La Portada | En México, jerarquía católica desafía al Vaticano

El encubrimiento de los obispos y superiores de congregaciones a sus “ovejas negras”, los sacerdotes pederastas, es una “doble crisis” a la que se enfrenta la iglesia católica que se acentúa en México.

Pese a los numerosos lineamientos dictados por El Vaticano desde hace 20 años, la jerarquía católica mexicana aún no está dispuesta a tratar el tema abiertamente, prefieren que la “ropa sucia se lave en casa” para no dañar la imagen institucional.

En septiembre pasado, el entonces nuncio apostólico en México, Franco Coppola, reconoció en entrevista con ejecentral, que el papa Francisco había hablado mucho sobre el tema de los abusos sexuales con los obispos. Sin embargo, “algunos hijos han entendido enseguida, algunos que pueden ser que están más atentos a lo que pasa en el mundo; otros han sido más difíciles para ayudarlos a convencerlos a entender lo que es necesario para la iglesia hoy o hacerlo cambiar de una actitud del pasado, pero se sigue insistiendo, pero se está moviendo”.

La jerarquía católica mexicana, admitió entonces, “no es perfecta, hay mucho todavía que trabajar, pero la iglesia ha trabajado mucho en estos cinco años y sigue avanzando”.

Entonces, dio una primera cifra, nunca antes revelada, de ocho obispos eran investigados por proteger a sacerdotes pederastas. Pero antes de dejar la sede diplomática en México para irse a Bruselas, Franco Coppola actualizó la cifra de obispos que han sido denunciados por encubrimiento de sacerdotes pederastas, ahora son 12, y a todos se les investiga desde Roma.

La semana pasada, el jesuita Hanz Zollner

miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, reconoció que la

iglesia vive una doble crisis desde hace varios años “la del abuso en sí mismo y la del encubrimiento de estos abusos”.

El responsable de coordinar la cumbre sobre los abusos en 2019, celebrada en El Vaticano, sostuvo que por un lado se encuentra “la crisis del abuso, que es horrendo, que es terrible”, y a la que se suma también “la crisis de confianza, de credibilidad y de fe” por la forma en que la Iglesia está gestionando el problema.

“La incoherencia entre lo que pretendemos ser y lo que realmente hacemos, para mucha gente es razón y causa de un escándalo mayor”, reconoció el jesuita.

Jerarcas criminales

Para la activista Cristina Sada Salinas, de la organización Spes Viva derechos de la infancia, los obispos y provinciales de las congregaciones que son encubridores “tienen una conducta no sólo inmoral, sino criminal”.

“Las consecuencias implican perpetuar el crimen de los religiosos, porque no les ponen ningún obstáculo para que sigan operando, esto porque su actividad es parte del negocio de tener sacerdotes en diferentes parroquias que recaban limosnas y aportan al obispado”, aseveró en entrevista con ejecentral.

Existen, reconoció, “buenos lineamientos del Vaticano, mejorados por la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero estos son letra muerta, porque ninguno establece una sanción severa para los encubridores”.

En la mayoría de los casos, añadió Sada Salinas, los obispos no denuncian el crimen a las autoridades civiles, ni tampoco informan al Vaticano de los casos, a pesar de estar obligados, para que no se les castigue penalmente.

La protección de las autoridades civiles, el sistema de justicia patriarcal que no funciona, el machismo que los aglutina y la veneración a la figura sacerdotal, abonan a que esos crímenes continúen, detalló Cristina Sada.

“Los abusos sexuales son una tragedia que se perpetua y se multiplica dejando cada vez más víctimas con cuerpos heridos”,

indicó la activista, al asegurar que ni siquiera se repara el daño económicamente, porque las sobrevivientes de las agresiones tardan en denunciar más de 20 años, y el delito ya prescribió, por eso es urgente modificar las leyes.

CEM, pasos para atrás

Si realmente los obispos mexicanos quieren aportar a combatir este delito, expuso Sada Salinas, sólo basta cumplir con los lineamientos papales y abrir los archivos donde tienen los registros de los clérigos abusadores, y entregar a las autoridades a los pederastas.

La activista se pronunció porque en México se realice una investigación independiente de los casos de pederastia como se llevó a cabo en Alemania, Portugal, Francia y España, donde las conferencias episcopales tomaron la iniciativa de solicitarlas.

En los últimos seis años, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) elaboró los protocolos y guías sobre la prevención de los abusos sexuales en la iglesia, además creó la Comisión de protección a menores y fomentó que esta se replicara en las diócesis y congregaciones.

Esta información era pública. Sin embargo, en los últimos seis meses, al asumir la secretaria general el obispo Ramón Castro de Cuernavaca, la dinámica cambió. La CEM eliminó del sitio web la información de las diócesis que cuentan con comisiones de protección a menores a través de las cuales las víctimas establecían contacto.

Además, las víctimas que han acudido al obispo Ramón Castro, por ser el responsable de la Comisión de Protección a Menores de la CEM, no son escuchadas, sólo se les responde con una carta de que el Episcopado es un cuerpo colegiado y que su caso se debe tratar con el obispo correspondiente.

Este tipo de respuestas, por parte de uno de los máximos órganos católicos en México, va abiertamente en contra de los planteamientos del papa Francisco, en cuanto a que las conferencias episcopales deben crear centros de escucha y atender a las víctimas de los abusos sexuales.

Fiscalías cómplices

Las autoridades eclesiales en algunos casos reciben el apoyo de las fiscalías estatales para minimizar y obstaculizar los procesos penales en contra de sacerdotes agresores sexuales, algo que ha quedado demostrado en múltiples casos.

El 9 de septiembre del 2020 una mujer divorciada asistió acompañada de su hija de 10 años a una fiesta de su vecino, a la que sólo estaba como invitado el sacerdote Istibal Valenzuela Olivas.

Durante la reunión, la niña se alejó de la plática de los adultos y el sacerdote se le acercó, la sentó en sus piernas y la agredió sexualmente, sin que la madre interviniera. Unos días después la pequeña le comentó a su papá Jorge Ordoñez lo ocurrido y de inmediato denunció al sacerdote Istibal Valenzuela Olivas, ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer de Chihuahua, por abuso sexual. El detalle de lo ocurrido quedó registrado en el expediente 37-2020-0031.

Desde esa fecha inició el peregrinar del padre de la víctima. A las autoridades eclesiásticas sólo les importa encubrir a los pederastas y por eso han obstaculizado el proceso, denunció en entrevista con este periódico Jorge Ordoñez. Por eso también denunció por encubrimiento al obispo José Guadalupe Torres de Ciudad Juárez.

En busca de justicia eclesiástica, envió cartas a la Nunciatura Apostólica y a la CEM, la respuesta de las dos oficinas fue que el proceso se realiza en el la diócesis de Ciudad Juárez, pero toman de nota de haber sido informados del caso “lo que significa que no intervendrán” consideró Ordoñez.

En una carta entregada a la fiscalía el 22 de noviembre del 2021, enviada por el obispo José Guadalupe Torres, aseguró tener conocimiento de que el sacerdote realizó “tocamientos indebidos” a la víctima, pese a que el ministerio público lo calificó como delito sexual.

Para Jorge Ordoñez “tocamientos indebidos y problemas conyugales han sido los conceptos en que las autoridades eclesiásticas pretenden que se procese el caso para desestimarlo”.

Esa carta enviada por el obispo Torres a la fiscalía para cumplir con lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la que se les obliga a denunciar a los abusadores sexuales, es tardía porque él tenía conocimiento desde meses anteriores de las acusaciones, porque los hechos fueron denunciados en septiembre del 2020.

Con el no actuar de las autoridades eclesiales, Jorge Ordoñez decidió enviar cartas a la Congregación para la Doctrina de la Fe y a la Congregación para el Clero, en El Vaticano; sin embargo no ha obtenido respuestas.

El Viacrucis de un padre desesperado para que se haga justicia y la ineficiencia de la fiscalía chihuahuense por investigar, lo llevó a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

La CEDH le informó este 13 de junio que no admitiría su queja, pero que aún tenía el recurso de presentarla ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que asegura Ordoñez recurrirá.

También presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que detalla la falta de atención de la Fiscalía de Chihuahua, en donde se le instó varias veces a desistir de la denuncia, para después anticiparle, el 30 de septiembre del 2020, que no procedería su denuncia.

El proceso judicial continúa y este martes 14 se realizó una audiencia a la que se presentó el sacerdote Itsibal Valenzuela Olivas, quien se negó a declarar, durante la lectura de los cargos imputados el acusado constantemente movía la quijada, y sólo asintió con la cabeza cuando escucho que él sólo había tocado el cabello de la niña ese día.

Jorge Ordoñez, aseguró que “cuando empezaron a describir las marranadas que le hizo a la niña el tipo empezó a parpadear mucho” y el abogado de la defensa “con desprecio intenta desacreditar las imputaciones”.

En la audiencia la jueza le dio la opción al sacerdote de en 72 horas dictar sentencia o que en 144 horas presentará más pruebas, éste se acogió a la segunda.

Mientras tanto, se le ordenó a Istibal Valenzuela que no se puede acercar a los denunciantes y tendrá que ir a firmar durante un año cada dos meses, para asegurar que no huya.

Llamó la atención que a la audiencia Valenzuela Olivas se presentó sin alza cuello, que lo identifica como sacerdote, pero se desconoce si se encuentra retirado del ministerio sacerdotal por el proceso judicial que enfrenta. Hasta el momento la diócesis no ha informado nada. La próxima audiencia será el viernes 24 de junio.

Las identidades de los encubridores

Los obispos protegen a los sacerdotes pederastas, aún en los penales, pero a las víctimas no las apoyan ni con atención psicológica, ni reparación del daño, como es el caso del obispo Enrique Díaz Díaz de la diócesis de Irapuato.

En la sacristía del templo de Nuestra Señora de la Soledad, ubicado en el centro de Irapuato, Guanajuato, existe un acceso a los baños por el que se le facilitaba al sacerdote Luis Esteban Zavala Rodríguez llevar a su víctima, una niña de 12 años, para abusar sexualmente de ella.

Ahí en el inmueble, el religioso la agredió sexualmente por varios meses durante 2019, hasta que su madre descubrió, en el mes de noviembre en el teléfono de la niña, los mensajes del sacerdote de 32 años de edad, y las fotografías que intercambiaba con ella, una de éstas sus partes íntimas.

De acuerdo con la abogada Dalia Ramírez, en entrevista con ejecentral, aseguró que “la corrompió al grado de que ella grabó videos masturbándose” para enviárselos.

El encubrimiento del agresor inició con el párroco de Nuestra Señora de La Soledad, a quien la madre primero denunció los abusos sexuales sufridos por su hija, pero éste regañó a la niña y dudó de su testimonio. Incumplió así, con su obligación de avisar al obispo y a las autoridades civiles.

Al no obtener respuesta, la madre de la niña decidió presentar una denuncia penal ante la fiscalía. El sacerdote Luis Esteban Zavala fue procesado y sentenciado a 60 años y tres meses por violación espuria calificada y corrupción de menores, el 29 de enero del 2021.

Durante todo el proceso Zavala Rodríguez, quien se ordenó como sacerdote apenas unos años antes, en 2016, recibió el apoyo del obispo de su diócesis Enrique Díaz Díaz, quien a pesar de haberse comprometido a no darle protección; sin embargo impugnó la sentencia que ya fue ratificada.

Luis Esteban Zavala fue expulsado del sacerdocio al ser responsable de los abusos. Y pese a no depender ya de esa diócesis, ésta pretende que sea sacado del penal del Valle de Santiago de máxima seguridad (donde cumple la condena), al centro de readaptación de Irapuato.

Así, mientras la diócesis se preocupa porque el exsacerdote cumpla su sentencia en lo que considera un lugar más digno, el Cereso de Irapuato, a la víctima que actualmente tiene 15 años no la ha contactado para ofrecer apoyo con terapias, ni pagado la reparación del daño.

La abogada Dalia Ramírez afirmó que a la parte acusadora le tienen que notificar la solicitud del traslado y al tener conocimiento de ésta se opondrá.

Otro caso en el que Ramírez también fue la representante legal, fue el del exvocero Jorge Raúl Villegas Chávez, de la Arquidiócesis de León, quien abusó sexualmente de dos estudiantes de secundaria del Colegio Atenas de Irapuato.

El sacerdote fue detenido el 13 de febrero del 2017 y sentenciado al año siguiente a 90 años de prisión por abuso sexual y violación calificada.

Pese a ya no ser sacerdote, en el penal donde cumple su condena Villegas Chávez se le permite ofrecer servicios religiosos, incluso a ese centro ingresan personas para que él los confiese.

La abogada aseguró que el obispo Enrique Díaz tiene conocimiento de esas actividades religiosas y lo permite.

Jorge Raúl Villegas, durante su labor como vocero de la Arquidiócesis de León, defendió a sacerdotes acusados de pederastas, como fue el caso de José Luis de María y Campos, párroco de la iglesia de Santa María de Cementos, quien fue acusado penalmente por madres de dos menores. Fue sentenciado a seis años de prisión en el 2006.

Sin embargo, el entonces arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago abogó por su preliberación, después de purgar cuatro años ésta le fue concedida por el entonces gobernador panista, Juan Manuel Oliva Ramírez.

Mentiras y protección de los pasionistas

En junio del 2019 la madre de un niño de 12 años de edad, víctima de agresión sexual, rompió el silencio y denunció al religioso Armando Aparicio Morales, del templo de la Colonia Reforma Agraria de Querétaro, por haber abusado durante tres años y medio de su hijo en la sacristía.

El sacerdote se aprovechó de la situación vulnerable de la familia de escasos recursos. La madre realiza trabajo doméstico para mantener a sus tres hijos, porque el padre los abandonó hace varios años.

En entrevista, Fernanda Lazo Payró de la organización Corazones Mágicos en Querétaro que apoya el proceso jurídico y las terapias de la víctima, denunció que la congregación a la que pertenece el religioso, La Pasión de Jesucristo (Pasionistas), no han contactado a la víctima.

Durante dos años engañaron a la madre de la víctima. La fiscalía estatal no estaba investigando el caso. “Le decía que era un delito del fuero federal, pese a que se les dijo que la fiscalía del estado tenía la obligación de investigar”, detalló Lazo Payró.

La situación cambió, narró la activista, a la llegada de una nueva jefa en la unidad de delitos sexuales, y después de que la madre, cansada de no tener una respuesta, denunciara ante los medios de comunicación el abuso.

Al sacerdote Aparicio Morales, en julio del 2021, le dictaron prisión preventiva. Sin embargo, el 7 de diciembre de ese mismo año un juez determinó que podría seguir su proceso en libertad, pese a representar un peligro para los niños consideró Fernanda Lazo.

Al denunciar el caso ante el religioso Víctor Hugo Álvarez Hernández, en ese tiempo consejero de la congregación y actualmente es el provincial (máxima autoridad de está agrupación religiosa en México), se le aseguró a la madre de la víctima que como medida se le retiraría a éste de los servicios religiosos, y estaría recluido en sus instalaciones de los pasionistas en Querétaro, sólo podría salir al médico y a la farmacia pero acompañado.

Mintió el actual provincial. De acuerdo a las declaraciones un taxista, presentado como testigo en el juicio, reconoció que durante cinco años ha transportado al religioso a sus celebraciones religiosas y lo dejó de hacer apenas en junio del año pasado.

“Esto quiere decir que en esos dos años que el superior decía que estaba aislado y que no realizaba actividades religiosas es mentira” afirmó Lazo Payró.

Otro obstáculo, las congregaciones

Al

ingresar el sacerdote Armando Aparicio Morales a prisión preventiva, relató Fernanda Lazo, solicitaron hablar con el obispo Fidencio López Plaza

para que llevara el proceso canónico en contra del religioso.

“Nos dijo que en el tema de las congregaciones los obispos no pueden intervenir, que es el superior de la congregación los que deben iniciar el proceso canónico” agregó.

Posterior a ese encuentro la organización solicitó una reunión con el provincial Víctor Hugo Álvarez, la cual fue negada. Pero a petición de la madre del niño aceptó reunirse, en ese encuentro volvió a mentirle, al asegurarles que el juicio canónico se inicia una vez concluido el proceso penal.

De acuerdo a los lineamientos del Vaticano, el provincial tiene la obligación de iniciar una investigación sobre la denuncia de abuso sexual contra el clérigo y retirarlo de los servicios religiosos.

En señalamientos opuestos al obispo, el pasado mes abril Martín Lara Becerril, vicario general de la Diócesis de Querétaro, dio a conocer que El Vaticano ya tiene en su poder el expediente del religioso acusado de cometer abuso sexual contra el menor.

En esta semana se realizaron audiencias del caso, este viernes el religioso Armando Aparicio Morales, quien asistió al juzgado vestido de civil, fue sentenciado a ocho años y cuatro meses de prisión, y a pagar la reparación del año. Sin embargo, aún no concluye el proceso, el clérigo aún puede apelar la sentencia y ampararse, estos recursos podrían llevar hasta tres meses. Mientras el sentenciado puede seguir en libertad su proceso.

Sin embargo, esta primera sentencia es posible que pueda enviarse, junto con una denuncia al Vaticano, porque al religioso Armando Aparicio no se le ha expulsado del ministerio sacerdotal.

Las víctimas de abuso sexual se enfrentan al encubrimiento y burocracia clerical de las diócesis, pero en el caso de las congregaciones religiosas es más difícil que estos procesos prosperen y así los casos quedan impunes.

Incluso el exnuncio Franco Coppola reconoció que “las diócesis por todo lo que es la relación de la Santa Sede pasan por la Nunciatura. Pero las congregaciones religiosas tienen otro camino, aquí son sólo superiores provinciales los que hay, que tienen que dirigirse a un superior general que a veces se encuentran fuera de México y entonces se refieren a él sin pasar por la nunciatura”.

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