Luis León, Jonathan Nácar y Bet-biraí Nieto Morales
La rebelión empezó en el norte. Primero fue la reacción ciudadana que tomó las calles y su presencia ha ido creciendo; después los sectores productivos y por último los gobernantes fronterizos. Los detonantes uno a uno se activaron: impuestos más altos, golpes económicos, el gasolinazo, la amenaza del bloqueo comercial, el posible arribo atípico de migrantes por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y el abandono del gobierno federal.
Ciudadanos, empresarios, políticos y mandatarios locales comenzaron a construir el andamiaje de una coalición que busca ser un frente ante las amenazas del presidente republicano, como la expulsión sistemática de migrantes, el freno de productos y el probable aumento de aranceles, pero también resulta una suerte de defensa de todos los problemas que sofocan la región fronteriza y que en los últimos 23 días han mostrado un despertar social a través de movilizaciones, protestas y tomas simbólicas de oficinas públicas, todas para frenar lo que consideran un atropello contra la región más productiva del país.
“No diría que se está gestando una revolución de los gobiernos locales del norte del país, sino que están actuando en consecuencia ante la ausencia de una autoridad federal que no asume su responsabilidad. Vivimos en un país donde las decisiones que impactan a la frontera son tomadas desde un escritorio del centro del país, pero no tienen el pulso económico, social y político”, aseveró el alcalde de Nogales, Sonora, Cuauhtémoc Galindo Delgado.
A partir de entrevistas con gobernadores, alcaldes y empresarios, ejecentral ofrece un primer esbozo de lo que podría consolidarse, si se organiza e integra, como uno de los movimientos sociales más importantes en más de 20 años, sólo comparable con los actos de resistencia y marchas políticas contra el fraude electoral. Hasta ahora, la presión en las calles se ha traducido en una alianza estratégica, que en inicio involucra a los gobiernos de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con el respaldo de la Confederación Nacional de los Gobernadores (Conago).
❝Los gobernadores de la frontera norte de México hemos decidido hacer una alianza, un pacto entre nosotros, para la defensa de los derechos humanos de los migrantes, pero también de la realidad social que enfrentamos como frontera❞, advirtió desde inicios de diciembre pasado el panista Javier Corral, gobernador de Chihuahua.
El detonante
El desencadenador social fue la liberación de los precios de las gasolinas y la indiferencia de los gobernantes. El resultado: una cadena de inconformidades en todo el país, y en los estados fronterizos no fue la excepción. Es más, ahí es donde han sido más intensas y organizadas las protestas de la sociedad civil, organismos económicos y sociales, y es además la región donde mayores repercusiones han tenido los ultimátum vociferados por el mandatario estadunidense, como los golpes que Trump ha asestado, incluso antes de tomar posesión, contra empresas e inversionistas que han decidido instalarse o permanecer en el país.
Al tercer día de que se activaron en el país las protestas contra el gasolinazo, el 3 de enero, en Chihuahua, asociaciones campesinas tomaron las oficinas del SAT en demanda de dar marcha atrás al alza; el 4 de enero cientos de habitantes de Ensenada, Baja California, marcharon por las calles de su ciudad, ahí participaron los diputados federales por Ensenada, Wenceslao Martínez y Eloísa Talavera. Al mismo tiempo diputados federales del PRI por Tamaulipas y Coahuila solicitaron al gobierno federal, a través de un comunicado dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mantener el precio homologado de las gasolinas en la frontera.
“La realidad económica y el tema de una política de expulsión de la propia postura de Donald Trump nos obliga a generar los instrumentos políticos que nos permitan enfrentar este tema tan delicado a la económica y para los mexicanos. La idea de esta reunión con gobernadores de la frontera norte tiene que ver con la necesidad de generar puntos de acuerdo entre todos sin importar su origen partidista para trabajar en una agenda bilateral con los gobernadores estadunidenses, con el senado y congresistas locales de las entidades donde se tiene relación, desde Texas, California, Arizona y Nuevo México con las entidades mexicanas de la frontera”, sostuvo Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente de la Conago.
¿Ruptura?
En entrevista con este semanario, el también gobernador de Morelos rechazó que las ausencias de Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, y Rubén Moreira, titular del gobierno de Coahuila, signifiquen una ruptura o separación entre los gobernadores, pues aseguró que, aunque tuvieron asuntos personales que atender, para la próxima reunión de la alianza fronteriza prevista para realizarse en Monterrey, Nuevo León, ambos mandatarios serán nuevamente invitados.
“Estamos trabajando de común acuerdo, estamos tratando de construir entre todos, así como la mayoría de los gobernadores de Estados Unidos son republicanos, trabajar y ponernos de acuerdo porque por encima de las diferencias políticas debemos atender el tema de la economía, el empleo y las relaciones de respeto a los derechos humanos que se tienen que ver en la frontera de México con Estados Unidos”, asentó el gobernador.
Y es que la sublevación a través de las manifestaciones sociales, particularmente en la región fronteriza, han subido de tono paulatinamente y a la fecha el descontento social se mantiene. El 6 de enero policías desalojaron a manifestantes que obstruían los accesos a los centros de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Monclova, Coahuila, y en la capital de Chihuahua. Ese mismo día se reportó escasez de productos básicos en Vicente Guerrero y San Quintín, en la zona sur del municipio de Ensenada, Baja California, debido a los bloqueos. Transportistas obstruyeron tramos viales en La Paz, Libramiento Santiago Oseguera y en el malecón, a la altura del Molinito, durante dos días, miles de ciudadanos de la zona Pacifico-norte se quedaron sin combustible.
En Monterrey, Nuevo León, hubo varios saqueos a diferentes negocios, y los actos de rapiña se replicaron en los municipios de Escobedo y Apodaca, donde los pobladores saquearon una casa de empeño. Ese mismo día, el presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enrique Rivas, llamó a apretarse el cinturón ante la crisis que se avecinaba por los efectos del gasolinazo, y no descartó recortes en el gasto público. Y al tiempo que la Conago alertaba sobre los brotes de ingobernabilidad, habitantes de Tijuana sorprendieron al edil de Baja California, Juan Manuel Gastélum, cargando gasolina en Estados Unidos, lo que provocó una gran indignación, ante el desabasto de combustible que padecía la ciudadanía. Las manifestaciones derivaron en la toma de casetas y la garita internacional de San Ysidro.
Del hartazgo a la furia
“Por supuesto que el gasolinazo afecta al bolsillo, y la capacidad de comprar, pero lo que realmente pasa es que se está llegando al hartazgo de la ciudadanía que está ya mucho más informada y está cansada de tolerar el descaro y la rapacidad de los gobernantes. Es un hartazgo que ya casi, casi se podría decir furia porque cada vez que la gente sabe de los abusos de los gobernantes se enfurece, se harta”, advirtió Gerardo Chávez Saldaña, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Coparmex Nacional Tras reconocer que los problemas económicos han alcanzado consecuencias preocupantes, como en el caso de Chihuahua, en donde aseguró que los empresarios ya tienen problemas para conseguir trabajadores, y en muchas ciudades ya se habla de pleno empleo. Chávez Saldaña desestimó los alcances e impacto que pudiera tener la alianza fronteriza que están encabezando los gobernadores debido a que “la respuesta debe venir muy firme de parte del gobierno federal, que son quienes tienen que enfrentar este asunto y ayudarnos”.
“Los gobernadores han recibido, sobre todo en el caso de Corral, mucha presión de parte de la ciudadanía; sin embargo, vemos que no hay mucho que hacer por ellos, no tienen fuerza por ejemplo en el caso del gasolinazo. Sabemos que en la política exterior el que tiene que hacer las cosas es el gobierno federal, el Senado, el Congreso y, bueno, si no tenemos gente capaz para enfrentar eso, ahí está lo preocupante”, lamentó el expresidente del Observatorio Ciudadano de Gobernanza y Seguridad Centro Sur Chihuahua.
En esta serie de reacciones locales, el lunes 11 de enero, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dio marcha atrás al aumento a la tenencia en Nuevo León, como parte de las medidas que su administración anunció para apoyar la economía de la población, y en ese tenor anunció una rebaja del 20% en los salarios de los funcionarios de primero y segundo nivel de la administración estatal para acompañar esta situación. Ese mismo día, la Conago recriminó la exclusión de los mandatarios estatales al acuerdo para el fortalecimiento económico, presentado por el presidente Peña Nieto, pacto al que se negó firmar el presidente de la Coparmex, Gustavo Hoyos.
“Estamos aquí a tiro de piedra, tenemos las broncas nosotros. Lo que estamos demandando en este acuerdo es que el gobierno central, evidentemente, pare los oídos y abra la vista, en el sentido de que el problema que hoy tenemos es un problema que le compete a todo el país. Vamos a ser colaboradores, o vamos a ser copartícipe al gobierno central”, acusó Rodríguez Calderón durante la reunión del 16 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que gobernadores norteños ratificaron los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país” celebrada del pasado 9 de diciembre de 2016.
A nivel municipal, el miércoles 18 de enero, durante la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) de Acción Nacional en Tijuana, Baja California, se redactó un plan de facilidades para empresas estadunidenses asentadas en los territorios donde gobierna el PAN, tales como exentar el pago de derecho por uso de suelo y la condonación de multas. Cuauhtémoc Galindo, alcalde de Nogales fue uno de los impulsores de la propuesta, junto con Enrique Vargas del Villar, presidente de la ANAC y edil de Huixquilucan, quien también planea emprender una campaña nacional con el mismo paquete de facilidades para las firmas extranjeras que operan en México.
Por su parte, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada Alvídrez, aseveró que “Ciudad Juárez no participará en ningún tipo de movimiento; en lugar de eso se están buscando soluciones y la solución es la homologación de los precios de los combustibles en la frontera”, debido a que consideró que la eliminación de la homologación del precio de los combustibles para ambos lados de la frontera fue lo más perjudicial que les sucedió a los habitantes fronterizos.
La coincidencia entre ambos alcaldes fronterizos se centra en admitir que ningún gobierno local está preparado para recibir a una gran cantidad de repatriados, ante la eventual deportación de connacionales como ha amañado el presidente estadunidense, y aseguran que el gobierno federal tiene que hacerse responsable del tema “que sólo a él le corresponde como es el asunto de la migración”, acusó Galindo Delgado.
Ante la repatriación de mexicanos en Estados Unidos, Cabada explicó que Ciudad Juárez tiene un déficit de mano de obra cercano a 30 mil empleos en las maquiladoras y fábricas. “No quiero decir que veríamos con gusto ni mucho menos, en caso de que viniera una deportación masiva, pero sería cuando menos una posibilidad “, sentenció.
ejecentral buscó tanto a los mandatarios firmantes de los acuerdos de la alianza fronteriza: Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California; Javier Corral, de Chihuahua; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León; así como a los mandatarios ausentes en el acuerdo, los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich, y Rubén Moreira Valdez, de Coahuila, en todos los casos sus equipos de comunicación plantearon que sus respectivas ocupaciones le impidieron otorgar una entrevista.
›Las movilizaciones norteñas nos remontan a 1989, cuando Baja California se convirtió en el primer estado del país gobernado por un partido de oposición; la ciudadanía salió multitudinariamente a defender el voto popular que benefició al panista Ernesto Ruffo Appel.
Los hechos
El 12 de enero, en Baja California, convergen el aumento de las gasolinas con el aumento al precio del agua, ciudadanos tomaron la garita internacional Mexicali-Calexico en repudio a la privatización del agua, y más de 500 vehículos cruzaron de Calexico, California, a Mexicali sin reportar los artículos que transportaban, sin pagar impuesto alguno ni ser inspeccionados por los agentes aduanales.
16 de enero. La indignación continuaba al alza, por lo menos 40 mil personas protestaron en el Centro Cívico de Mexicali, en lo que se consideró la manifestación más grande en la historia de Baja California. También hubo movilizaciones en el municipio de Tecate y cuatro municipios más. El resultado de las manifestaciones fue que el 20 de enero el gobernador, Francisco Vega, anunció la abrogación de la Ley de agua estatal.
22 de enero. Se suscitó una de las manifestaciones más concurridas de la que se tenga registro la capital de Baja California, donde según los organizadores acudieron más de 70 mil personas, con lo que se volvía a romper el récord de asistencia que sólo unos días antes se había considerado histórico en el estado. El resto de las movilizaciones más representativas se dieron en Tijuana, Guadalajara, Veracruz, Hermosillo, Tampico, Ciudad de México y Chihuahua, en éste último se congregaron alrededor de 2 mil personas en contra del gasolinazo y anunciaron la toma de las oficinas de recaudación de rentas para el próximo 31 de enero.