Por Ali Winston *
La “M” y la “S” que Carlos se tatuó en el brazo con una máquina casera cuando era adolescente en la ciudad de Guatemala eran parte de una vida diferente. Durante su adolescencia, a mediados de la década de 1990, Carlos, que pidió que su nombre real no fuera usado, se juntaba con los deportados de Los Ángeles que habían absorbido la cultura pandilleril del sur de California y habían llevado un poco de La 18 y la Mara Salvatrucha de Los Ángeles a América Central. Carlos y su hermano se unieron a la clica Normandie Locos de la Mara Salvatrucha, también conocida en Estados Unidos como la MS-13, y se hicieron tatuajes que marcaban su pertenencia a la pandilla. Se unieron porque eso los volvió popular con las chavas, dijo Carlos, y la mayoría de sus amigos de la infancia también eran parte de la clica.
La policía guatemalteca adoptó un enfoque severo de aplicación de la ley a finales de 1990, y Carlos resultó herido en tres tiroteos independientes con agentes en la ciudad de Guatemala. Su hermano murió a manos de la policía en septiembre de 2000, de acuerdo con una declaración jurada que Carlos presentó ante la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles.
Después de la muerte de su hermano, Carlos dijo que fue torturado por la policía guatemalteca. “La policía me puso ‘the hood’ [la capucha]”, lo que significa que me asfixiaban con una cámara de llanta en la cara hasta que estaba a punto de desmayarme”, escribió en la declaración. “Me amarraron de pies y manos y me golpearon”.
Según el relato de Carlos, después de su liberación, decidió huir a Estados Unidos. Pasó un mes viajando por México y llegó a California en marzo de 2001, sin visa. Desde hace dos años, trabajó como jornalero, viviendo en las calles, en refugios y en parques de la zona de Westlake de Los Ángeles, en donde guatemaltecos y salvadoreños se han reunido desde la década de 1980.
Durante sus primeros años allí, Carlos dijo que no tuvo ningún contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), una afirmación apoyada por los registros policiales. Eso cambió el 30 de abril de 2004, cuando fue detenido por agentes de la unidad de narcóticos de la estación Wilshire. La policía tomó nota de los tatuajes de sus brazos y le preguntaron si era miembro de una pandilla. Carlos recuerda haber dicho a los oficiales que había estado involucrado con MS-13 en Guatemala pero no tenía nada que ver con ellos en Los Ángeles.
“Admitió haber pertenecido a la MS-Normandie durante nueve meses con el apodo de Moreno”, se lee en el registro correspondiente del archivo de Carlos en CalGang, una base de datos estatal sobre presuntos pandilleros.
Los oficiales tomaron fotos de su cara y tatuajes y le entregaron una copia de una orden judicial que formaba parte del mandato judicial, un muy controvertido Programa de Reducción de Molestias Públicas, algo común en California y otros estados que limita la capacidad de un individuo para estar en ciertas áreas y asociarse con ciertas personas que, se considera, están involucradas en pandillas. Más tarde esa misma noche, Carlos fue visto en la calle por dos agentes de policía después de 10 p.m., al menos uno de los cuales era uno de los oficiales que lo había detenido antes. Lo detuvieron por violar el toque de queda, una disposición del programa para combatir a la MS-13. Durante el siguiente año y medio, Carlos fue detenido dos veces más por violar la orden judicial al reunirse con otros miembros documentados de la banda, aunque él afirma que los hombres con los que se le acusaba de asociarse habían sido detenidos por separado y eran completamente desconocidos para él.
“Barrieron a mi cliente, lo asediaron y lo acusaron de asociarse con los otros hombres que habían detenido”, dijo Erika Pinheiro, una abogada que actualmente colabora con el Centro de Recursos Centroamericanos y quien representó a Carlos durante sus audiencias de inmigración.
❝Era una práctica común en 2004 asediar a todas las personas hispanas en el parque y averiguar a quién podían aplicarle la orden judicial❞.
La tercera vez que fue detenido, en agosto de 2005, Carlos no refutó un delito menor, pasó 30 días en la cárcel y fue puesto en libertad condicional. Después de su liberación, regresó a trabajar y terminó su libertad condicional. Sin embargo, la unidad anti pandillas continuó deteniéndolo y registrándolo aproximadamente 20 veces, según su declaración. Él nunca fue arrestado de nuevo.
En marzo de 2011, Carlos se dirigía al gimnasio cuando fue detenido por dos agentes anti pandillas de la LAPD. “Me dijeron: ‘Estos hombres quieren hablar con usted’”, recuerda Carlos, quien dijo que los agentes estaban acompañados por dos hombres vestidos de civil. Esos dos desconocidos eran agentes de la división de Investigaciones sobre Seguridad Nacional de la Fuerza de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), llevaban a cabo una operación conjunta de combate a las pandillas con la policía de Los Ángeles. “Me preguntaron si tenía algún estatus legal, y dije que no quería responder sin la presencia de un abogado”, Carlos afirmó en su declaración.
›Cuando los agentes de ICE entrevistaron a Carlos, le preguntaron en repetidas ocasiones cuándo y por qué se unió a la MS-13. “Le expliqué de nuevo que ya no era un miembro de la banda y nunca había sido uno en Estados Unidos”, dijo Carlos en su declaración.
Después de la entrevista, Carlos fue trasladado al Centro de Detención de Mira Loma, ahora cerrado. En ese punto, enfrentaba una deportación a Guatemala, de donde había huido una década antes. La historia de Carlos no es una excepción. Más de una década de operaciones de combate a la pandillas por parte del ICE se ha traducido en más de 40 mil detenciones “relacionadas con pandillas” y 8 mil armas de fuego incautadas, según la agencia. Al incluir a acompañantes, amigos, familiares y otras personas que conocen a miembros documentados de las banda como “asociados” –una categoría de clasificación menor que implica algún tipo de contacto o conocimiento de la actividad de las pandillas–, el ICE infla el número de individuos relacionados con detenciones pandilleriles.
LOS OFICIALES DE POLICÍA E INMIGRACIÓN en Estados Unidos sostienen que las pandillas transnacionales como la Mara Salvatrucha y La 18 son serias amenazas para las comunidades estadounidenses. Engendradas en la década de 1980 en Los Ángeles, las bandas, en gran parte alimentadas por inmigrantes centroamericanos, fueron detenidos y deportados en masa por las autoridades estadounidenses en la década de 1990. Las bases de datos de esas pandillas ahora son utilizadas por los funcionarios de inmigración y la policía del estado, quienes aprovechan los esfuerzos del gobierno de California, que en la década de 1990 digitalizó los informes de la policía, las identificaciones de los detenidos y otras evidencias que indicaban su participación en pandillas. Las autoridades federales dependían de las agencias locales y estatales para reunir inteligencia sobre los miembros de las pandillas, según Claude Arnold, ex subdirector adjunto de operaciones de la división de Investigaciones sobre Seguridad Nacional del ICE.
Como un agente de inmigración joven recién salido de la universidad en Phoenix durante la década de 1990, Arnold fue testigo de primera mano de cómo el Departamento de Policía de Phoenix llevaba un registro electrónico de información completa sobre las pandillas, con apodos y fotografías optimizadas para el reconocimiento facial. “Las claves para la vigilancia pandilleril era interrogar a los miembros de la pandilla en la calle, interrogarlos después de las detenciones y la recolección de inteligencia para determinar la complejidad de su involucramiento criminal”, dijo Arnold. “Para que sea eficaz, tiene que empezar desde abajo. No irás a ningún lado si no recoges inteligencia de primera mano de los miembros de la pandilla en la calle, y los oficiales que trabajan con pandillas locales hacen eso más que nadie”.
A finales de 1990, la policía notó una migración de miembros de bandas y de actividad de Chicago y Los Ángeles, áreas con largas tradiciones pandilleriles, a otras regiones en el Medio Oeste. “Cuando LA se volvió más severa y California aprobó una ley de tres avisos, empezamos a ver a pandilleros de Los Ángeles en Phoenix”, dijo Arnold. Usando el ejemplo de Nebraska, Arnold describió cómo “miembros radicales” de la pandilla La 18 de Los Ángeles fueron apareciendo en Omaha.
Durante su tiempo con el ICE, Arnold conoció la Operación Escudo de la Comunidad (OCS), un programa para combatir a las pandillas lanzado en 2005. Los miembros indocumentados de las pandillas podrían ser deportados, incluso si no tenían antecedentes penales, y si regresaban a Estados Unidos serían acusados de un delito grave. “Tienes tiene que aplicar la política de tierra quemada a las pandillas, tolerancia cero de verdad”, dijo Arnold. Como parte de la OCS, el ICE ha adoptado una de las estrategias anti pandillas pioneras en California e implementó una base de datos sobre pandillas de todo el país. Conocida como ICEGangs, la base de datos contiene información sobre un número desconocido de “presuntos y/o confirmados miembros de pandillas”.
Los abogados y defensores de los migrantes sostienen que ser clasificado como un miembro de una banda en los procedimientos de inmigración afecta directamente la capacidad de un acusado para declarar en su caso. Los abogados de Seguridad Nacional con frecuencia retratan a los miembros de las pandillas como amenazas a la seguridad pública, colocando sus formas migratorias I-213 –el equivalente de una demanda en su contra en la corte de inmigración– en carpetas de colores para connotar el riesgo, y piden a los jueces proceder en su contra. La participación en una pandilla es también uno de los criterios usados para denegar peticiones de suspensión de deportación a través de la Acción Diferida para la Llegada de Infantes, un proceso federal que permite a los inmigrantes indocumentados permanecer en Estados Unidos. ›Las consecuencias no se detienen en la frontera: El abogado de Carlos, Pinheiro, dice que el ICE comparte información sobre los deportados afiliados a una pandilla con las autoridades de América Central o México.
Allí, los deportados “enfrentan una probabilidad alarmante de asesinatos extrajudiciales en su país de origen” por parte de la policía o las pandillas locales, de acuerdo con un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine. En California, la base de datos del estado sobre pandillas ha sido acusada en los últimos años de ser inexacta, registrando de manera desproporcionada a hombres jóvenes de color como parte de una pandilla sin proveer una forma de verificar o apelar la asociación con una banda. En 2013, la legislatura estatal aprobó una ley que daba a los menores el derecho a ser notificados o apelar su inclusión en CalGang. Un esfuerzo similar para adultos se abre paso desde Sacramento, la capital del estado.
Documentos de la compañía ahora conocida como CSRA, que desarrolla la plataforma de software GangNet para ICEGangs y CalGang, revelan que la policía registra la nacionalidad de un individuo en el archivo electrónico. Los agentes de inmigración con acceso a la base de datos pueden crear, buscar y compartir archivos individuales sobre los individuos involucrados con una pandilla.
Bajo las leyes establecidas por la administración de Obama, que buscan permitir a algunos residentes indocumentados permanecer en EU, las personas que figuran como miembros de una pandilla tienen una alta prioridad de deportación. Ser vinculado con una pandilla en cualquiera de las dos bases de datos, ICEGangs o CalGang, es utilizado por los abogados del gobierno durante las audiencias para solicitar que no se conceda el derecho de permanencia a los detenidos indocumentados, ya que representan amenazas para la seguridad pública. En las audiencias en la corte de inmigración, los detenidos comparecen ante un juez y no tienen derecho a un abogado designado.
García-Leys atestiguó ese hecho de primera mano. “Yo estaba representando a un individuo en su audiencia que había recibido una advertencia judicial, ya había tenido una audiencia de fianza y se le negó la fianza, en parte debido a su pertenencia a una pandilla”, dijo.
García-Leys obtuvo más tarde una copia de la forma I-213 de su cliente, que es llenada por un funcionario de inmigración cuando detiene a un extranjero. “Así que la leí y en letras mayúsculas decía que mi cliente era miembro de una pandilla”, dijo.
García-Leys y dos profesores de Derecho de la Universidad de California Irvine investigaron el uso de la clasificación de las pandillas en las audiencias de inmigración y descubrieron que, sin evidencia de apoyo, la información en el formulario I-213 de su cliente fue ignorada en gran medida por el tribunal porque su cliente no puede revisar y refutar los hechos que apoyaban esa clasificación. García-Leys ganó la fianza para su cliente. (La fianza finalmente no garantiza la protección; cuando el cliente no pudo pagarla, fue deportado.) Pero García-Leys y sus colegas querían averiguar cómo es que llegaba a la corte la clasificación pandilleril en primer lugar. “Obviamente, la abogada del Departamento de Seguridad Nacional no había hecho ninguna investigación, ella sólo tenía una hoja que decía que este cliente era miembro de una pandilla. Entonces, ¿cómo ocurrió eso?”.
García-Leys dice que su cliente, al igual que Carlos, ya no era un miembro de la banda. “Nadie tenía la menor idea de cómo o por qué las autoridades afirmaban que lo era”, dijo.
Los abogados de inmigración vieron esta misma situación durante otros innumerables casos.
El ICE no respondió a preguntas específicas o la solicitudes de información sobre el número de personas registradas en ICEGangs. Sin embargo, los comunicados de prensa del ICE muestran que la agencia aumenta el número original de miembros de pandillas detenidos en sus incursiones al combinar a pandilleros y a “asociados” (el ICE dice que 2 mil 802 personas deportadas en 2014 fueron clasificadas como miembros sospechosos o confirmados de una pandilla; En 2015, la cifra fue de mil 40). Durante el Project Shadowfire, una operación de cinco semanas que finalizó en marzo de 2016 y dio lugar a mil 133 detenciones en todo Estados Unidos, “más de 900 miembros de bandas delictivas transnacionales y otros asociados a la actividad criminal transnacional” fueron detenidos, de acuerdo con el ICE. Durante otro operativo anti pandillas que terminó en marzo de 2015, llamado Project Wildfire, 976 “pandilleros y asociados” fueron detenidos por agentes del ICE en 1,207 detenciones totales.
* Ali Winston cubre temas sobre justicia penal y vigilancia. Sus reportajes han sido premiados y han aparecido en varios medios de comunicación regionales y nacionales en Estados Unidos. Originario de Nueva York, Ali se graduó de la Universidad de Chicago y la Universidad de California, Berkeley. Vive en Oakland, California. @awinston
