos sumar la terrible pérdida de más de una treintena de periodistas que ha muerto por Covid-19, y la precarización laboral cada día de las y los periodistas que en plena emergencia sanitaria han sido despedidos.
De acuerdo con la organización Article 19, en el 2020, hubo un aumento del 45% en agresiones contra la prensa respecto a 2019, mientras que el CPJ ubicó a México en el sexto lugar, sólo por debajo de Irak y Siria.
En cuanto al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores, reconoce que se han incrementado número de usuarios en más del 60%, de acuerdo a cifras del propio organismo. A decir del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ello se debe a que hay una mayor confianza de los peticionarios en el Mecanismo, una afirmación que puede ser cierta pero es terrible; porque la otra cara de este porcentaje es que la inseguridad para hacer periodismo en México sigue siendo alto, las zonas de silencio a la prensa se mantiene en estados como Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, y otras se han agregado como Guanajuato.
Aunado a esta situación, contra toda advertencia, los diputados y senadores con mayoría morenista decidieron la desaparición del Fondo para el otorgamiento y operación de medidas de protección del Mecanismo, sin crear ninguna otra alternativa.
Ante este panorama desolador para la prensa en México, los llamados de organismos internacionales a que el gobierno ponga su mayor esfuerzo en acabar con la impunidad, la respuesta ha sido la negación, cuando no el silencio absoluto.
Sí tuviéramos que calificar estos dos primeros años de gobierno en materia de libertad de expresión, diríamos que han sido años catastróficos para este derecho constitucional, en pérdida de vidas que ha enlutado a más de 17 familias y que el futuro inmediato podría no cambiar mucho.
Los avances en materia de investigaciones de los siete asesinatos de este año es deficiente. En por lo menos cuatro de ellos se ha detenido a quienes las autoridades señalan como los “autores materiales”, hecho que aún deberá sustentarse durante los juicios. Sin embargo, un patrón sigue vigente en todos los casos: quedan sin tocarse los autores intelectuales, ahí nada ha cambiado, quienes apretaron el gatillo para terminar con la vida de estos periodistas no son desde luego quienes decidieron su muerte y esa es la cadena que se debe romper.
La
relatora especial sobre la Promoción Protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, Irene Khan, en el marco del Día Internacional para poner Fin de la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, (2 de noviembre), llamó la atención sobre este aspecto, al señalar la obligación de “los Estados de conducir investigaciones prontas, imparciales, de fondo, independientes y efectivas en todos los casos de crímenes contra periodistas”.
Los investigadores continúan señalando la Relatora, “deben presumir que dichos crímenes están vinculados al trabajo periodístico a menos que se pruebe que no es así. Las investigaciones deben buscar identificar y procesar todos aquellos responsables los perpetradores y los instigadores, así como aquellos que hayan conspirado para cometer, ayudar, instigar o encubrir dichos crímenes”.
Cuando este llamado de la Relatora de la ONU sea llevado a la práctica realmente por el gobierno mexicano y las instancias de procuración e impartición de justicia, entonces podremos decir que se está implementando una política encaminada a acabar con la impunidad en México y habrá cumplido su compromiso el Presidente.
Los familiares de estos 138 periodistas asesinados en México de 2010 a la fecha, según cifras del gobierno, y 21 desaparecidos, merecen respuestas concretas, justicia y verdad.
*Representante de Reporteros sin Fronteras en México.