El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene un gran porcentaje de irregularidades en la muestra que fiscalizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según el documento de la tercera entrega ejercicio fiscal 2022, el Infonavit no pudo aclarar 379 millones 731.7 mil pesos, que corresponde al 25.6% de una muestra de mil 485.7 millones de pesos.
Conforme a la investigación forense, se hicieron mal uso de estos recursos; y detalló en qué casos fueron detectadas las malas praxis:
*Realizó pagos por un total de 187 millones 480.2 miles de pesos sin contar con la documentación que acredite la validación de los entregables de los “servicios de centro de contacto”. Esto significa que se efectuaron pagos significativos sin la debida comprobación de que los servicios contratados se hayan entregado y/o ejercido conforme a lo acordado.
*El Infonavit pagó un monto de 7 millones 284.4 miles de pesos, utilizando fondos del ejercicio fiscal 2022, por servicios de consultoría y servicios administrados para contingencias operativas o desastres, devengados en el ejercicio fiscal 2021, cuando no existe evidencia de una coordinación entre un ejercicio y otro con los debidos controles.
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*Desembolsó 97 millones 930.4 miles de pesos por 141 servicios sin tener la documentación y validación de los resultados entregables que confirmen su prestación. Esta falta de documentación compromete la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
*Realizó pagos por un importe de 3 millones 3.8 mil pesos sin presentar la evidencia documental que confirme el uso total de las licencias de la solución “Secure Transport”, ya que este servicio esta subutilizado y sólo se aprovecha en el 2.1% de los equipos. Esta situación señala una gestión ineficiente de los recursos destinados a la adquisición de licencias de software, lo que genera un desperdicio de fondos públicos.
*Además, efectuó pagos por un total de 84 millones 32.9 miles de pesos sin contar con la documentación que justifique la prestación de los servicios relacionados con los objetivos de los convenios de reconocimiento de adeudo y no se dispone de la documentación que demuestre la legitimidad jurídica de dichos contratos dentro del marco normativo del Infonavit.
La ASF informó que el Infonavit cumplió con la normativa establecida; Sin embargo, tuvo faltas que debe aclarar.
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