La Portada | Estados Unidos se lanza contra México

12 de Junio de 2024

La Portada | Estados Unidos se lanza contra México

Estados Unidos contra México

Los republicanos han puesto en la mesa una batería de reformas y resoluciones contra cárteles mexicanos y funcionarios corruptos para proteger su frontera y por la estabilidad regional; ejecentral desmenuza estas iniciativas

En tan sólo 18 días hábiles, un grupo de republicanos —la mayoría de ellos con bastante influencia en su partido y en la política nacional—, sometió a trámite 10 propuestas, entre leyes y resoluciones, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y todas tienen algo en común, que conforman una embestida contra México.

Las iniciativas comenzaron a llegar a la Cámara baja estadounidense, justo al mismo tiempo en que se celebraba la Cumbre de Líderes de América del Norte en México (9 y 10 de enero), y cuando Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador hablaban de la buena relación que existe entre los dos países, y juntos sonreían para las fotos.

Mientras esa reunión se consumaba, el partido republicano, que ahora domina la Cámara de Representantes, mostró su agenda legislativa respecto a México, endureciendo la relación, y concentrando sus baterías en dos temas: seguridad y corrupción, a como dé lugar, a tal punto que se pueda utilizar su capacidad militar.

Para esos legisladores, la mayoría aliados de Donald Trump y que están inmersos en la contienda por la candidatura republicana a la presidencia estadounidense, la defensa de su frontera con México, el combate al fentanilo como arma de destrucción masiva y la persecución de funcionarios corruptos mexicanos son las prioridades.

Así, las iniciativas van desde la asignación de recursos para el muro fronterizo, lo que incluye cobrar 5 % a las remesas, hasta el uso de armas letales contra narcotraficantes; y también la persecución económica y prohibir el ingreso a territorio estadounidense de servidores públicos mexicanos y sus cómplices, que violenten los derechos humanos o sean corruptos.

Aunque esas iniciativas iniciaron el proceso de análisis y discusión, algunas de ellas ya cuentan con el apoyo de decenas de congresistas. Por ejemplo, hay tres iniciativas específicas para terminar el muro entre México y Estados Unidos, una de ellas ya tiene el respaldo de 33 legisladores, que representa, en sólo unos días, más del 15 % de apoyo de sus compañeros congresistas.

Estados Unidos contra México

Extraterritorialidad

Podría parecer algo ya conocido que los republicanos pidan que el muro con México se continúe construyendo, como plantean varias de las iniciativas, que incluso exigen que no se entregue más dinero a Ucrania, antes de garantizar la seguridad de la franja sur de su país. Se trata de colocar la mayor tecnología que existe y está disponible para blindar el paso entre países.

Pero adicionalmente, entre las propuestas hay tres de ellas que en conjunto con otras leyes estadounidenses facultarían a las Fuerzas Armadas de ese país a operar en nuestro territorio. Esto es porque identifican específicamente a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, otra más “autoriza el uso de la fuerza militar para “combatir, atacar, resistir, apuntar, eliminar y limitar la Influencia” de esas organizaciones, y en una más identificar al fentanilo como una “arma de destrucción masiva”, transformando el tema de un asunto de control de narcóticos a una visión de defensa en términos de guerra.

Y el 20 de enero, el legislador Jodey Arrington de Texas propuso una declaración de la Cámara de Representantes en la que concluye que al haber fallado la estrategia de Biden, establece “como una cuestión de hecho los Estados en nuestra frontera sur, incluidos Texas, Nuevo México, Arizona y California, están siendo invadidos o corren un peligro tan inminente por parte de paramilitares, cárteles narcoterroristas, terroristas y actores criminales que no admitirán demora como se establece en el artículo I, sección 10 de Estados Unidos de la Constitución, y esos Estados tienen la autoridad soberana y unilateral de conformidad con el artículo I, sección 10 de la Constitución de Estados Unidos para defenderse de la invasión o peligro inminente de paramilitares, cárteles narcoterroristas, terroristas y actores criminales”.

De acuerdo con la Constitución estadounidense, la Cámara de Representantes tiene entre sus facultades presentar iniciativas de nuevas leyes federales o reformar las existentes y, en su caso, aprobarlas. Pero su poder radica en que tiene varias facultades exclusivas, que no comparte con el Senado, y tres de ellas son, el de presentar proyectos de ley de ingresos, iniciar procesos de destitución contra funcionarios federales y elegir al presidente del país en caso de que haya un número igual de votos en el Colegio Electoral.

Esta Cámara tiene 435 escaños, elegidos entre 50 estados del país de manera proporcional de acuerdo a la cantidad de población que los conforman, California, Texas, Florida y Nueva York tienen el mayor número de representantes. A partir de este año, los republicanos cuentan con la mayoría, con 222 curules frente a 212 de los demócratas. Esto, sumado al contexto electoral en grupos y élites políticas, anunciando una disputa muy cerrada, según expertos, provoca que la agenda del partido de Trump representa una amenaza para México.

“Es hora de pasar a la ofensiva. Estas organizaciones criminales transnacionales paramilitares no solo son responsables de matar a un número sin precedentes de estadounidenses, sino que también están socavando activamente nuestra soberanía al desestabilizar nuestra frontera y librar una guerra contra las fuerzas del orden estadounidenses y el ejército mexicano. Una AUMF le daría al presidente sofisticados recursos militares cibernéticos, de inteligencia y de vigilancia para desbaratar las operaciones del cártel que están poniendo en peligro a los estadounidenses.

Estados Unidos logró ayudar al gobierno colombiano a desmantelar cárteles en la década de 1990 y debe hacer lo mismo ahora”, expresó el legislador Mike Waltz, el pasado 12 de enero cuando presentó con el también Dan Crenshaw la iniciativa para el uso de fuerza militar contra los cárteles.

Ley para financiar y completar el muro fronterizo

Este proyecto establece el financiamiento para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, creando para ello el Fondo para la Seguridad de la Frontera Sur.

Sería la oficina de Seguridad Nacional la que pueda usar estos fondos para “planificar, diseñar, construir o mantener un muro a lo largo de la frontera internacional entre Estados Unidos y México; y para comprar y mantener los vehículos y equipos necesarios para los agentes de la Patrulla Fronteriza”. Y será el Departamento del Tesoro el que establezca una cuenta específica.

Incluye dos novedades. El republicano Andy Biggs propone que se deberán reducir dos mil dólares de apoyo de Estados Unidos a los países, por cada ciudadano que sea detenido por cruzar al país de manera ilegal. El dinero se enviará directamente al fondo para construcción y mantenimiento del muro.

Coloca una excepción: deja en manos del Departamento de Estado el no reducir montos asignados a México, del “Fondo Internacional para la Educación y Adiestramiento Militar, el Fondo Internacional para el Control de Narcóticos y el Cumplimiento de la Ley, y el fondo para llevar a cabo programas y actividades de no proliferación, antiterrorismo, desminado y afines”.

Y algo más, añade una tarifa del 5% por cada dólar en las transferencias de remesas extranjeras que deberán descontar las empresas proveedoras del servicio, que de no cumplir podrían ser sujetas a un multa no superior a 500 mil dólares o “el doble del valor de los fondos involucrados en la transferencia de remesas, lo que sea mayor, o pena privativa de libertad no mayor de 20 años, o ambas”.

Propone aumentar la tarifa del formulario I-94 que se llena al llegar y salir por parte de extranjeros en Estados Unidos. Esos recursos adicionales se irán al fondo de frontera sur.

La oficina de Seguridad Nacional deberá con los recursos recabados “construirá barreras físicas, incluyendo barreras secundarias en lugares donde ya existe un muro, a lo largo de la frontera terrestre internacional entre Estados Unidos y México. que prevendrá la entrada ilegal y ayudará a obtener el control operativo de la frontera”, establece la ley.

La propuesta considera una compensación a los agentes de la patrulla fronteriza por tiempo extra hasta en 150 %.

La propuesta fue enviada para su análisis a siete comités de Seguridad Nacional, de Medios y Arbitrios, al Poder Judicial, Relaciones Exteriores, Servicios Financieros, Educación y Fuerza Laboral, y Asignaciones.

Tiene el apoyo de seis republicanos y representantes de seis estados: Matthew M. Rosendale de Montana, Paul A. Gosar de Arizona, Mary E. Miller de Illinois, Brian Babin de Texas, Jeff Duncan de Carolina del Sur, Doug Lamborn de Colorado.

Los republicanos proponen barreras secundarias en lugares donde ya existe un muro.

Ley de seguridad primero

Esta iniciativa, presentada por el legislador texano Tony Gonzales, toma como punto de partida la llamada “Operación Stonegarden”, que es un programa federal de la oficina de Seguridad Nacional y administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Ofrece subvenciones a las agencias policiales locales, estatales y tribales para financiar sus esfuerzos que, en conjunto las oficinas federales, se hacen para proteger las fronteras sur de Estados Unidos.

En la propuesta se crea un Fondo Fiduciario de la Operación Stonegarden con un mínimo 60 millones hasta 180 millones de dólares, para cada uno de los años fiscales de 2024 a 2027, “para adquirir tecnología y equipo, incluidas las comunicaciones equipos, sensores y tecnología de drones”.

Adicionalmente el Departamento del Tesoro deberá enviar a ese fondo, los montos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense obtenga por las personas que cruzan por la frontera con México.

La iniciativa del republicano Tony Gonzales incluye un apartado específico que designa a los cárteles mexicanos “como organizaciones terroristas extranjeras”. Para ello, la oficina de Seguridad Nacional, 60 días después de que se promulgue la ley, deberá presentar ante las comisiones correspondientes del Congreso un informe para determinar si esos grupos cumplen con los criterios para ser designados en esa categoría.

Considera para ser analizados los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Juárez, Tijuana, Golfo y Zetas. No incluye sus divisiones o nuevas creaciones, como Familia Michoacana o Guerreros Unidos, por ejemplo.

El proyecto de ley incluye la responsabilidad de Seguridad Nacional de presentar, un año después de que se publique, un análisis de necesidades tecnológicas de la frontera, y que se puedan incluir sensores de aeronave tripulada; comunicación y tecnología de imagen operativa; drones; vehículos de vigilancia móvil; cámaras; radares; equipo de detección de túneles; radios y satélites en miniatura.

“A más tardar dos años después de la presentación del análisis requerido en el inciso (a), y cada dos años a partir de entonces durante los siguientes 4 años, el Secretario deberá presentar una actualización de dicho análisis a los comités del Congreso correspondientes”, ordena.

También se deberá hacer una proyección sobre las tendencias y pronósticos con respecto a la migración a través de la frontera, y las necesidades del personal de las distintas agencias, entre otros requerimientos.

Esta iniciativa fue enviada para su estudio a dos comités de la Cámara de Representantes, el de Seguridad Nacional y del Poder Judicial. Y es una de las que más legisladores republicanos tiene como copatrocinadores, en total nueve: Mónica De La Cruz, Jake Ellzey y Dan Crenshaw de Texas; Ashley Hinson de Iowa; María Elvira Salazar, John H. Rutherford y Brian J. Mast de Florida; Dan Newhouse del estado de Washington, y Stephanie I. Bice de Oklahoma.

Autorización de uso de la fuerza militar contra Cárteles

Esta es una de las propuestas que más apoyo republicano tiene y que sigue aumentando adeptos, hasta el cierre de esta edición sumaban 10, dos de Carolina del Norte, uno de Florida y otro de Georgia; y el resto de Texas.

El legislador Dan Crenshaw, uno de los más radicales de Texas, propone que se emita esta resolución conjunta, Senado y la Cámara de Representantes, y que denominó: “Resolución de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia” o la “Resolución de Influencia del CARTEL AUMF”.

Es decir, plantea simplemente autorizar el uso de su capacidad militar, fuera del territorio estadounidense, contra nueve cárteles mexicanos y que con su violencia han causado “desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”. Esto con base en la legislación sobre poderes de guerra, aplicable durante los cinco años después a que se emita.

Los grupos criminales o sus integrantes a los que puede aplicarse este acuerdo son los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Los Zetas, del Noreste, de Juárez, de Tijuana, de los hermanos Beltrán Levya, y La Familia Michoacana o Caballeros Templarios.

Crenshaw incluye varios argumentos, identifica a los “cárteles armados” de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como responsables del tráfico de fentanilo y sustancias relacionadas con el fentanilo a Estados Unidos. Y es este opioide, añade, es el responsable de la muerte de “aproximadamente 80,000 estadounidenses cada año y es la principal causa de muerte entre los hombres estadounidenses de entre 18 y 45 años”.

A esto suma el republicano que tanto los cárteles de Sinaloa como el de Los Zetas, “entre otros, se involucran constantemente en la violencia entre sí y contra otros cárteles, creando inestabilidad a pocas millas de la frontera de Estados Unidos”. Y lo ejemplifica con cuatro eventos: el derribo del helicóptero militar en 2015 en Jalisco, por parte del CJNG; la frustrada captura de Ovidio Guzmán (hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo) en 2019 en Sinaloa; “en 2022, una batalla entre cárteles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México condujo al cierre de dos puertos de entrada; y un ataque con granadas contra el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, México, obligó a los empleados a refugiarse en el lugar”.

“Los cárteles mexicanos intimidan, asaltan, secuestran, torturan y matan regularmente… y han disparado repetidamente contra las fuerzas del orden público y la guardia nacional apostadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México”, detalla el documento.

En esta propuesta de resolución del Congreso, Crenshaw, se plantea: “El Presidente está autorizado a usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras que el Presidente determine” en seis supuestos:

Que hayan violado la ley de sustancias controladas o intentado o conspirado para violentarla, en lo referente al fentanilo o sustancias vinculadas

Han traficado fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo fuera de Estados Unidos, pero con la intención de que esos químicos se trafiquen en el territorio estadounidense.

Que han “producido o traficado una sustancia que es un precursor del fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo con la intención de que dicho precursor, fentanilo o sustancia relacionada con el fentanilo sea traficado a Estados Unidos”.

Han participado en “acciones cinéticas contra el personal de aplicación de la ley federal, estatal, local, tribal o territorial de Estados Unidos que opera en el territorio de Estados Unidos o en el extranjero”.

Que han participado en “acciones cinéticas contra fuerzas del orden, militares u otros gobiernos, contra el personal de un país con frontera común con Estados Unidos o cualquier otro país del Hemisferio Occidental”.

O que “han utilizado la violencia y la intimidación con el fin de establecer y controlar el territorio para ser utilizado para fines ilícitos”.

El legislador republicano propone que “la autoridad para usar toda la fuerza necesaria y apropiada conforme a la subsección (a) contra organizaciones extranjeras y personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras descritas en la subsección (a) se aplicará solo con respecto a aquellas organizaciones y personas ubicadas fuera del territorio de Estados Unidos”.

Estados Unidos contra México

Primera ley para asegurar las fronteras de Estados Unidos

El congresista Matthew M. Rosendale además de apoyar la Ley para Financiar y Completar el Muro Fronterizo de su compañero republicano Andy Biggs, también propuso su propio proyecto de ley para reforzar el muro.

Esta iniciativa prohíbe el gasto en asistencia militar en Ucrania, “hasta que se logre el control operativo de la frontera entre Estados Unidos y México”.

Rosendale señala que no podrá ni siquiera comprometerse el dinero hasta que se complete un sistema de muro fronterizo a lo largo de la frontera sur con Estados Unidos seguro y como señala la ley: establecer centros de comando y control, sitios de operaciones, infraestructura, mantenimiento y adquisiciones, y uso de drones para recabar inteligencia, para garantizar la seguridad de los migrantes ilegales, pero detener su paso, lo mismo que armas y cualquier producto; y contar con apoyo investigativo para “ayudar a desmantelar las redes criminales y de contrabando a lo largo de la frontera”, como lo señala la Ley de muros seguros de 2006.

De acuerdo a la propuesta del republicano Rosendale, los fondos que no pueden utilizarse hasta que se garantice la seguridad fronteriza son “con respecto a programas, proyectos o actividades en Ucrania” del Departamento de Defensa.

El sistema de muros fronterizos, establece la propuesta, una barrera física de bolardo de acero endurecido internamente, de 30 pies de altura; tener caminos de patrulla y de acceso para todo clima; iluminación perimetral; y cámaras, “sensores y tecnología de detección antitúnel”.

Esta iniciativa fue enviada a las comisiones de Asuntos Exteriores y de Servicios Armados. Y en este caso, a diferencia de la Ley para Financiar y Completar el Muro Fronterizo, que cuenta con el copatrocinio de seis congresistas, en ésta sólo aparece apoyándola la legisladora Mary E. Miller de Illinois.

Fentanilo, arma de destrucción masiva

El republicano Neal P. Dunn de Florida propuso apenas hace 15 días, el 17 de enero pasado, que la Cámara de Representantes emita una opinión para que el presidente Joe Biden clasifique las sustancias ilícitas sintéticas “vinculadas con el fentanilo como armas de destrucción masiva (ADM); y que el fentanilo ilícito y las sustancias ilícitas relacionadas con el fentanilo deben colocarse permanentemente en la lista I (es decir, drogas, sustancias o productos químicos sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso)”.

Esto podría parecer una broma, pero no lo es en la legislación estadounidense. Al clasificar esas sustancias como ADM, obligaría al mandatario a que sea un tema que atienda la oficina de Seguridad Nacional y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y se coordinen una respuesta con otras agencias federales, incluido el Departamento de Defensa. Ya no se trataría como un tema de control de narcóticos, sino en términos de guerra y terrorismo.

Este tipo de pronunciamientos, de contar con el apoyo de la mayoría, se convierten en una forma de presión política para el Presidente que debe atender. Y este que propone el legislador Dunn se suma a la carta que envió en julio de 2022 la fiscal general de Florida, Ashley Moody, a Biden, para pedirle que clasifique “el fentanilo ilícito como un arma de destrucción masiva”.

El estado muestra un incremento en detenciones de personas que trafican con este opioide sintético, pero adicionalmente con el consumo y muerte. En octubre del año pasado, la organización Families Against Fentanyl mostró cómo entre 2019 y 2021 las muertes por fentanilo entre los bebés aumentaron el doble de rápido, en comparación a las otras edades; los infantes de un año se cuadruplicaron, lo mismo que los de cinco a 14 años. Cifras que seguirían la misma ruta exponencial el año pasado.

Pero no sólo es Florida, es una amenaza real contra todo el territorio estadounidense, desde la visión de Dunn. Entre los argumentos que el republicano incluyó se encuentra que “en julio de 2018, la Dirección de Armas de Destrucción Masiva de la Oficina Federal de Investigación evaluó que ‘el fentanilo es muy probablemente una opción viable para un ataque con armas químicas por parte de extremistas o delincuentes’”. Y a ello suma “que un solo kilogramo de fentanilo ilícito o una sustancia ilícita relacionada con el fentanilo puede matar a 500 mil personas”.

El legislador Dunn recuerda que esta sustancia es “el principal impulsor de la actual crisis de opioides en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”. Y ubica a China, un país que es considerado como amenaza, como “la principal fuente de precursores ilícitos de fentanilo y sustancias ilícitas relacionadas con el fentanilo traficadas a través del correo internacional hacia Estados Unidos”; lo mismo que a India que no es identificado como aliado político y es ya “un proveedor creciente de precursores químicos y sustancias ilícitas relacionadas con el fentanilo”.

A esto el republicano suma dos elementos más: “Las organizaciones criminales transnacionales en México están aumentando rápidamente el flujo de sustancias ilícitas relacionadas con el fentanilo hacia Estados Unidos a través de la porosa frontera sur… Las operaciones de tráfico ilícito de fentanilo y sustancias ilícitas relacionadas con el fentanilo están creciendo en sofisticación según la Administración de Control de Drogas”.

Es así, que identifica como enemigos, en una lógica de amenaza bélica, a China, India y México.

Y al momento de mantener en la Lista I de la ley 21 USC 813 de Tratamiento de análogos de sustancias controladas, aumentan significativamente las restricciones para los laboratorios en el uso de las sustancias vinculadas al fentanilo y que se enlistan en la resolución.

Esta propuesta fue enviada a las comisiones de Energía y Comercio, y a la de lo Judicial, de la Cámara de Representantes. No ingresó con el apoyo de otros legisladores, pero pueden irse sumando mientras se analiza.

Ley para terminar el muro

Esta es la tercera ley que, en concreto, se ha propuesto en el primer mes de este 2023, para instituir para reanudar “de inmediato la construcción del sistema del muro fronterizo a lo largo de la franja fronteriza internacional entre Estados Unidos y México para asegurar la frontera, hacer cumplir el estado de derecho y gastar los fondos asignados según lo dispuesto por el Congreso”.

El republicano Clay Higgins de Lusiana, llamó a esta iniciativa como la “Ley para Terminar el Muro” cuando la presentó en la primera quincena de enero y en ella plantea una urgencia tal, que tras aprobarse por el Congreso establece que a más tardar 24 horas después de promulgarse, la oficina de Seguridad Nacional deberá “reanudar todas las actividades relacionadas con la construcción del sistema de muro fronterizo”, refiriéndose al plan que estuvo en marcha durante la administración de Donald Trump.

Higgins que es miembro Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes estadounidense, esta semana fue nombrado presidente del Subcomité de Seguridad Fronteriza, Facilitación y Operaciones.

Este legislador es el mismo que hace un mes aparecía en una imagen en el pleno, hincado y con la Biblia en la mano izquierda, flaqueado por sus compañeros republicanos Michael Guest y Mike Ezell, ellos de pie, orando para que se destrabara el nombramiento del líder de la Cámara baja. Y es el mismo que se ha destacado por defender la invasión al Capitolio en enero de 2021, considerado un intento de golpe por parte de Trump.

Esta propuesta desde su presentación contó con un gran apoyo republicano, 33 legisladores se sumaron a patrocinarla, y en la última semana aparecieron cuatro más, con lo que alcanza 37 congresistas respaldándola de 22 estados de la Unión Americana, casi la mitad de todo el territorio.

La iniciativa establece que el jefe de Seguridad Nacional “no puede cancelar ningún contrato para actividades relacionadas con la construcción del sistema del muro fronterizo mencionado en el párrafo que se celebró el 20 de enero de 2021 o antes”. Y deberá gastar todos los fondos asignados o comprometidos para ese fin desde el 1 de octubre de 2016.

“A más tardar 30 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, el Secretario de Seguridad Nacional deberá presentar a los comités del Congreso correspondientes un plan de implementación para completar, a más tardar el 30 de septiembre de 2026 la construcción del sistema de muro fronterizo”, ordena la propuesta.

Pero no sólo se trata de la pared que divide a México y Estados Unidos, sino que la oficina de Seguridad Nacional deberá presentar un plan que contenga costos detallados para incluir “infraestructura táctica, la tecnología y otros elementos” de protección, que considera desde rampas para botes, puertas de acceso, puestos de control, iluminación y caminos asociados; “así como tecnología de detección y vigilancia fronteriza, incluidos los sistemas de detección terrestre lineal”.

El documento ya fue enviado al Comité de Seguridad Nacional, donde se analiza, para después ser discutida y, en su caso, aprobada, algo que ocurrirá en medio de la disputa electoral estadounidense.

Ley de aplicación de la seguridad contra el tráfico de armas

Esta iniciativa plantea que, una vez publicada, a más tardar 180 días después, el titular de la oficina de Seguridad Nacional deberá establecer, “en consulta” con otras agencias federales “una unidad del Grupo de Trabajo de Seguridad de Control Fronterizo para investigar el contrabando de armas de organizaciones criminales transnacionales a través de la frontera entre Estados Unidos y México”.

El republicano Mike Gallagher de Wisconsin plantea en su propuesta llamada “Ley de Aplicación de la Seguridad contra el Tráfico Ilícito de Armas”, que este equipo de trabajo será dirigido por la oficina de Seguridad Nacional, y deberá incluir funcionarios de otras agencias: Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza; de Servicio de Inmigración; de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; y “otras agencias policiales federales, estatales, locales, tribales y extranjeras, incluidas las agencias policiales mexicanas, según corresponda”.

Gallagher, que sirvió en el Cuerpo de Marines estadounidense y tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, es un personaje de alto perfil en el Partido Republicano. Desde diciembre ocupa la presidencia del nuevo Comité Selecto sobre China, que revisará temas militares, de seguridad nacional y de política económica relacionados con el país asiático, una prioridad en la agenda de seguridad de ese país.

Este equipo, propuesto en la ley, deberá concentrarse, para comenzar, en cuatro aspectos:

-Reducción del contrabando de armas, partes de armas, municiones, explosivos y artículos relacionados de Estados Unidos a México.

-El “trabajar con las fuerzas del orden público pertinentes para detener, contrabandistas de armas dentro de Estados Unidos o cruzando de Estados Unidos a México”.

-Garantizar la coordinación con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, “para recibir datos completos sobre las armas de fuego incautadas en México a través de un sistema de rastreo electrónico o un sistema sucesor”.

-Reducir en riesgo de choques de las investigaciones de tráfico de armas entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.

Como parte de esta nueva estrategia, a más tardar en seis meses el Congreso deberá tener un informe que “identifique la tecnología, el personal dedicado y otros recursos” que se necesiten para contar con el equipo de tareas, y con ello continuar con la llamada Operación Sin Rastro, que recibe llamadas anónimas; se lleven a cabo “programas y operaciones piloto”, y operaciones conjuntas de entrenamiento.

Hasta ahora, el registro del Congreso estadounidense muestra que la propuesta fue enviada para su análisis al Comité de Seguridad Nacional. Y ha recibido el apoyo de tres congresistas más, dos republicanos, Debbie Lesko de Arizona y Randy K. Weber de Texas; así como una demócrata Elissa Slotkin.

Ley de apoyo a México contra la corrupción

De todas las iniciativas presentadas por los republicanos en enero, esta es la que tiene una aplicación política directa contra el gobierno de México. Si bien el legislador Mike Gallagher no sumó el 12 de enero pasado, que se presentó la propuesta, algún apoyo de sus compañeros; en los últimos días se ha mostrado el poder y respaldo que tiene este republicano de Wisconsin, al ser designado presidente del Comité Selecto sobre China, considerado uno de los más importantes en este momento.

Este legislador tiene apenas 38 años, pero goza de gran respeto de sus compañeros en lo que es ya su cuarto mandato en el Congreso. Suma siete años de servicio como infante de Marina y sólo como un ejemplo de su determinación y dedicación, fue tan destacado sus dos despliegues a Irak, que aprendió árabe.

Ha identificado ya, al liderazgo chino, la mayor amenaza geopolítica para la seguridad de Estados Unidos. Y no sólo le interesa lo que haga China en Asia, sino lo que también haga en América, de acuerdo a sus declaraciones, y cómo se reorientará la industria de interés estadounidense con sus aliados más cercanos, como México.

Es allí que esta iniciativa que Gallagher ha llamado “Ley de Apoyo a México contra la Corrupción” se enmarca en ese contexto, el de seguridad nacional. Y se podría resumir en que la iniciativa plantea imponer sanciones a funcionarios mexicanos responsables de violaciones de derechos humanos y de corrupción, al mismo nivel de las sanciones impuestas a sus enemigos políticos, los rusos.

Parte de la Ley Global Magnitsky, debe su nombre al abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky, que al exhibir un fraude de 230 millones de dólares cometido por funcionarios rusos fue detenido en Moscú, enfermando en prisión y luego siendo asesinado a golpes estando preso. En 2012 se promulgó la legislación que permitió a Estados Unidos sancionar a funcionarios rusos y meses más tarde apareció la primera lista de nombres que ha seguido creciendo. Pero en 2016, reformas a esa norma autorizó al gobierno estadounidense a sancionar a los funcionarios de gobiernos extranjeros en todo el mundo.

Ahora, la Ley de Apoyo a México Contra la Corrupción permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a servidores públicos de México, incluso 120 días después de que se promulgue esta ley.

El presidente en turno impondrá sanciones de quienes se tenga solamente “evidencia creíble” y podrán ser funcionarios actuales o de gobiernos anteriores; pero también personas que actúen a nombre de un funcionario, en cooperación con él. Y serán sancionados si cumplen, a sabiendas, las siguientes acciones:

-Ejecuciones extrajudiciales, tortura u otras violaciones graves de los derechos humanos internacionalmente reconocidos cometidas contra personas en cualquier país extranjero que busquen exponer la actividad ilegal llevada a cabo por el gobierno, funcionarios; o para obtener, ejercer, defender o promover los derechos humanos y las libertades reconocidos internacionalmente, como la libertades de religión, expresión, asociación y reunión, y los derechos a un juicio justo y a elecciones democráticas.

-Actuó como agente o en nombre de una persona extranjera en un asunto relacionado con las violaciones anteriormente descritas.

-Se trata de un funcionario del gobierno o asociado con él, responsables o cómplices de ordenar, controlar o de otro modo, dirigir actos de corrupción significativos,incluida la expropiación de bienes privados o públicos para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, soborno o la facilitación o transferencia del producto de la corrupción a jurisdicciones extranjeras.

-O que ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado financiamiento, soporte material o tecnológico para bienes o servicios en apoyo de una actividad descrita en el párrafo anterior.

La Ley Global Magnitsky, a la que refiere la propuesta actual del republicano, plantea las siguientes sanciones para esas personas:

-Inadmisibilidad a los Estados Unidos: no podrán ser elegibles para recibir una visa para ingresar a Estados Unidos, o si tienen visa u otra documentación que les permite el acceso al país, será revocada.

-El bloqueo de todas las transacciones en todos los bienes e intereses propiedad de una persona extranjera si dicha propiedad e intereses en la propiedad están en Estados Unidos o existe alguna relación con el país del norte.

-Se podrá frenar las operaciones financieras o de cualquier propiedad, bloqueando y prohibiendo todas las transacciones en todos los bienes e intereses en propiedad de las personas señaladas. No así las importaciones de bienes.

El legislador Mike Gallagher establece en su propuesta que podrá dejarse de imponer estas sanciones si se trata de actividades de inteligencia autorizada; así como el presidente podrá renunciar a imponer sanciones a los mexicanos si se determina que es en favor de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos o es necesario no hacerlo “para evitar daños económicos indebidos al pueblo de México”.

Pero de todo lo que se haga, sea sancionar o no, el presidente deberá informar a los comités del Congreso respectivos.

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