Panamá vuelve a verse afectada por protestas de grupos sindicalistas, gremios docentes y algunas organizaciones de la sociedad civil. En octubre de 2023 las protestas motivadas por la exigencia del cierre de la mina de cobre y la insatisfacción de un gobierno ausente, terminaron con la pérdida de un 5% del Producto Interno Bruto y al cierre de 2024, con un desempleo del 9.5%, una informalidad de 49.3% y un déficit fiscal de 7.4%.
Ahora las protestas tienen como causa la lucha contra la Ley 462 sancionada el 18 de marzo de 2025 que reforma la Caja del Seguro Social, institución encargada de administrar los fondos de pensiones de todos los panameños. A esto también se le suma, en menor grado, la firma de un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos de América.
Van más de 20 días de protestas en los cuales según el director de la Policía Nacional se han reportado más de 480 cierres de calle en todo el país. Esta nueva situación, trae un amargo recuerdo a los ciudadanos del país, en especial al sector empresarial, el cual en 2023 vio quebrar el 10% de las pequeñas y medianas empresas producto de las manifestaciones y cierres de vías.
Hasta este momento, se ha reportado que producto de estos cierres se pierden alrededor de 90 millones de dólares diarios, lo que se traduce en unos 1890 millones de dólares perdidos. Además, la empresa Chiquita (productora de banano) ubicada en la provincia de Bocas del Toro ha tenido que reducir sus operaciones y se estima que unos 7,000 empleos directos estarían en peligro. Esto ciertamente amenaza con una nueva ola de cierres de empresas y despidos lo que terminaría empeorando el bienestar social y las finanzas del Estado.
Las protestas hoy, como en el pasado, están lideradas por un grupo minoritario que en las pasadas elecciones su candidato presidencial no obtuvo más del 1% de los votos. Pese a esto, estos grupos conformados en su mayoría por distintos sindicatos y gremios, se atribuyen el nombre de “defensores de los derechos del pueblo” y que su lucha es contra la nefasta ley del Seguro Social y contra el “dictador”, el actual presidente José Raúl Mulino.
Ya anteriormente se han puesto la capa de los defensores de la justicia social y de los desprotegidos, usándolo como escudo para llevarnos a una situación de caos y terror, por medio de la violencia y la intolerancia, lo que ha terminado en un atentado contra derechos fundamentales como son la vida, la propiedad y la libertad. Ese es el caso de los daños materiales producto de los cierres de calle, la incapacidad de poder ejercer el derecho a trabajar y traer el pan a la mesa, y por último el lamentable daño a la vida de una niña de 4 años, que se encuentra en estado delicado.
Como bien dijo Popper sobre su paradoja de la intolerancia, es que no puede existir una tolerancia ilimitada, porque al final, el intolerante carece de principios morales. Simplemente quiere imponer sus formas de pensar a los demás sin importar los medios que deba usar. Este es el caso de Panamá, donde una minoría quiere imponernos un sistema de pensiones que debemos aceptar sin criticar porque ellos “lo hacen por nuestro bien”.
