México, sin avances significativos en el control presupuestario
Nuestro país perdió 13 puntos en el rubro de participación ciudadana, lo que ubica al país en la posición 25 a nivel global
La participación de los ciudadanos en la planeación del gasto gubernamental, así como la implementación de mecanismos de vigilancia más efectivos para controlar estos recursos, permanecen como los principales retos que México debe resolver para mejorar su posición dentro de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés) que evalúa a 120 países en todo el mundo.
Datos de la edición 2021 de esta encuesta revelan que México perdió 13 puntos en el rubro de participación ciudadana, lo que ubica al país en la posición 25 a nivel global, y que según el reporte demuestra las pocas oportunidades que tienen los habitantes de influir en algún punto del ciclo presupuestario del gobierno federal.
El reporte también enfatiza que es la primera vez que México se queda sin puntos en el indicador que mide la participación ciudadana en la creación directa del presupuesto federal, por lo que recomienda al gobierno “poner en práctica mecanismos pilotos que involucren a la población en este proceso”; además, los expertos aconsejan que el legislativo permita la creación de espacios formales para que los habitantes puedan discutir estos documentos antes de su aprobación.
Los expertos de la OBS también han señalado que los ciudadanos deben estar involucrados en los informes de fiscalización, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene que crear un mecanismo para que los habitantes puedan ayudar a la revisión del gasto gubernamental de manera simple y directa.
Estos mecanismos están ligados directamente a la calificación que México obtuvo en vigilancia presupuestaria, en donde sumó cuatro unidades más que la evaluación previa para colocarse en el lugar 30 a nivel mundial, una posición similar a la reportada en 2019 y que demuestra el estancamiento del país en este ámbito.
Los hallazgos de la OBS confirman la falta de
mecanismos independientes para controlar los gastos del gobierno federal, así como el “desempeño débil” que la ASF ha tenido al procesar denuncias de ciudadanos sobre actos de corrupción o mal uso del presupuesto.
