#LaPortada | En México disentir se paga con la vida

Disentir en México se castiga con la muerte. Defender las tierras; oponerse a la destrucción ambiental; exhibir la corrupción de autoridades; reclamar derechos esenciales como la seguridad o el agua; exigir justicia y buscar a un familiar desaparecido; suplicar porque haya paz y se deje de vivir con miedo, todas son razones para que te asesinen en este país.

Personas defensoras de derechos humanos, religiosas, sacerdotes, periodistas, luchadores comunitarios, madres buscadoras de desaparecidos y activistas LGBTTTIQ+ forman parte de una lista que sigue sumando.

De hecho crece cada día. Por ahora son 175 víctimas, que en los mil 426 días que lleva este gobierno han pagado con su vida el precio de no callar, de alzar la voz, combatir por sus causas, de no olvidar y pretender vivir en libertad.

Es decir, en esta administración sicarios pagados por algún grupo con poder, planificaron y ejecutaron, en promedio, cada semana un crimen contra estos personajes que informan, cohesionan a una comunidad o lideran movimientos sociales.

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Este noviembre de 2022, los días en que se evocan a los muertos, habrá que recordar que suman 134 mil 578 personas asesinadas y más de 30 mil desaparecidas en todo el país, víctimas que sólo corresponden a estos casi cuatro años de administración lopezobradorista.

En este universo de víctimas, a quienes asesinaron por disentir contra el abuso, la acción de los criminales o las injusticias, parecerían una minoría, pero no lo son, tampoco son estadísticas, ejecentral recuerda sus nombres, sus luchas u oficios.

Colman el altar a la memoria para no olvidar que, en México, sean grupos criminales o grupos de poder político y económico, se asesina por defender las ideas y los derechos, en una nación donde los gobiernos y autoridades, responsables no sólo de investigar y evitar la impunidad de esos crímenes, sino de evitarlos, le apuestan al olvido.

Especialistas consultados por ejecentral sostiene que el impacto de estos asesinatos, ocurren en regiones y entidades donde parece imposible dividir el estado de derecho del dominio criminal, en donde se mata por igual a un líder social, a un periodista o a un aspirante político, y así se ha logrado silenciar territorios enteros, por el miedo, porque son comunidades en donde el grito y la exigencia de justicia se convierte en una sentencia mortal.

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Para Adrián LeBarón, quien más que un activista se considera como “una víctima que investiga”, el asesinato de las decenas de “héroes de la nación”, como calificó a los defensores de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y luchadores sociales, se debe a que son los únicos que exponen “lo podrido” del actual sistema político-social en el que sentenció no hay acceso a la justicia.

“Los gobernantes actuales, me refiero al poder Ejecutivo, gubernaturas, presidencias (municipales), fiscalías, jueces, tribunales electorales, de justicia, el poder legislativo, senadores, diputados, toda la cúpula de gobierno quieren seguir defendiendo a muerte eso que yo veo sucio, incorrecto y corrupto. Los únicos que exponen esto son los periodistas, los activistas, los líderes sociales, los sacerdotes, ellos son los únicos”, subrayó.

Rubén Salazar Vázquez, consultor en riesgos y comunicación política, está de acuerdo y va más allá para explicar estos crímenes: “No hay espacio para la oposición. Todo el mundo está ejerciendo la violencia como un arma de competencia político-electoral, pero también como una herramienta de gobernabilidad autoritaria. Asesinan a políticos cuando aspiran a un cargo, cuando lo ejercen y cuando concluyen el cargo. Proceso tras proceso la situación empeora, ahora vemos que la democracia se ha convertido en una fachada a nivel local, controlada por este autoritarismo de un poder político corrupto y grupos delictivos que se han asociado con él”.

Los riesgos de silenciar la disidencia

En la reserva de El Rosario, santuario de la mariposa monarca en Ocampo, Michoacán, aún estaban consternados por el hallazgo del cuerpo de su administrador Homero Gómez González, a quien reportaron como desaparecido un par de semanas antes, cuando la mañana del 1 de febrero de 2020 localizaron el cuerpo de su colega, Raúl Hernández, después de seis días desaparecido.

Ambos activistas eran guías en el lugar y opositores a la tala clandestina en el recinto al que cada año miles de mariposas monarca arriban tras viajar hasta cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, y fueron amenazados, desaparecidos y asesinados, sin que a la fecha se tenga claro quiénes son los autores y qué motivos específicos tuvieron para acallar a los defensores ambientales.

Como en los casos de Homero y Raúl, al menos 88 defensores de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluyendo a líderes comunitarios, activistas en pro de derechos civiles, políticos y 31 periodistas fueron asesinados en los primeros dos años del gobierno en curso, es decir entre 2019 y 2020. Y los casos siguen en aumento.

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Para Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19, organización internacional defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, además del impacto directo que esas muertes causan en las familias y las comunidades a las que pertenecen las víctimas, implica una transgresión más amplia a los derechos fundamentales de proteger, denunciar y exponer asuntos de interés público que afectan a las comunidades.

“Se inhibe a la democracia misma. Hemos documentado cómo los asesinatos o desapariciones en comunidades muy apartadas del país hacen que se deje de hablar de esos temas, tiene un efecto en cadena que generan zonas de silencio, temas tabúes que no son abordados por temor a represalias que incluso se pagan con la vida”, sostuvo el también abogado y maestro en Derechos Humanos.

Al igual que en el caso de la reserva de El Rosario en Michoacán, donde el asesinato de sus defensores implica una afectación en la protección misma del santuario, en el que además de vulnerar las capacidades del recinto, también se ha hecho con las redes de protección y comunitarias alrededor de la labor que cumplían Homero y Raúl, otros derechos se ven menoscabados.

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El caso con los comunicadores y periodistas no difiere con el de los activistas y defensores sociales, pues para Maldonado se trata de poblaciones muy similares en el sentido de que el derecho a defender derechos, en el sentido más amplio, y la libertad de expresión mantienen un objetivo en común: “su aporte democrático a un estado de derecho para que la sociedad sepa lo que está pasando, tome mejores decisiones y ejerza sus derechos”.

Considerando que actualmente el país encabeza la lista de países más letales a nivel mundial para ejercer el periodismo, y tan sólo en esta administración ya suman al menos 57 periodistas asesinados.

Aunado a que el año pasado la organización Global Witness señaló a México como el país más peligroso del mundo para la labor de activistas ambientales y defensores de la tierra.

Los impactos de mantener las amenazas, agresiones, desapariciones y asesinatos de las voces disonantes se agudizan en un impacto social más amplio.

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Si bien Leopoldo Maldonado considera que a mediano o largo plazo esas muertes pueden generar una “consciencia colectiva de lo que están denunciando”, para retomar su defensa o denuncia, la realidad ante los altos índices de impunidad que persisten en el país hace casi imposible que más periodistas y defensores retomen la estafeta de los luchadores y comunicadores silenciados

“No hay justicia ni reparación para las víctimas sobrevivientes, pero socialmente se queda la memoria de las personas que han caído en cumplimiento de su función social como defensores o como periodistas; sí se va a generar una consciencia colectiva de lo que están denunciando, a pesar de que muchas veces ya nadie toma la estafeta, ya nadie retoma la defensa o los temas periodísticos que se estaban poniendo ese es el daño mayor que se genera en lo inmediato”, advirtió.

Estragos de una guerra por el poder

En medio de una espiral de violencia, que del 1 de diciembre de 2018 a la fecha genera un promedio de al menos 95 personas asesinadas cada día en el país, no sólo defensores, líderes sociales y periodistas están expuestos por intentar trastocar los intereses tanto de grupos de la delincuencia organizada, como de organizaciones políticas, que a su vez se mantienen enfrentados entre sí en busca de mayor poder y dominio.

Un fenómeno, que a la par del asesinato de periodistas y activistas, se ha recrudecido a partir del proceso electoral de 2018, con las elecciones subsecuentes, son los niveles de violencia en contra de políticos, candidatos y hasta aspirantes a un cargo de elección.

Con un antecedente de al menos 80 aspirantes y candidatos asesinados en los procesos electorales de 2018 a 2021, además del recuento de casi 70 políticos asesinados en este gobierno, incluyendo a 18 alcaldes, 31 regidores, 11 síndicos y ocho legisladores, la violencia político-criminal resulta un foco rojo que también vulnera el derecho de la sociedad para elegir a sus gobernantes, así como el principio democrático de votar y ser votado.

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Desde la perspectiva de Rubén Salazar Vázquez, consultor en riesgos y comunicación política, fue a partir de las alternancias políticas del año 2000, aunque particularmente en la elección de 2018 que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, cuando la violencia política y las represalias de la lucha por el control de las instituciones se evidenció con una inédita elección con 152 políticos asesinados, 48 de esas víctimas —más del 31 % de los crímenes— se trataron de aspirantes y candidatos.

“Cuando la delincuencia y los políticos corruptos se están apoderando de las instituciones, todos quedamos en medio. La ciudadanía es víctima de un sistema que tiene la fisonomía de un estado criminal, en muchas regiones del país así está ocurriendo y va más allá de los activistas, los periodistas, los políticos”, advirtió el también director general de Etellekt Consultores.

En esta violencia homicida de políticos y funcionarios, que a decir de Salazar Vázquez “es el reflejo de una disputa político-criminal en la que no sólo están en juego el control territorial y las rutas de trasiego (de drogas, así de trata de personas), sino también la disputa por el poder. Lo que requieren los grupos delictivos junto con sus cómplices políticos es el control de las instituciones para tener protección institucional e impunidad”, señaló.

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Una constante en ese fenómeno, apuntó el consultor, es que los cambios en los gobiernos locales, estatal y municipal, en conjunto con los vínculos que tienen con organizaciones delictivas, cada vez más fragmentadas tras el paso de una elección, por el rompimiento de pactos y la consolidación de otros más, ha logrado cerrar el paso a los opositores al gobierno, sea cual sea su color partidista.

El mapa de los crímenes contra la clase política, al igual que en los casos de periodistas y defensores sociales, muestra que mientras en 2019 la mayoría de los alcaldes asesinados pertenecían al nuevo partido en el poder, los territorios donde ocurrieron los crímenes permanecían bajo el control político de quienes se convirtieron en oposición.

Un caso. Era el primero de enero de 2019, cuando a instantes de rendir protesta como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, la entidad con el mayor número de activistas y defensores asesinados en los últimos casi cuatro años, asesinaron a balazos al morenista Alejandro Aparicio Santiago.

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Durante ese primer año de gobierno otros de sus colegas de partido sufrieron el mismo destino, entre ellos le siguieron David Otlica, alcalde Nahuatzen, Michoacán; Maricela Vallejo, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, y Francisco Tenorio, edil del municipio mexiquense de Valle de Chalco.

A cuatro años de distancia, los hechos muestran cómo es que los papeles en ese sentido se han invertido.

En lo que va de este año, gobernantes de Morena afianzados en estados como Michoacán, Colima, Chiapas, Guerrero y Morelos, ahora son alcaldes y legisladores locales de oposición los que han sido blanco de las agresiones.

En medio de esta dinámica se trata de entidades en las que a su vez se han incrementado los niveles de inseguridad y violencia, atribuida principalmente por la Federación y los gobiernos locales, a la pugna de grupos criminales hegemónicos como el cártel Jalisco Nueva Generación, los autodenominados Cárteles Unidos, la Familia Michoacana, entre otras escisiones.

“Nos van a seguir matando”

Una revisión de este periódico sobre el lugar donde los activistas, periodistas y liderazgos sociales fueron acallados por criticar o exigir a ese sistema político evidencia que, si bien se trata de un problema generalizado, hay entidades y comunidades donde están más focalizados estos asesinatos.

Chihuahua y Sonora forman parte de una lista de, al menos, siete estados en la que también se encuentran Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz, donde se concentran alrededor del 67 % de crímenes registrados durante 2019 a la fecha.

Así, a unos días de que se cumpla el tercer aniversario de la masacre en contra de integrantes de la familia LeBarón, ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en los límites entre Sonora y Chihuahua, en la que el agricultor y activista sufrió el asesinato de su hija Rhonita y sus nietos, en el ataque que dejó un total de nueve víctimas, seis de ellas menores de edad, Adrián LeBarón tiene claro cuál es el “cáncer” causante de esas tragedias:

“Cuando se denuncia algo siempre dicen que se vaya a los tribunales jurídicos, si uno no tiene la valentía de llevarlo al tribunal jurídico no te van a hacer caso; cuando yo descubro que hay otro tribunal, que es el mediático, y tengo más fe en la justicia que va a dar ese tribunal que cualquier pinche justicia que me pueda dar el tribunal jurídico”.

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Recurrir a ese tribunal mediático para denunciar el sistema partidista en México, en el que Adrián reitera que “el crimen organizado se infiltra en los partidos políticos y a través de ellos nos imponen a los alcaldes, o los alcaldes corruptos que deciden quién va a ser el siguiente, a eso le llamo crimen organizado”, resulta el mayor temor para quienes integran ese sistema.

“Una manera de callar a las voces de México es denostándolos, tumbándolos, diciéndoles vende patrias, traicioneros. A lo que más le teme el sistema normativo, político, social, constitucional que tenemos en México es que lo llevemos a los tribunales mediáticos y por lo tanto nos van a seguir matando”, acusó LeBarón.

¿Lo peor está por venir?

El panorama para quienes se entregan a la defensa de sus ideales, de las causas de justicia, libertad y derechos humanos no vislumbra una mejoría.

A un par de meses de culminar el año, en vísperas de honrar la memoria de quienes se adelantaron en el camino, la ruta de la muerte en México advierte que aún tiene un largo trecho por recorrer.

Con un registro de al menos 16 periodistas, más de una veintena de defensores y unos siete alcaldes y legisladores en funciones asesinados, sin considerar a exfuncionarios.

De cara al próximo año, a un nuevo proceso electoral para elegir cambio de gobierno en Coahuila y estado de México, incluyendo la renovación del Congreso coahuilense, este 2022 se ha consolidado como el más mortífero para la prensa en la historia reciente del país y está cerca de alcanzar a sus antecesores con más activistas y defensores silenciados.

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“La violencia en el 2024 va a escalar contra los opositores. Tenemos a un partido gobernando en 22 estados y se va recrudecer (la violencia) en el estado de México si hay poderes a nivel local que se opongan a esa avalancha arrolladora del régimen que busca ganarlo todo”, alertó Rubén Salazar

Sin embargo, desde la opinión de los especialistas consultados, la postura de los gobiernos y las autoridades prevalece inamovible.

Minimizar, restar importancia y enfocar el debate y la discusión hacia otros temas se consolidó como la estrategia de control de daños, apilando una muralla de impunidad, porque los responsables de estos crímenes no son detenidos.

Este 2 de noviembre las voces discordantes no podrán apagarse en el olvido.