Agentes militares realizaron un fuerte operativo durante la noche del jueves en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos (FECC) para permitir que Édgar Rodolfo Núñez Urquiza, retome su puesto como vicefiscal.
Lo anterior luego de que Núñez Urquiza obtuvo una suspensión provisional contra el despido que sufrió el pasado 14 de septiembre por órdenes del fiscal encargado del despacho de Uriel Carmona, recluido en el penal del Altiplano.
Al interior de la FECC se encontraba Isela Lara Escobar, quien se acreditó como Vice Fiscal Anticorrupción Adjunta, cuyo nombramiento se efectuó el 19 de septiembre, según pudo confirmar la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos.
🚨Finalmente los elementos de la @SEMAR_mx permitieron la entrada a las y los visitadores de la @cdhmorelos a la @FECC_MORELOS. Los hechos se consignarán en la queja iniciada. pic.twitter.com/JCbomPLukN
— CDHMORELOS (@cdhmorelos) September 22, 2023
En tanto, el acceso a Núñez Urquiza le fue negado por orden del nuevo fiscal Anticorrupción, Isaías Rodríguez Moreno, al manifestar que la sentencia provisional no era válida.
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Recalcaron que Édgar Rodolfo ya no podía reincorporarse a sus actividades pues su destitución ya se había consumado y la suspensión provisional no tiene “efectos restitutorios”.
En operativo ocurrió horas después de que un juez ordenó por cuarta ocasión la liberación de Uriel Carmona, acusado por su presunta responsabilidad en el delito de tortura.
Visitadorxs de la CDHM se entrevistaron fuera de las oficinas de la @FECC_MORELOS con la Lic. Isela Lara Escobar, quien dijo ser la Vice Fiscal Anticorrupción Adjunta, acreditando su personalidad con nombramiento del 19 de septiembre de 2023. pic.twitter.com/k9n5gXxQYp
— CDHMORELOS (@cdhmorelos) September 22, 2023
Además la FECC acusó que elementos de la Secretaría de Marina y de la comisión Estatal de Seguridad Pública irrumpieron ilegalmente sus instalaciones el pasado 14 de septiembre donde se reportó la ausencia de objetos, archivos y grabaciones de las cámaras de seguridad.
En ese entonces las fuerzas del orden negaron el allanamiento y afirmaron que se trató de un operativo para atender el reporte de supuestas personas retenidos contra su voluntad al interior de la Fiscalía Anticorrupción. EJ
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