La SEP los abandona, el miedo los organiza

Raúl tenía cinco años cuando comenzó la pandemia y se suspendieron sus clases presenciales. Ahora tiene casi siete y no aprendió a leer. La historia fue similar para Virginia, que las divisiones no terminó por comprenderlas en el tercer grado que terminó en julio, y las tablas de multiplicar para Rodrigo significó un enorme esfuerzo para sus padres y todavía no las domina, aunque ya pasará al siguiente curso. Todos aprobaron sus grados de primaria, y hasta fiesta online les hicieron, pero como dice Diana, la madre de Virginia, “no salieron bien”. El regreso a clases es un terreno incierto.

Pero no son los únicos. Esta crisis educativa que no es única en México, pero que en nuestro país significó que más de 5.2 millones de estudiantes abandonaran sus estudios en el año que terminó, y que para este nuevo ciclo no se inscribieran más de tres millones, obliga a regresar a clases presenciales, pero ¿cómo?

La respuesta no la tienen las autoridades, al menos alguna bien planificada y que convenza a padres y maestros, que en su mayoría tienen miedo de los contagios. “Soy maestra y voluntariamente tengo que ir a dar clases en mi primaria acá en el Estado de México, y tengo que enviar a mi hija a clases a su escuela o que pierda el año, porque va en tercero y no podremos acompañarla en línea. No estamos de acuerdo”, asegura Josefina, profesora de primaria en el estado de México.

La solución llega, una vez más, desde la autorganización comunitaria, que ofrece un respiro a la educación, después de estos 523 días que transcurrieron desde que el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció la suspensión de clases en escuelas de nivel básico y medio superior del país.

Mientras la SEP acumuló más de 17 meses sin aterrizar una planificación adecuada para el inminente regreso a clases de manera presencial, así como la generación de programas y políticas públicas que incentivaran o reforzaran estrategias alternativas para evitar tanto el rezago como la deserción escolar, hay comunidades educativas que encontraron el arrojo para procurar la continuidad educativa y de sociabilización a través de espacios seguros a los que llamaron “grupos burbuja”.

Cientos de docentes y educadores se coordinaron con madres y padres de familia para echar a andar, de manera proactiva, las opciones y condiciones necesarias para que sus hijas e hijos se mantuvieran estudiando y aprendiendo, pero sin perder la posibilidad de que socializaran con otros niños y niñas de su edad, pero bajo un esquema de protección y resguardo en seguimiento a los protocolos que las propias autoridades sanitarias nacionales e internacionales han establecido a lo largo de estos meses para evitar un alza en los contagios.

“No había de otra. O sea, es que uno no puede quedarse esperando a que te solucionen la vida porque como hemos visto el gobierno está más preocupado por otras cosas que por garantizar la seguridad de nuestros hijos. Ahora dicen que se va a regresar a clases, pero quién nos garantiza que van a estar seguros, que no se van a contagiar, pues nadie por eso es que decidí meter a mi hijo en este programa de burbuja con la misma maestra que ya había tenido en su primer año. Y hasta ahorita todo ha estado bien y me siento más tranquila”, relató Montserrat, una joven madre en Iztapalapa quien encontró esta opción educativa en la escuela privada donde había inscrito a su pequeño que cursa el segundo año de primaria.

Así, sin pretenderlo, estos grupos comenzaron a organizarse por WhatsApp o Facebook primero, luego de forma más estructurada a través de asociaciones o instituciones educativas, construyeron una red de estudio que llamaron grupos burbuja o homeschooling, con diferentes formas y ritmos, que permitió a niños y niñas, especialmente de primaria, no limitar su aprendizaje y desarrollo, y donde no se reportaron contagios dominó, y sus padres pudieron salir a trabajar.

Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador empuja el regreso a clases en medio de contradicciones. La SEP y los gobiernos de los estados con medidas apresuradas y alimentando las dudas e incertidumbre, que se refleja en las redes sociales con opiniones negativas como registro la empresa consultora Metrics, comenzaron la limpieza de aulas, esta semana la capacitación de profesores en las nuevas reglas de convivencia y la próxima semana, a unos días de comenzar el nuevo ciclo escolar, apenas se reunirán con padres de familia para explicarles como intentarán revertir la crisis educativa que se vive en el país.

De acuerdo con especialistas consultados por ejecentral, además de ser México el último país en Latinoamérica que este próximo 30 de agosto hará el intento a nivel nacional de retornar a clases de manera presencial, la decisión y la manera de hacerlo, pone en evidencia que el gobierno federal, a través de la SEP, no han sido un ejemplo de liderazgo ni seguridad para los docentes y maestros del país, así como los secretarios de educación, autoridades y personal de las escuelas, ni para las alumnas y alumnos y sus familias.

“Son las omisiones y hay muchísimas oportunidades para que la Secretaría pudiera atender: una son los recursos, otra son las normas y otra pues simplemente son temas de acompañamiento académico para orientar en los temas esenciales del curso, orientar sobre las herramientas y diagnóstico, sobre los métodos para la educación a distancia, eso no está en ningún lado.

Si no hay recursos, ni acompañamiento, ni respaldo normativo, ¿para qué necesitamos una Federación?”, sentenció Bernardo Hugo Naranjo Piñera, consultor e investigador en temas educativos. Por el contrario, las familias le llevan la delantera.

Un salvavidas ante la incertidumbre

La creciente preocupación que se generó a partir del avance de la pandemia en México tuvo diversos altibajos en el ánimo de las personas a lo largo del último año y medio, pero sin duda alguna una de las principales fue el futuro educativo de la infancia, en medio de un creciente fenómeno de violencia familiar que a la fecha se mantiene con alarmante alta incidencia.

“Está creciendo el embarazo infantil, está creciendo la violencia intrafamiliar, está creciendo el pensamiento suicida entre los jóvenes, todo eso está a la vista, entonces, encerrados no deben estar porque están en riesgo los derechos de los niños. Todos sabemos, y los datos recientes lo han confirmado, de repente cambia de discurso el gobierno y retoma lo que la sociedad civil ha venido reclamando desde hace mucho tiempo ante oídos sordos”, advierte David Calderón Martín del Campo, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

En medio de esta marea de incertidumbres y desconfianza generalizada, el riesgo de una mayor deserción y de rezago educativo, las opciones para superar dichos obstáculos recayeron prácticamente en las propias madres, padres y tutores, quienes a través de institutos privados y por iniciativas sociales han tenido que sacar adelante el deseo y necesidad de que sus hijos e hijas regresen a las aulas, como apenas la semana pasada reveló una encuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en la que señala que siete de cada 10 niñas, niños y adolescentes del país quieren retornar a las escuelas.

›Un ejemplo, que refleja el de decenas, es el de Sarahí Bobadilla, quien ante la pandemia no tuvo la posibilidad de realizar sus actividades laborales mediante el home office, sin embargo, el cierre de las Guarderías del IMSS al que asistía su hija complicó las dinámicas de su día a día.

“Mi hija estaba en una Guardería del IMSS, ellos desde siempre tomaban la temperatura de los niños y colocaban gel antibacterial, cualquier síntoma de tos, ojos llorosos, escurrimiento nasal etcétera, era motivo para que ‘regresaran’ a los niños con su hoja de consulta para que el pediatra los revisara. El último día que mi hija se presentó fue el 18 de marzo, llevaba tos y ya no la aceptaron”, relata a este periódico la joven madre.

Sarahi detalla que la guardería fue cerrada días después, como parte de las medidas de contingencia ante el acelerado número de contagios que presentó el país, en aquella primera ola de la Covid-19. Casi ocho meses esta madre y su hija, como sucedió en millones de hogares, sortearon las nuevas dinámicas de la educación, el trabajo y la convivencia familiar, hasta que descubrió los grupos burbuja.

Pues mientras la SEP aún sigue alistando una supuesta nueva estrategia nacional para el regreso a clases presenciales en conjunto con los gobiernos estatales, los sindicatos del sector educativo, asociaciones de madres y padres de familia, universidades y distintas instituciones como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), el homeschooling o como se ha denominado a estos grupos burbuja han salido al rescate de los padres de familia que han buscado y creado alternativas para que sus hijos convivan con otros menores y retomen su proceso de educación “desde una aula”.

Se trata de un nuevo concepto, surgido a partir de los estragos a causa de la Covid que, sin duda implicó una irrupción en el sistema educativo de diversos países incluyendo a México, con el que un grupo muy reducido de estudiantes, por lo general no mayores a seis niños y niñas, que lleve a cabo el cumplimiento de todas las medidas sanitarias planteadas por las autoridades de Salud y con reglas propias con la finalidad de evitar los contagios.

Montserrat, al igual que Sarahi, se sumaron a las madres que decidieron enviar a sus hijos al grupo burbuja que, en el primer caso se creó a partir de la iniciativa de los propios profesores y la dirección de la escuela a la que ya había ingresado en su primer año de primaria su hijo, mientras que en el segundo caso fue llevar a la pequeña al mismo grupo al que acudía una de sus sobrinas y cuatro niños más.

“Ella toma terapia de lenguaje y el entrar al grupo le sirvió mucho en todos los sentidos, sobre todo al convivir con más niños, habla más, es más independiente y bueno yo sé que está en un lugar seguro. Todos los días hay revisión de temperatura y nos aplican un cuestionario sobre la salud de la familia en general, porque el compromiso es mucho mayor por parte de nosotros los padres”, detalló Sarahí.

Y son precisamente este tipo de organizaciones, que conjuntan esfuerzos de maestros, directivos, madres y padres en favor de los menores los que terminaron por dar continuidad a planes y una organización que bien podría ser replicado con un enfoque nacional o al menos el otorgamiento de algunos lineamientos, apoyos, guías que, a decir de numerosos colectivos y especialistas como Bernardo Naranjo, nunca llegaron.

Cientos de docentes y educadores se coordinaron con madres y padres de familia para echar a andar, de manera proactiva, las opciones y condiciones necesarias para que sus hijas e hijos estudiaran y aprendieran.

Sobre esta manera de organizarse de la sociedad el exconsejero de la Junta de Gobierno del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) apuntó que muchas escuelas privadas, al igual que diversas escuelas comunitarias, es decir colegios públicos en lugares remotos están “perfectamente organizadas y tuvieron clases, se organizaron, ahí hay una muy buena comunicación entre papás y docentes y ellos vieron que había condiciones y lo hicieron”.

En ese abundó, “hay escuelas que están trabajando con una organización propia sin haberle notificado a la autoridad. Es decir, ellos dijeron aquí lo vamos a hacer, si nos regañan es otra cosa. Ellos dijeron, mientras nadie nos diga nada nosotros vamos a seguir. Y hoy se demuestra que esa era la actitud correcta”, en consecuencia de la ausencia de un liderazgo nacional que, dijo, debería encabezar la SEP.

Al respecto, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe advirtió que mientras en otros países como en Ecuador, Costa Rica o Argentina se ha impulsado la diversificación de métodos alternativos de homeschooling o estas burbujas “en el que se hacen en un grupo pequeño de familias que hacen acuerdos de bioseguridad y demás ya pueden ser reconocidos los estudios que tienen ahí, en México hay un retraso en ese sentido”.

Y subrayó, “esto tiene ventajas en términos de que no inhibes la posibilidad de que se creen estas comunidades educativas alternativas sino que las validas y las enmarcas en una acción institucional para que no sean lo que ellos quieran sino lo que está en la currícula; son experiencias que se están haciendo, que son innovadoras que están surgiendo a partir de la realidad, lamentablemente en el caso mexicano observamos que no quisieron invertir, siguen sin querer invertir y no gastar, por ejemplo, con la vacuna para niñas y niños ya autorizadas por Cofepris”, lamentó Pérez García.

Un cambio drástico

En medio de la reapertura de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con excepción de las ubicadas en Sonora y Guerrero, con la aplicación de las medidas sanitarias que han reiterado las autoridades sanitarias entre las que se incluye la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y un cuestionario oral respecto a síntomas o contacto con pacientes Covid.

Además de que el personal se encarga de registrar signos y síntomas respiratorios en los niños, niñas y personal al ingreso a la guardería, para poder operar, todos los centros deben cumplir con el Programa Interno de Protección Civil autorizado por las instancias estatales o municipales competentes, así como con un sistema de alarma y contra incendios.

Un claro ejemplo de cómo han salido adelante este tipo de iniciativas resulta el Instituto Cultural Calli que antes de la pandemia recibía en sus instalaciones a cerca de 80 niños entre la estancia y el preescolar, pero la Covid-19 provocó la salida de la mayoría, casi todo el ciclo fue en línea, sin embargo, desde diciembre pasado la institución consiguió un permiso de la zona escolar para que los niños fueran un día al colegio.

“En el caso de mi hija de un total de 25 niños que eran en su grado al inicio de la pandemia sólo quedaron siete”, contó a este periódico Verónica García al señalar que los niños iban completamente preparados, sabían que debían mantener la “sana distancia” entre ellos, lo cual evolucionó para que en mayo pasado la asistencia a las aulas se elevara a una vez cada 15 días y para junio comenzaron a asistir todos los días.

Verónica relata que el hecho de que el grupo estuviera conformado por tan pocos alumnos permitió una comunicación magnífica entre los papás, “en nuestro caso nos hicimos muy unidos, como una familia y con toda la honestidad aceptamos llevarlos, cualquiera que pudiera haber estado en riesgo levantaría la mano y no llevaría a los niños. Fue un cambio brutal con ellos, los menores, fueron los más responsables con el uso de cubrebocas y cuidándose”.

La madre de familia aseguró que los alumnos que mantuvieron sus clases en línea lograron grandes avances académicos, pero los que pudieron asistir a las aulas lograron crear un entorno maravilloso sin presentar ningún caso de contagio al cierre del ciclo escolar.

“La próxima semana iniciaremos ahora con curso de verano. Y todo motivado además para apoyar a los maestros. Se fue más del 60% de los niños y de verdad que la escuela ha hecho de todo por no cerrar. Y nosotros mientras podamos apoyar lo haremos, es una escuela súper linda y todo lo que ofrece”.

Las colegiaturas de los grupos burbuja oscilan entre dos mil y cinco mil pesos mensuales, manteniendo horarios de al menos cinco horas al día, en algunos casos incluyendo alimentos para evitar la introducción de implementos ajenos y manipular todo con empaques desechables.

›Los filtros sanitarios se respetan desde el ingreso, hasta la salida de las instalaciones, incluso, en algunos casos las mochilas eran recibidas desde el inicio de la semana escolar y se regresaban para ser sanitizadas el día viernes.

Algunos grupos burbuja se han preocupado por añadir a su plan de educación, además de las materias del esquema básico, que incluye las materias de español, matemáticas, inglés y educación física, también cuenta con clases de musicoterapia, danza, taekwondo o neuro activación.

“No sabemos esto hasta cuando acabará así es que mientras existan las condiciones para que se pueda seguir asistiendo, sin arriesgar de más, pues nosotros haremos nuestra parte. Finalmente, ese es su mundo, su ambiente y su espacio. En casa disfruté mucho las clases en línea y mira que me súper partía porque yo sigo trabajando desde casa de tiempo completo y si era complicado estar al pendiente para apoyarla (…) Fue fuerte para mí el primer día que regresó a presencial, pero entiendo que es su ambiente, su espacio y deseo con toda el alma que sigan así, esperemos que la tercera ola no nos diga otra cosa”, sostuvo Verónica.

Solos a su suerte ante inminente regreso a clases

Lamentablemente, y al igual que como es percibido este improvisado regreso a las clases, coinciden los especialistas en educación e infancia, la autoridad educativa a nivel federal tampoco hizo mucho por incentivar este tipo de programas que en muchos casos sirvieron para evitar que aumentaran las deserciones y retrasos de aprendizaje, pero también implicó que no se respaldaran ni reforzaran estas iniciativas a las que la mayoría de los menores no pueden ingresar ante la falta de recursos.

La última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advierte que, entre 2018 y 2020, en el país el porcentaje de la población con rezago educativo pasó de 19 a 19.2%, lo cual significó que en ese lapso, las niñas, niños y adolescentes de entre tres y 15 años que no asisten a la escuela y carecen de educación básica de manera obligatoria pasara de 2.6 a 2.8 millones. Mientras que en el mismo periodo los jóvenes de 16 a 21 años bajo las mismas condiciones aumentara de 3.7 a 4.1 millones de personas.

Bajo esa realidad resulta evidente el abandono en el que el Estado mexicano dejo los derechos de niñas y niños en el contexto de la pandemia, como sentenció el activista Juan Martín Pérez García, al advertir que mientras el resto de los países de la región de América Latina echaron a andar planes para el regreso a clases o no dejar sin estudios a los infantes a partir de su primera ola de contagios, “en México es evidente que no existió y sigue sin existir hasta ahora una estrategia que incluya información especializada, coordinación entre instituciones, fortalecimiento y recuperación de la comunidad educativa”.

Aunque en repetidas ocasiones las autoridades, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez han insistido en que “existen condiciones para el regreso a clases presenciales”, una versión que no coincide con la realidad es la del personal docente que, es el caso de Angélica y Marina, dos profesoras de educación media superior lamentan que las están “mandando a la guerra sin fusil”.

Angélica es maestra en un Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS), en los últimos días ha tenido diversas reuniones, en todas ellas han hablado sobre las evaluaciones, los materiales, las dinámicas en clase, pero el tema vital, el plan de cómo actuar o el protocolo para el regreso a las aulas sigue siendo un escenario incierto.

Si bien se ha anunciado que el regreso a clases presenciales, el cual advirtió el presidente López Obrador se realizará “así llueva, truene o relampaguee”, implicara un método de trabajo hibrido, con tres días con clases en línea y dos con sesiones presenciales en los salones de clases, resulta también “tiempo suficiente para que se contagien”, advierte Angélica, quien asegura tiene miedo, pero debe presentarse, porque aunque se ha dicho desde la tribuna de Palacio Nacional que no hay obligatoriedad, los profesores están condicionados pues al registrar tres faltas son dados de baja.

“No hay condiciones, estamos entre la burocracia de los trabajadores de limpieza, quienes trabajan sin supervisión, ¿cuántas veces y cómo sanitizarán? No se sabe. Si el presidente dice que en octubre todos vamos a estar vacunados, ¿por qué no esperar unos meses más y volver con mayor seguridad de que nuestras vidas no corren riesgos?”, cuestiona profesora. Josefina, que da clases en una primaria pública del estado de México, asegura que todos sus compañeros tienen miedo ante la poca información y recursos disponibles.

“Nos habían dicho que se establecerán dos puntos de control, el primero era con la carta de los padres de familia que nos permitiría garantizar que sus hijos no tenían algún síntoma. En ese primer punto se pondría gel y tomaría la temperatura. Ya en el salón de clases, al ingresar se sanitizaría de nuevo a los alumnos y se mantendrían en observación. No habría recreo y las clases serían menos horas. Pero también nos dijeron que conmináramos a los padres de familia que nos ayudaran con gel antibacterial y líquido sanitizante, porque la escuela no tiene suficientes recursos”, detalló la profesora.

›Sin embargo, esta semana, después de que el presidente López Obrador declaró en su mañanera que la carta no era obligatoria, “nos dijeron que tenemos que ir voluntariamente a fuerza y que sólo cuidemos la temperatura, el gel y la distancia, así que ahora estamos más preocupados porque no habrá ningún control”.

EL MIEDO Y LA FALTA DE SENSIBILIDAD

David Calderón, presidente de la organización Mexicanos Primero, destacó que a la SEP le ha faltado mucha sensibilidad para escuchar a los maestros y las familias, así como interactuar con los distintos grupos de expertos e incluso aprender de las experiencias distintas autoridades estatales que sí hicieron regresos parciales que fueron exitosos como Jalisco, Sinaloa, Coahuila o San Luis Potosí.

“Un gobierno capaz y al servicio de los ciudadanos tendría alternativas para los que van a ir al plantel, los que se van a quedar en burbujas y los que no se quieren o no pueden salir de su casa porque efectivamente tienen al papá o al familiar que está cursando la enfermedad y el niño o niña y la familia no van a poder salir en 30 días porque eso es lo adecuado. Entonces, un gobierno que deberás sirva a sus niños tiene alternativas para las tres soluciones: cómo ayudamos a los que se van a ver de poquitos, a los que van a llevar escalonado en el plantel y qué les ofrecemos a los que se van a quedar en su casa”, sostuvo.

Ante esta incertidumbre, Mariana, profesora en una escuela preparatoria, se opone a regresar a las aulas, sino hasta que sus alumnos estén vacunados. “Siento horrible por los niños que mueren, algunos ni siquiera presentaron síntomas, solo una gripa, he sabido de varios casos”. Y al ser cuestionada sobre la posibilidad de continuar con las clases en línea, la profesora se limitó a responder que se “rumora que se regresa porque se regresa”, aunque aún no tengan conocimiento claro de cuáles son las medidas que la institución y las autoridades van a tomar para salvaguardar a los maestros, alumnos y trabajadores.

Una realidad es que como este periódico ha documentado a lo largo de la emergencia sanitaria esta tercera ola de la enfermedad de Covid-19 ha afectado particularmente a los menores de 18 años, y muestra clara de ello resulta que en julio pasado se alcanzó una histórica cifra para este grupo de la sociedad que, como subraya Tanía Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), representan la tercera parte del país quienes a la fecha ni siquiera han recibido una explicación sobre lo que ocurre alrededor de ellos, algo que finalmente ha trastocado los derechos del interés superior de la niñez.

Por ejemplo, señala Tanía Ramírez, “cuando empezaron a surgir las aprobaciones de vacunas el mundo entero entró en la conversación de las vacunas, pero nadie les explicó a niños, niñas y adolescentes por qué ellos no estaban en la lista, y ahora otra vez nos empieza a llegar el agua al cuello porque se están vacunando cada vez más los de menores edades, estamos llegando a los de 18 y lo que sigue es la conversación sobre las vacunas a niñas, niños y adolescentes de 12 a 18, y después va a seguir de 12 para abajo y nadie les ha explicado nada”.

Precisamente este clima de desinformación e incertidumbre ha implicado la atención internacional sobre el caso de México, pues, aunque el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) avaló el regreso a clases presenciales, exhortó a la Secretaría de Educación Pública a que difundiera más información sobre la reapertura, para brindar mayor certeza a los padres de familia y sus hijos. Pero ese propósito no ha terminado de cumplirse a escasos 11 días de cumplirse el plazo para retornar a las aulas.

Si bien las consecuencias educativas, emocionales y sociales, de no acudir a clases son graves para la infancia como recientemente reconoció la propia Secretaría de Gobernación, los especialistas aseguran que se advertían y el Estado no implementó estrategias para disminuir su impacto.

“Pero no hicimos nada de eso por más que lo sugerimos, los propusimos, escribimos artículos sobre estos temas y hemos encontrado un gran silencio, entonces se convoca a la solidaridad y el apoyo de toda la sociedad para este regreso, pero no se escucha, no están escuchando ni a los especialistas, ni a los maestros ni a las familias”, aseguró David Calderón.

Ana Cristina, profesora en la Ciudad de México, explicó que una primera medida será aplicar una evaluación de conocimientos para identificar el nivel con el que llega el estudiante, “haremos también una valoración de las condiciones emocionales, porque muchos de nuestros alumnos sufrieron una afectación grave, y ya que tengamos los resultados sabremos más o menos cómo podemos trabajar, pero hasta ahora desconocemos qué tiempo tendremos para regularizarlos y la mecánica para atender sus problemas afectivos; las autoridades educativas no han explicado nada de eso. Nos quedan menos de 15 días para el regreso a clases presenciales y estamos casi en el limbo”.

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