La inédita elección judicial, celebrada el pasado 1º de junio, marcó un antes y un después en la historia institucional de México. Por primera vez, la ciudadanía eligió de manera directa a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación PJF). El Instituto Nacional Electoral (INE) logró cumplir, en tiempo y forma, con un complejo operativo nacional, pero los efectos del proceso trascienden lo logístico y plantean preguntas cruciales para el futuro del sistema electoral y la democracia mexicana.
Desde una perspectiva operativa, el INE demostró nuevamente su capacidad técnica: completó los cómputos distritales sin contratiempos mayores y avanzó con eficacia en la entrega de constancias. Sin embargo, el entorno político y social en que ocurrió esta elección convirtió ese logro en un triunfo agridulce. La abstención del 87% dejó al descubierto una profunda desconexión entre el nuevo modelo de elección judicial y el interés ciudadano.
A lo anterior se añaden señalamientos de irregularidades que comprometen la percepción de legitimidad del proceso: reparto de “acordeones” con nombres afines a un solo partido, boletas marcadas en distintos estados, y denuncias de inducción del voto. Aunque el INE ha defendido la validez legal del proceso, su imparcialidad quedó atrapada en una narrativa polarizada. Se le acusa, en algunos sectores, de haber avalado un ejercicio promovido desde el poder político como mecanismo de control institucional. En este contexto, el Instituto no solo debe defender su desempeño técnico, sino replantear su estrategia comunicacional y reafirmar su autonomía frente a una opinión pública dividida.
Pero el mayor reto se proyecta hacia la conformación del nuevo Poder Judicial. Las impugnaciones comenzarán a definir el verdadero desenlace de la elección, al tiempo que los perfiles electos generan reacciones encontradas. La llegada de personajes cuestionados, incluso con vínculos religiosos o antecedentes penales, pone en duda la eficacia del sistema de filtros y certificación de candidaturas. Aunque la elección de figuras como Hugo Aguilar Ortiz a la SCJN ha despertado ciertas esperanzas, el riesgo de que la ciudadanía perciba a este nuevo Poder Judicial como una extensión del poder político es real y preocupante.
De cara a 2027, el INE deberá reconstruir su credibilidad a partir de un diagnóstico profundo que permita blindar los procesos electorales de cualquier injerencia ajena al interés ciudadano, y en cómo garantizar que el voto ciudadano se traduzca en legitimidad para los cargos judiciales. La democracia no solo se mide por la capacidad de contar votos, sino por el grado en que las elecciones reflejan una voluntad auténtica y libre. Y eso exige rediseñar las reglas, revisar las condiciones de participación, y debatir el modelo mismo de elección judicial.
En este escenario, la defensa del INE como órgano autónomo y profesional debe convertirse en una causa nacional. Más allá de los errores o aciertos del presente, está en juego la arquitectura institucional que ha dado forma a nuestra democracia. La elección judicial de 2025 fue un punto de inflexión: la historia juzgará si fue un ensayo fallido o el inicio de una transformación democrática auténtica. Lo que hagamos —o dejemos de hacer— en los próximos años determinará esa respuesta.
