Del elogio a la confrontación en tan sólo 36 semanas. Eso ocurrió entre la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez Cisneros, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, después de que, en diciembre de 2019, la maestra especializada en tratamiento y reutilización del agua encumbró el Plan Hídrico chihuahuense como ejemplo nacional.
“Invitamos a todos a conocer el Plan Hídrico del estado (de Chihuahua), tiene cosas muy novedosas, tan novedosas que invitamos varias veces a Óscar Fidencio Ibáñez Hernández (director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento) a participar en las discusiones para preparar una nueva Ley General de Aguas”, reconoció Jiménez Cisneros ante Corral, durante la sesión del Consejo Nacional de Presas, el 18 de diciembre pasado; unos días antes, el mandatario chihuahuense celebró que su gobierno había logrado la liberación del uso del agua al 100% en el Distrito de Riego 005, que abastece a la principal zona productora del campo en la entidad.
Pero nueve meses después, Jiménez Cisneros acusó directamente, mediante un comunicado oficial, al gobierno de Corral Jurado de dar a conocer información incorrecta sobre los volúmenes de agua de las presas del estado. Y exhortó al panista para que “en tiempo y forma” entregara el agua correspondiente para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.
El problema central y que se ha repetido, las contradicciones e inconsistencias por parte de la titular de la Conagua en cuanto al manejo de la información sobre el conflicto de agua, principalmente con los productores de Chihuahua y Tamaulipas, bajo la justificación de cumplir con el Tratado Internacional. Pero adicionalmente, la información que ha puesto al alcance del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a partir de esos datos ha descalificado las movilizaciones y demandas legales de las dos entidades, hasta el punto de acusarlo de manipular el diálogo durante seis meses, cuando en realidad sólo fue en diciembre pasado cuando Conagua y Gobernación convocaron a una reunión, después, el silencio.
Blanca Jiménez es una destacada académica. Ha dirigido la División de Ciencias de Agua y fue secretaria del Programa Hidrológico Internacional en la UNESCO, pero nunca funcionaria de gobierno y menos teniendo a su cargo la regulación hídrica de todos los afluentes federales, los permisos, concesiones y robo del agua. Lleva 22 meses en el cargo, y parecería que no ha puesto orden en Conagua, sostienen los agricultores, que denuncian que la sustracción ilícita de agua continúa, en un huachicoleo a plena luz del día, y tampoco ha cancelado permisos de explotación de afluentes en veda, otorgados en la anterior administración.
Lo de Chihuahua “ya es mucho descaro y además se está perjudicando al país; si no cumplimos con el convenio de aguas puede haber represalias. Es un exceso, un acto irresponsable utilizar una inconformidad en el manejo del agua”,
Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del pasado 21 de septiembre.
Pero el peor de los problemas de Jiménez Cisneros, por ahora, es el conflicto con Chihuahua y Tamaulipas. El detonante, fueron sus cambios de opinión y las contradicciones en la información que maneja, y para los agricultores lo es también la mala administración de Conagua de las presas Amistad y Falcón. Ha ido de sostener que no existe ningún problema legal en cuanto a los títulos de concesión, y el uso del agua que se encuentra en las tres principales presas del territorio chihuahuense, cuando en realidad se encuentra en desacato; pasando por negar la afectación que la falta de líquido está provocando, y ha llegado a asegurar que se debe entregar todo el afluente del Río Conchos, cuando sólo por el Tratado de 1944, es apenas la tercera parte.
El punto central es que Conagua argumenta que el rezago en el pago de volúmenes de agua en favor de Estados Unidos, debe remediarse con la entrega, en exceso, de aquellos pertenecientes al Estado mexicano. Sin embargo, los propios acuerdos oficiales plantean que no aplica en el caso de todos los agricultores, específicamente los tamaulipecos que han recibido menos del 50% del agua que les toca, porque el pago en exceso, únicamente procede cuando se trata de una “extraordinaria sequía”, o bien, de un “serio accidente” en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos; situaciones que no se presentaron en este caso. El efecto de la desinformación y virajes de posición por parte del gobierno federal, en especial de Conagua, ha sido la confrontación entre el gobierno federal y el de Chihuahua y Tamaulipas, pero también entre los agricultores de ambas entidades, y ha escalado a un conflicto diplomático por el atraso en cumplir los acuerdos con Estados Unidos.
Ilegal, la cantidad de agua que quieren pagar
“Dicen que sí tenemos agua. Claro que no, son mentiras. Les hemos demostrado técnicamente y legalmente que no tienen razón. Hemos ganado amparos, ahorita el gobierno federal está en desacato porque de los cinco amparos que hemos metido, tenemos tres ganados, y nos han otorgado la suspensión definitiva, y el gobierno se pasa la ley por el arco del triunfo, incumple el tratado, y nos echa la culpa a notros de que somos los que no queremos pagar el tratado de aguas internacionales, pero son mentiras. Quien está incumpliendo es el gobierno federal”, acusó Raymundo Soto, agricultor e integrante del movimiento por la Defensa del Agua en Chihuahua.
El productor señaló que probablemente la mala administración que la Conagua hizo respecto a las presas internacionales de Amistad y Falcón, las cuales almacenan el agua del tratado, o por intereses “oscuros y mezquinos” que el gobierno federal tiene, es que por primera vez en los 76 años que lleva de vigencia y cumplimiento del tratado de aguas con Estados Unidos, se determina utilizar la fuerza pública del Ejército y la Guardia Nacional para extraer el agua destinada al riego de las presas del estado, de la que aseguró en entrevista con ejecentral, cuentan con los títulos de concesión.
“Ella (Blanca Jiménez) habla siempre que está asegurado el ciclo agrícola de 2020, nunca dice años, pero no dice que el ciclo 2021 esté asegurado. Nosotros guardamos agua para el siguiente ciclo, porque nuestro ciclo empieza en marzo y las aguas empiezan en agosto, de marzo a agosto la única agua que tenemos es la que ahorramos un año antes. Entonces el agua que tenemos almacenada en las presas es para el ciclo del siguiente año (…) El problema es que se están llevando el agua antes de la temporada de lluvias, el agua se la deben llevar después de la temporada para ver cómo salimos, y que salgan los escurrimientos y las demasías, hay algo oculto y mezquino que no sabemos qué está pasando en realidad”, acusó el presidente del módulo de riego 05.
Y añadió, “las cuentas que ella hace de las presas son incorrectas. Haga de cuenta que ella dice: tengo 10, le quito cinco, me quedan siete. Así es, de kínder hacer las cuentas de la presa y decir que tenemos agua. Se están llevando el agua, que no es de otros estados ni de Estados Unidos. Es de los concesionarios de Chihuahua. Porque las presas de La Boquilla, Las Vírgenes y el Granero son presas que fueron construidas para otros fines, son aguas que están concesionadas, que no se tocan para el tratado, sólo se tocan sus escurrimientos o sus demasías cuando se llenan las presas y hay excedentes. De esas demasías una tercera parte se deben ir hacia Estados Unidos, y dos terceras partes para México, así se ha hecho en 75 años y siempre se ha cumplido”, subrayó.
Pero la postura de la investigadora del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 se contrapone con lo que tanto el gobernador Javier Corral como los productores aseguran que han tratado de plantear a la Conagua, y al gobierno federal desde hace más de seis meses; y en respuesta la propia dependencia refirió el pasado 17 de septiembre que desde diciembre han habido reuniones con autoridades estatales, productores y legisladores, pero, ahora, “es tiempo de trabajar unidos en torno a un objetivo común: que México atienda sus compromisos binacionales y se asegure la continuidad de un acuerdo que es altamente benéfico para México”.
Sobre el conflicto en Chihuahua, en la conferencia del pasado 11 de septiembre, Jiménez Cisneros sostuvo que las concesiones a las que han hecho referencia los agricultores no son títulos de propiedad, pues el agua que está en las presas es propiedad de la nación, y que los títulos de concesión que tienen los productores “en todo momento estuvo respetado”.
A pregunta expresa de este periódico durante la video-conferencia nocturna en la que se informó sobre los destrozos causados a la hidroeléctrica de La Boquilla, la funcionaria descartó que hubiera impedimentos legales en el caso chihuahuense.
“Los recursos se han ido resolviendo, en total se han presentado (inaudible) amparos, y todos se han ido resolviendo en favor de la Conagua. Simple y sencillamente porque la infraestructura es de propiedad federal, el agua es propiedad de la nación, y se tiene el deber de cumplir un tratado internacional. No hay afectados, esa es también una cosa que han medido en todos los casos los jueces, dado que se ha mantenido el agua para el riego agrícola y hemos cumplido a cabalidad con nuestro compromiso con los agricultores. No tenemos ningún problema desde el punto de vista legal, como también se ha referido en los diferentes comunicados que la Conagua ha emitido”, respondió Jiménez Cisneros.
Y reiteró lo dicho en la conferencia de ese día, en la mañana desde Palacio Nacional, al señalar que la concesión se refería al volumen máximo que puede utilizar un usuario, la cual se acuerda, dijo, en el caso de los agricultores, año con año qué porcentaje de ese volumen de la concesión se va a acordar, y reconoció que, “la Conagua no puede utilizar ese volumen de agua para otra cosa, y en las presas hay agua suficiente tanto para cumplir como el riego, como aportar el tratado (…) En otras palabras, o sea, no tiene que ver el agua que esta concesionada para riego con el agua que tiene que ver con el tratado. Y el tratado porque es una cosa, el tratado tiene que ver con el agua que está en las presas, y la ley de agua nacionales protege a las concesiones.
1,765
millones
729 mil 87 metros cúbicos de agua es lo que México había entregado hasta el 29 de agosto, informó Greg Abbott, gobernador de Texas.
Dispuestos a no dialogar
En la conferencia mañanera del jueves pasado el presidente López Obrador reiteró su postura respecto a que detrás del conflicto y las exigencias de los agricultores hay intereses político-electorales de por medio, en vísperas de los comicios del próximo año, por lo que la afectación al cumplimiento del tratado, aseguró, la intención es directa en contra del gobierno que encabeza. “Llevo seis meses buscando un acuerdo y le daban largas y largas y largas para meternos en el conflicto con Estados Unidos, ese era el propósito, todo un plan para sacar raja político-electoral en favor de un partido, porque como no han hecho bien su trabajo, no tienen posibilidades de triunfar, entonces tenían que buscar un motivo y se dedicaron a eso, claro, al estilo hipócrita que los caracteriza, a tirar la piedra y a esconder la mano” acusó el mandatario en la conferencia del 17 de septiembre.
Ese mismo día, el gobernador Corral Jurado reviró y señaló que el presidente no recibía la información debida, pues hasta entonces sólo se había tenido una reunión con la Secretaría de Gobernación, que fue el 3 de diciembre de 2019, y apuntó que los agricultores y productores debieron esperar seis meses para tener contacto con las autoridades federales en dicha ocasión.
No existe en medios de comunicación, boletines o declaraciones públicas de Conagua o Gobernación la referencia a más reuniones con los agricultores, como le informó Jiménez Cisneros a su jefe el presidente López Obrador.
Días antes de dicha declaración, el gobernador panista reiteró que el presidente López Obrador había sido omiso a las repetidas propuestas e intenciones de diálogo por parte de su gobierno para llegar a un acuerdo con los productores chihuahuenses; e incluso al día siguiente de los hechos violentos en la presa de La Boquilla, en los que fueron baleados un matrimonio de agricultores, del que falleció Yésica Silva, el gobernador panista pido reubicar a los guardias nacionales que custodian las presas, y enviarlos a reforzar la seguridad en Ciudad Juárez.
El miércoles pasado, el mismo gobernador Javier Corral reveló que la mesa de seguridad que el gobierno federal mantenía con su gobierno se rompió, lo cual refirió se trató de una represalia ante el conflicto que se mantiene entorno a lo que su administración ha catalogado como la entrega de La Boquilla al gobierno estadounidense; así como la crítica que se ha hecho por la presencia de las fuerzas federales en las presas del estado.
“Una decisión que muestra un talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua, a quien finalmente se perjudica. Se incumple así el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, y se usa como mecanismo de represalia”, señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter al referir que fue el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, quien le notificó que en el gabinete de seguridad se acordó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen diariamente, por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia.
24 de octubre vence el plazo para que México cumpla con la entrega de agua a Estados Unidos.
“La cantidad de agua de apertura en el Granero, fue acordada con el gobernador Javier Corral, así como la cantidad acordada que se extrae en Las Vírgenes, acordada también ante el gobernador Javier Corral”, Blanca Jiménez Cisneros, en videoconferencia del 11 de septiembre.
Tamaulipas, el otro frente
Avocados en resolver sólo el conflicto con los productores y campesinos de Chihuahua, que, a decir agricultor Raymundo Soto, la toma de las presas implica una afectación para 14 municipios, cerca de 406 mil personas en esta región, y una pérdida de 30 mil millones de pesos, la Conagua que encabeza el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2009) también tiene cuentas pendientes por atender con los agricultores de Tamaulipas.
“Chihuahua lleva cinco años recibiendo el 100 por ciento del agua, en cambio Tamaulipas ha recibido cerca del 89 por ciento y este año sólo recibió 37 por ciento, Sonora anda en un 88 por ciento”, reconoció la funcionaria el pasado 11 de septiembre, un tema que no había abordado públicamente y que tampoco le ha reportado al Presidente, quien descalificó las demandas de los tamaulipecos.
Esta ha sido la demanda de los usuarios del Distrito de Riego 025, quienes en exigencia de un reparto equitativo del recurso, cuentan con la suspensión definitiva que un juez de distrito les otorgó a fin de impedir que México, a través de la Conagua, le entregue el recurso hídrico a Estados Unidos, y que no se entregue el 100% del insumo proveniente de la cuenca baja a Chihuahua, como lo ha tenido que reconocer la propia titular de la Comisión, sin resolver el problema.
“Queremos que haya una distribución del agua equitativa, que el tratado de 1944 se cumpla como está estipulado, pero no sólo nos referimos a la parte de Estados Unidos sino también a la parte de México, que es la cuenca baja porque ahí están los volúmenes que se deben de entregar; que dentro de los derechos que tenemos, de la constitución, que se cumpla la ley que se respete eso. Estamos pidiendo que se implemente un reglamento, que ya quede reglamentada la cuenca (baja), de cómo se va a dividir, si es poca o mucha o no hay agua, que quede asentado cómo se va a dividir. Para que no haya una inequidad, un incumplimiento del tratado, e incumplimiento de la ley”, sostuvo Rubén Chapa, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Amistad Falcón.
Antes ocurrió algo más grave. Del expediente judicial se desprende que poco antes de este reconocimiento por parte de Jiménez Cisneros, la Conagua respondió formalmente que era falso la limitación de agua para Tamaulipas; es decir mintió, pero además no ha acatado la suspensión definitiva, por lo que en unos días el juez deberá resolver si están cometiendo un posible delito.
En entrevista con este diario, el líder agricultor, quien el pasado jueves fue de los productores que encabezaron la manifestación en las oficinas de la Conagua en Monterrey, Nuevo León, en exigencia de una repartición equitativa del agua; y que horas antes el presidente López Obrador descalificó la protesta, al señalar, como en el caso de Chihuahua, que había intereses político-electorales de los agricultores a quienes dijo, “no los vemos tan independientes, tan espontáneos”, refirió que están a la espera de concretar una audiencia con la titular de Conagua, a quien señaló de confundir y distorsionar la información sobre el conflicto que también afecta a más de seis mil agricultores en Tamaulipas.
Y es que uno de los argumentos que la Conagua ha mantenido referente a la entrega de agua del tratado con Estados Unidos, indica que en términos del Acta 234, emitida por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, el rezago en el pago de volúmenes de agua en favor del vecino país del norte, debe remediarse con la entrega, en exceso, de aquellos pertenecientes al Estado Mexicano.
Sin embargo, lo dispuesto en dicha acta emitida por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), no aplica en el caso de los agricultores tamaulipecos toda vez que en ella se establece que el pago en exceso, únicamente procede cuando se trata de una “extraordinaria sequía”, o bien, de un “serio accidente” en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos; situaciones que no se presentaron en este caso.
Respecto a la asignación de volúmenes de agua para cumplir con la entrega del tratado con Estados Unidos, la Conagua ha justificado el que se haya garantizado el suministro del agua a Chihuahua; pero la asignación en exceso de estos volúmenes de agua, se han derivado en correlación a la disminución de las concesiones de derecho con las que cuentan las asociaciones de usuarios de Tamaulipas, lo cual también impacta en un desequilibrio hidráulico en la región del norte del país, y una afectación por al menos tres mil millones de pesos, en agravio de más de 6 mil agricultores.
“Conagua está garantizando el ciclo que están cerrando los chihuahuenses, no el ciclo que sigue que es 2020-2021, pero cuando dicen que están cumpliendo los compromisos ahí también hay una parte con Tamaulipas. Porque sí cumplieron con el compromiso de entregarnos el volumen que acordaron que fue de 490 millones de metros cúbicos, pero no cumplieron con nuestra concesión. Habla de que están cumpliendo el compromiso de entregar el 100% a los agricultores concesionados, pero sólo se están refiriendo a Chihuahua, no a Tamaulipas. Ahí se genera una distorsión, ese juego de palabras que hace pensar que están haciendo todo correcto, pero no es así”, acusó el productor.
Rechazo. La propuesta de ley pretende modificar parte de la estructura que regula y revisa el uso del recurso nacional y la distribución del recurso.
Al respecto, la Conagua no ha querido reconocer las concesiones de los usuarios, tal y como lo ha reiterado Blanca Jiménez, al señalar que no cuentan con un derecho de propiedad sobre las aguas que son de dominio público, pertenecen a la nación y, por tanto, no pueden inconformarse con su administración, y menos en agravio del cumplimiento de compromisos internacionales como lo es el acuerdo de 1944.
Pero las asociaciones de usuarios de Tamaulipas cuentan con los respectivos derechos de concesión sobre los volúmenes de agua, los cuales de acuerdo con el abogado José Luis Carrasco Tovar, quien ha llevado la defensa de estas concesiones por parte de los agricultores del Distrito de Riego 025, estos han sido puestos a disposición, en su totalidad, tanto del gobierno de los Estados Unidos, como de Chihuahua, “el cual las faculta para inconformarse con la indebida administración de éstos; más aún, cuando ello les ocasiona un perjuicio directo en su desarrollo económico”.
De acuerdo a lo estipulado en las leyes a las que ha hecho referencia Jiménez Cisneros al hablar sobre las concesiones, indican que los derechos de concesión con los que cuentan las asociaciones de usuarios deben ser respetados por las autoridades gubernamentales, más aún cuando el propio Tratado Internacional de 1944 no prevé el pago en exceso realizado por aquellas, mucho menos en perjuicio del sector agropecuario mexicano.
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