Más comunidades indígenas son obligadas a desplazarse

29 de Abril de 2024

Más comunidades indígenas son obligadas a desplazarse

Un grupo civil armado procedente de Pechton Icotsilh desplazó a 65 personas de San Antonio Patbaxil y mantiene en sitio a tres comunidades más

Comunidades indígenas tzeltales de Chilón y Sitalá han sufrido una “escalada de violencia y el desplazamiento forzado” debido a que en las últimas horas grupos civiles armados han provocado terror “con la complicidad, tolerancia, aquiescencia y omisión de las autoridades gubernamentales”.

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (Cediac) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunciaron que, a más de año y medio del desplazamiento forzado de 125 personas de la comunidad tzeltal de Carmen San José, en Chilón, el mismo grupo civil armado procedente de Pechton Icotsilh desplazó esta semana a 65 personas de San Antonio Patbaxil y mantiene en sitio a tres comunidades más: Juan Sabines Verapaz y Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón, así como Santa Cruz, en Sitalá.

Detallaron que la violencia en la región escaló el 3 de junio de 2018, cuando un grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán, en Carmen San José.

“Urgimos al Estado mexicano a implementar medidas que garanticen la vida, seguridad e integridad de mujeres, niñas, niños y hombres en riesgo que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad sin ayuda humanitaria”, detallaron en rueda de prensa.

Se presentó la denuncia ante la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Chilón, Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, -de acuerdo a las organizaciones- el Estado mexicano no cumplió con la obligación de proteger y garantizar la seguridad de la población.

El gobierno en sus tres niveles, subrayaron, no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar que siga escalando la crisis de derechos humanos de los habitantes de pueblos originarios.

“Reiteramos que las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción”, puntualizaron ambos centros. RB