En la elección para seleccionar al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se apuntaron cuatro ministros y presentaron su plataforma sobre su visión y líneas de trabajo. Bastaron unos días para que la elección interna se modificara y adquiriera otra dimensión, pues al interior del Poder Judicial de la Federación se considera que de ella depende la relación con el Ejecutivo federal y la defensa de su autonomía e independencia.
Esta lucha entre los Poderes de la Unión redujo a dos la contienda por la presidencia: los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El primero, apoyado por grupos que reclaman un cambio, mientras que el segundo respaldado por el actual presidente Luis María Aguilar.
La insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que “no es posible que haya funcionarios públicos en el país que ganen 600 mil pesos mensuales, pues es una ofensa al pueblo de México y un acto de deshonestidad”, como sentenció el lunes pasado como parte de la segunda semana de sus conferencias matutinas, causó reacción de inmediato.
El lunes 10 de diciembre, a menos de dos horas de los señalamientos mañaneros del Presidente de la República en alusión a los salarios de integrantes de la Corte, en un hecho sin precedentes, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en 94% del territorio nacional, es decir 30 de 32 estados, alzaron la voz y se manifestaron contra el “falso discurso” de que los juzgadores eran unos privilegiados y abusaban del erario, y que lo dicho por el mandatario estaba “alejado de la realidad”. Los pronunciamientos simultáneos se agendaron un día antes.
“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados públicamente como ‘ejercicios modernizadores’, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden la verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el estado de derecho”, acusó el ministro Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, como único orador del mensaje que ese lunes leyó desde las escalinatas del edificio sede del Poder Judicial federal en San Lázaro.
La tensión creció cuando el viernes 7, la SCJN determinó suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones, propuesta por el presidente López Obrador para que ningún funcionario ganara más que él. La entrada a este recurso obligó a la Cámara de Diputados a no modificar los salarios de los servidores públicos.
El también diputado morenista, Pablo Gómez, señaló que nunca se ha querido aplicar la Ley de Remuneraciones para expedir el Presupuesto de 2019, sino el artículo 127 de la Constitución, y calificó de “abusiva e ilegal” la suspensión de la Corte.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, criticó que la acción de inconstitucionalidad “elaborada, redactada y cabildeada por los ministros, fungieron como juez y parte, por lo que es un acto inverosímil”.
La SCJN es “la fuerza jurisdiccional y política que se resiste a la austeridad (…) No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa”, escribió en su cuenta de Twitter.
La lucha trasciende
El sábado 8, al día siguiente de la controversia causada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Remuneraciones y emitió una suspensión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación colocó en su página las plataformas con las líneas generales de trabajo 2019-2022 de los cuatro ministros aspirantes a presidir el máximo tribunal.
Los candidatos más fuertes que buscan ser el relevo de Luis María Aguilar Morales, quien este jueves presentará su último informe anual de labores al que acudirá López Obrador, pero no a la comida posterior, son los ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Gutiérrez Ortiz Mena.
Tras un revisión a las líneas de trabajo propuestas por los cuatro aspirantes, ejecentral detectó que existe convergencia entre los cuatro proyectos, en los que hay una leve autocrítica a los procesos internos del alto tribunal y las reformas que la nueva presidencia. Y todos son similares en cuanto a la defensa de la independencia y autonomía judicial, combate a la corrupción y el nepotismo, mejores prácticas de planeación, gestión y administración, y un tribunal más transparente y confiable que eficiente la impartición de justicia con respeto a los Derechos Humanos.
No obstante, el choque de fondo, de acuerdo con analistas y expertos, se traduce en la confrontación de posturas; por un lado, la apuesta de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que es visto como alguien que puede encabezar cambios internos y de tendencia liberal, contrapuesto con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien tiene el apoyo de la línea conservadora judicial y del actual presidente de la Corte.
Las posiciones y estrategias de defensa y contraataque en este duelo de poderes ha ido incrementando la tensión interna en el ámbito judicial.