Las relaciones diplomáticas entre México y Perú van en picada. Las fricciones han subido a otro nivel al involucrar la presidencia de la Alianza del Pacífico, lo que supone una crisis sin precedentes en la historia entre ambas naciones.
En esta semana el gobierno de Dina Boluarte aumentó la presión a la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues al menos 13 excancilleres y vicecancilleres de la nación andina cerraron filas en apoyo a la mandataria peruana al acusar el miércoles pasado a México de estar “violando un tratado internacional legalmente vinculante” por negarse a traspasar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.
En un comunicado de la cancillería de Perú, se advirtió que en caso de que México se siga negando a entregar la presidencia de la Alianza Pacífico, le traería responsabilidades internacionales al gobierno del presidente López Obrador.
Y es que desde el 23 de enero pasado, México debía entregar la presidencia, acción a la que se ha negado el mandatario mexicano al no reconocer “al gobierno espurio” de Dina Boluarte.
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La crisis diplomática que protagonizan Perú y México alcanzó otro punto de quiebre cuando el 24 de febrero pasado, Boluarte anunció el “retiro definitivo” del embajador de Perú ante México, al justificar que López Obrador “viola el principio de no injerencia en asuntos internos” al apoyar al destituido y encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo.
El anuncio ocurrió luego que López Obrador calificó a Boluarte de “espuria” y reiteró que “México va a seguir apoyando al presidente (Castillo) injusta e ilegalmente destituido”.
Pero la semana anterior al anuncio, otro roce se gestó cuando la mandataria peruana acusó a su par mexicano de negarse a entregarle la presidencia rotativa de la Alianza del Pacífico. A ello México respondió que “lo consultaría” con el grupo de Río.
Previamente, un par de semanas desde la caída del expresidente Castillo, Perú había decidido la expulsión del embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, coincidiendo con la aprobación del asilo a la familia del exmandatario peruano, quien fue destituido del cargo tras intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022.
Perú justificó entonces la decisión debido a “las reiteradas expresiones” de México “sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos”.
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