Con 30 asesinatos de ambientalistas en 2020, México se colocó como el segundo país más letal del planeta para las personas defensoras del medio ambiente y el territorio, de acuerdo con el informe de la organización Global Witness.
En el contexto nacional no sólo hay un creciente número de víctimas, también es mayor la cifra de activistas que requieren protección, pero en contraste los recursos para brindarles seguridad han ido a la baja.
Amalia Morales, Gabino Ávila, Homero Gómez, María Agustín Chino y 26 personas más conforman la cruenta lista de ambientalistas asesinados y que en cifras es 67% mayor a la que se registró en el 2019.
Este segundo año de la administración de Andrés Manuel López Obrador fue letal para los ambientalistas por el número de víctimas, pero también por la impunidad que impera en este tipo de delitos.
“La impunidad de los delitos contra los defensores sigue siendo sorprendentemente alta”, dijo Global Witness al indicar que en México el 95% de los asesinatos contra ambientalistas quedarán sin justicia.
En abril de 2021, México ratificó el Acuerdo de Escazú que obliga al Estado a proteger a las personas defensoras del medio ambiente y el territorio.
Aunque la administración morenista registra un incremento en el número de activistas que necesitan protección, recortó recursos para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
De acuerdo con Gobernación, de diciembre de 2018 a julio de 2021 se “ha incrementado el número de personas beneficiarias en más de 80 por ciento”, actualmente hay mil 478 personas beneficiarias.
Sin embargo, en materia de recursos en los años 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos al Mecanismo, mientras que en 2021 se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, para obtener en total 416.6 millones de pesos.
En el proyecto de presupuesto para el año próximo Hacienda contempla sólo 388.5 millones de pesos para el Mecanismo, es decir, apenas la mitad del dinero que se destinó hace dos años.
Global Witness indicó que casi el 30% de los ataques contra ambientalistas que se registraron a nivel global estaban relacionados con la explotación de recursos (tala, minería y agroindustria a gran escala). Precisamente la tala fue el sector vinculado a más asesinatos, con 23 casos, de los cuales nueve se presentaron en México.
“Los gobiernos (...) no protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas”, dijo la organización.
