Más de 256 millones de pesos es el monto pendiente por aclarar de las irregularidades detectadas en los contratos del sistema de Prevención y Readaptación Social.
De acuerdo a la auditoría forense en la adquisición de bienes y prestación de servicios del organismo encargado de administrar los penales federales, la realización de pagos sin comprobar que se hayan prestado los servicios contratados es la principal causa de las irregularidades.
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Por lo que en el marco de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un monto total de 256 millones 355 mil 138 pesos pendientes de aclarar por el sistema de Prevención y Readaptación Social.
El probable mayor daño al erario se detectó en los reembolsos por más de 199 millones 773 mil pesos que hizo el sistema penitenciario federal por el consumo de servicios de luz, gas, diésel y agua, de los cuales no se contó con la documentación que acreditara los consumos diferenciados con los proveedores.
En ese sentido se detectó un reembolsó por 147 mil pesos al proveedor Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V. de los servicios por el concepto de “Cargo Factor de Potencia”, el cual se genera al usuario, es decir al sistema de Prevención y Readaptación Social, por el desaprovechamiento de la energía eléctrica que demanda y no utiliza.
De igual manera el organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no logró comprobar el pago de 31 millones 970 mil pesos en la aplicación de deductivas derivadas de 213 incidentes que al cierre del ejercicio fiscal 2022 estaban en proceso.
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Según la ASF, Prevención y Readaptación Social generó un probable daño por el pago de 13 millones 619 mil pesos, al no contar con las evidencias de que se hayan prestado los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo -menor y mayor- al sistema de circuito cerrado de televisión del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 4 “Noroeste”.
También se detectaron pagos sin comprobar por más de 8 millones 006 mil pesos en la contratación de los “servicios de lavandería, limpieza e higiene” al proveedor Rapax, S.A. de C.V., en los inmuebles del sistema penitenciario.
Así como los pagos por más de 2 millones 838 mil pesos sin haber acreditado el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular multimarcas de la institución.
La serie de irregularidades detectadas por la ASF se habrían derivado de los contratos por adjudicación directa celebrados entre 2010-2011 para la supuesta remodelación de ocho centros penitenciarios, cuya vigencia es de 22 años.
En total, la Auditoría determinó siete recomendaciones, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, dos solicitudes de aclaración, seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; así como cuatro pliegos de observaciones. JND
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