#LaPortada Traición a Juárez

Veintisiete años después de la gran reforma de Carlos Salinas de Gortari en materia religiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un salto cuántico. Quiere eliminar la separación entre el Estado y las iglesias –a lo que no se atrevió Salinas— y acercar aún más a las asociaciones religiosas. El Presidente, que consistentemente hace evocaciones bíblicas y se rige bajo la moralidad cristiana, desea hacer la mayor transformación desde las Leyes de Reforma que se promulgaron hace 156 años.

“Es un intento de absoluta regresión del Estado laico que revierte de manera total el conjunto de medidas juaristas que regulan las relaciones entre el gobierno y las iglesias, donde se aprecia un esquema diseñado, desde hace décadas, por la Iglesia Católica, que ahora utilizará a las Evangélicas para consagrar sus intereses”, advirtió Roberto Blancarte, doctor en Ciencias Sociales y experto en el tema religioso.

Y no fue el único, Bernardo Barranco, sociólogo especialista en religiones aseguró: “Está claro que el gobierno de México quiere abrirse a las iglesias como aliados estructurales en su proyecto de República y que está enviando señales muy poderosas con los líderes de las diferentes iglesias para que se sumen a la causa de la Cuarta Transformación”.

La responsable de estas reacciones fue la senadora Soledad Luévano Cantú, presidenta de la Comisión de Administración —aliada política y muy cercana al legislador Ricardo Monreal Ávila—, quien presentó la iniciativa de ley que en 48 horas generó polémica en el ámbito político y encendió las redes sociales, lo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a deslindarse del proyecto, en su conferencia mañanera del pasado miércoles.

›Sin embargo, no es algo desconocido. Es una reforma que comenzó a gestarse desde la campaña a la Presidencia de la República. Reuniones informales entre López Obrador y ministros de culto, principalmente de iglesias cristianas evangélicas; luego con miembros del que sería su gabinete y finalmente con legisladores de Morena, le dieron forma a la propuesta.

Ahora que está terminada y para darle mayor impulso, la consulta se extendió a más líderes religiosos, especialmente evangélicos, un sector que en las próximas elecciones intermedias representará una fuerza que puede definir, en votos, contiendas municipales y algunos estados, al contabilizar cerca de 15 millones de posibles votantes de esta extracción.

De aprobarse estas modificaciones, los pastores y asociaciones religiosas podrán tener exposición pública y cercanía con el gobierno, algo que eliminó las Leyes de Reforma. Podrán organizar manifestaciones públicas y celebraciones de culto fuera de sus templos, sólo avisando a las autoridades; y transmitir sus mensajes por todos los medios masivos de comunicación.

Además, las iglesias podrán celebrar convenios de colaboración con dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y oficinas públicas como reclusorios o instalaciones de las Fuerzas Armadas, centros de salud y migración, podrán recibir “asistencia espiritual” de ministros de culto, y ya podrán solicitar reconocimiento y validez oficial de sus estudios teológicos ante la autoridad.

Estos cambios históricos, a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, desde el 11 de diciembre cobraron forma en el Senado. El documento de 52 páginas se turnó desde entonces a las comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, y se planeaba enviarlo al Pleno, para su aprobación, en este periodo de sesiones.

Para justificar los cambios que propone la bancada de Morena en el documento se ofrecen dos argumentos: colocar la libertad religiosa como un derecho humano y la necesidad de contribución y colaboración “en tareas comunes de beneficio social” ante los fenómenos de violencia que existen en el país.

“Al lado de estos avances de la sociedad y del mundo contemporáneo, de manera cada vez más preocupante, constatamos la realidad de otros procesos que amenazan con clausurar no sólo el progreso sino la existencia misma de la sociedad y del Estado.

“Procesos de violencia, criminalidad, delincuencia en sus diversas manifestaciones, corrupción, debilitamiento del tejido social, drogadicción, trata de personas y suicidio, migración, entre otros, nos ponen ante una emergencia que requiere la colaboración de todos y en particular de las energías más arraigadas en el corazón del pueblo, donde las convicciones éticas, religiosas y de conciencia son una fuente para la recuperación y el fortalecimiento de nuestra sociedad”, plantea la exposición de motivos.

Entre pastores y votos

Durante su campaña a la Presidencia de la República, López Obrador sostuvo reuniones con el dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, quien le prometió “votos evangélicos” y con quien finalmente firmaría una alianza a cambio de cargos en la administración pública y escaños para los pesistas.

Una vez ganadas las elecciones, para julio de 2018, Olga Sánchez Cordero —antes de tomar posesión como secretaria de Gobernación—, se reunió con un grupo de pastores y líderes evangélicos donde escuchó sus necesidades y propuestas, y se comprometió a canalizarlas a las instancias adecuadas.

En paralelo López Obrador se reunió sólo con la jerarquía católica y representantes judíos. Ya instalado en el Palacio Nacional ha recibido en varias ocasiones al pastor Arturo Farela Gutiérrez, líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), quien ha ofrecido repartir la Cartilla Moral y servir como promotor del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Por su parte, el senador Monreal Ávila ha sostenido repetidos encuentros con pastores evangélicos desde que aspiraba a ser Jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Después del triunfo de López Obrador, y ya instalado como senador, Monreal Ávila recibió el 10 de julio pasado a ministros de culto de varias denominaciones, para informarles su disponibilidad de hacer cambios a la Ley de Asociaciones Religiosas.

Los ministros de culto le plantearon entonces diversas modificaciones, entre ellas, ser propietarios de estaciones de radio y televisión; tener un trato especial en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el reconocimiento académico de los estudios en Teología que reciben los pastores, y recibir apoyo de parte del gobierno en las tareas asistenciales que realizan.

A partir de ese momento se comenzaron a construir propuestas y consensos, al utilizar a varios grupos y redes de ministros de culto y conocedores del tema religioso. Monreal Ávila instruyó a un pequeño grupo de sus compañeros de bancada para elaborar una serie de modificaciones “sin trastocar el Estado laico” que se vive en México.

Fue así que con López Obrador las relaciones entre las iglesias y el Estado dieron un giro, luego de que sus antecesores Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña habían privilegiado exclusivamente a la jerarquía católica, al proveer para sus actividades recursos materiales, políticos y económicos, mientras que las demás asociaciones religiosas fueron menospreciadas, incluso en el trato institucional, de acuerdo a lo que han expresado los líderes religiosos.

Ahora, para que la reforma cuente con el consenso e impulso de las iglesias, desde el Senado se envió la semana pasada el documento a una serie de personajes y organizaciones, para que aporten sus ideas mientras que se discute en sus comisiones.

Por ejemplo, el articulado comenzó a discutirse en un chat de WhatsApp, en el que participan el actual director General Adjunto de Asuntos Religiosos de Gobernación, Jorge Lee Galindo; quien fuera uno de los primeros directores de esa misma área en 1993; Nicéforo Guerrero Reynoso, pastores como Abner López Pérez, exdirector de la Sociedad Bíblica de México; Benjamín Rivera Leos, del Centro Familiar Cristiano, entre más de tres docenas de participantes, quienes después de intercambiar ideas y llegar a acuerdos se dijeron listos para entrevistarse nuevamente con Monreal Ávila y que sea Morena la promotora de esta etapa de relaciones entre las iglesias y el Estado.

Juárez, al clóset

En la justificación para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el documento de la iniciativa alude por primera y única ocasión al eje rector de las leyes juaristas de Reforma, al apuntar que “El principio de separación del Estado y las iglesias no impide la contribución y colaboración recíprocas en tareas comunes de beneficio social, respetando los respectivos ámbitos de competencia”.

Una de las exposiciones del documento apunta a que el derecho a la libertad religiosa “protege al creyente y al no creyente por igual y delimita el ámbito de la eventual objeción de conciencia”. Entonces, el concepto del derecho humano de la libertad religiosa es explicado como “la libertad que toda persona posee para decidir sobre sus convicciones de conciencia en materia del significado último de la vida sin coacción”.

34 artículos de la actual Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sufrieron modificaciones, adiciones o se derogaron.

Para Roberto Blancarte, sociólogo de las religiones y creencias de El Colegio de México, “en caso de aprobarse estas propuestas estaríamos ante un retroceso de 180 grados de la laicidad mexicana y el fin de la separación entre el gobierno y las iglesias. “Sería el inicio de un Estado pluriconfesional… y una absoluta regresión hasta antes de las Leyes de Reforma”.

Ariel Corpus, profesor de Antropología de la UNAM e integrante de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, consideró que las Iglesias —sobre todo las de corte protestantes— llegarían a ser un aliado para el actual gobierno. “Hay temas como el ‘bienestar espiritual de la sociedad’ que ha sido recurrente en los discursos y conferencias mañaneras del Presidente de la República, lo que al mismo tiempo significa un peligro, porque al abrir espacios a los ministros de culto en los medios se abre también la posibilidad de adoctrinar por parte de Iglesias de tipo proselitista que podrán comprar espacios en medios imponiendo parámetros moralistas en México, con aval gubernamental (…) Es una propuesta para tratar la moralidad como un asunto de política pública”, consideró.

La propuesta para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto público levantó suspicacia por las reformas a los artículos contrapuestos a la Constitución y al principio de la separación de las iglesias y el Estado.

Pero el riesgo está también en dos aspectos, según lo advirtió Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas, quien calificó la propuesta de ley de “regresiva y peligrosa”, pues la reforma sustenta la laicidad del Estado en función de la libertad religiosa y la “absolutiza”.

La iniciativa, añadió el experto, suprime la separación histórica promulgada desde el Siglo XIX, siendo la aportación más importante del presidente Benito Juárez en la construcción del Estado moderno mexicano; y como muestra apuntó al primer artículo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en el que se deroga el párrafo que hace referencia al principio de separación entre ambas instituciones.

Si bien la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es una norma secundaria, como tal no puede estar por encima de la Constitución Política, por lo que estos cambios involucrarían otra reforma, esta vez a la Carta Magna, añadió.

Su argumento reside en que la propuesta de ley exalta el artículo 1 en materia de Derechos Humanos y el artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa, pero “de manera mañosa”, pues deja de lado dos artículos centrales: el artículo 40 que manifiesta que en México es una república laica y el 130 que establece la existencia de una separación histórica entre las iglesias y el Estado.

La iniciativa de ley también tiene una postura ambigua frente a lo político por ser reduccionista, aseveró Barranco, pues concibe a la polis hacia lo político-electoral, cuando el ejercicio de la política va mucho más allá de eso; sin embargo, deja abierta la posibilidad para que las iglesias se expresen y movilicen en torno a temas de interés público, aspecto que también puede considerarse político.

“La Cuarta Transformación, el gobierno y, sobre todo, López Obrador están exagerando al pensar que las iglesias serán un factor de coadyuvancia a la crisis de valores (…) recibir principios religiosos desde la escuela no garantiza la honorabilidad y las buenas costumbres; al contrario, es una amenaza”, añadió el sociólogo.

RECTIFICAR. Tras el revuelo por la iniciativa, Soledad Luévano aseguró en Twitter que solicitó al Senado que sea debatida en parlamento abierto.

Apoyado en la historia nacional, Barranco indicó que en México han sucedido tres guerras religiosas internas y fratricidas en las que lo religioso ha jugado un polo, generalmente conservador, y en las que ha perdido: la Guerra de Reforma en la que se impuso la ley Juárez, la invasión francesa, casi inmediatamente después, y la Guerra Cristera. “Fueron tres guerras sangrientas que justifican por sí mismas la separación histórica y que se plasmó en el artículo 130 de la Constitución”, comentó.

Para Hugo Sánchez Gudiño, experto en temas constitucionales de la UNAM, esta iniciativa es de las más ambiciosas que se presenta en los últimos años después de su promulgación el 15 de julio de 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, para normar la relación del Estado con la Iglesia.

Este “es un choque frente al juarismo”, afirmó, pues las Leyes de Reforma, promulgadas entre 1855 y 1863, establecieron candados para que la Iglesia se acotara a los aspectos políticos del país, contrario a lo estipulado en la nueva iniciativa de Morena.

Si bien es una ley compleja en su esencia, “desde el punto de vista pragmático hay una sincronía y hasta coherencia con los postulados del actual gobierno con la Iglesia”, refirió.

La iniciativa suprime la separación promulgada desde el Siglo XIX: Juárez es quien inserta la separación entre las iglesias y el Estado, la aportación más importante en la construcción del Estado moderno”. Bernardo Barranco sociólogo especialista en creencias religiosas.

La ley, apuntó Sánchez Gudiño, obedece a la señal de los tiempos y a una visión global de las asociaciones religiosas, principalmente evangélicas. Un ejemplo de ello estuvo en Brasil, donde Jair Bolsonaro llegó al poder con la ayuda de estas agrupaciones.

En México, un grupo importante de asociaciones religiosas dieron su apoyo al entonces candidato López Obrador. “Esta iniciativa de alguna manera es una correspondencia a ese apoyo (…) les abre más libertades de participación a todas las iglesias de manera legal y para tener más presencia”.

Para Eduardo Sarmiento Gutiérrez, coordinador del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica (Cefilibe) y miembro del Observatorio Filosófico de México (OFM), esta iniciativa de ley contiene un fuerte riesgo.

›El experto en temas religiosos explicó que la alarma reside en el retroceso de la laicidad en el Estado mexicano, al tener una reforma escrita con términos muy ambiguos que mezcla la moralina con la carencia de una consulta con científicos, principalmente especialistas en bioética que ayuden a definir el orden civil y la divinidad como carácter instrumental de la religión.

Jugada estratégica

Para el miércoles 18 de diciembre, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador mostró su rechazo por la iniciativa. “Ese tema no debe tocarse, lo digo con mucho respeto a la diputada que tiene, a la senadora, que tiene todo su derecho (...) eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio, creo que eso se resolvió, la separación del Estado y la iglesia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.

Así, el jefe del Ejecutivo se deslindó de una modificación al principio de la separación Iglesia-Estado, que podría provocar confrontación, pues cuando Benito Juárez —a quien señala como el mejor presidente de México— promulgó las Leyes de Reforma, se motivó una invasión extranjera.

Pero esta iniciativa no surgió de la sola voluntad de legisladora Luévano Cantú, de extracción morenista, que si bien se ha definido en varias ocasiones como “guadalupana”, su carrera política es cercana Ricardo Monreal, desde que se desmarcó del PRD, hace más de 15 años.

La senadora comenzó su carrera política en el PRI en la década de los 80. Veinte años después se adhirió al Partido del Trabajo, aunque para 2016 fue postulada por Morena para alcanzar la alcaldía de Zacatecas.

En sus años recientes de carrera, la senadora ha sido identificada como pieza importante del líder de la bancada morenista en el Senado. Por ejemplo, cuando Monreal asumió la gubernatura de Zacatecas, la designó directora de compras de la Oficialía Mayor, un puesto clave, hasta el fin de su gobierno en 2004. Ya antes, entre 2006 y 2010, Luévano Cantú entonces se convirtió en directora de la Unidad de Patrimonio y Finanzas del Partido del Trabajo, en el que el ahora senador militaba. RB