La bancada de Morena ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para disminuir en 50% el financiamiento de partidos políticos para sus gastos de operación regulares. Dicha iniciativa será impulsada por la LXIV Legislatura y es una propuesta con proyecto de decreto para modificar el Artículo 41 de la Constitución, que puntualiza que el financiamiento público a los partidos resultará de la multiplicación del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. El proyecto plantea que el presupuesto 2019 sea reducido a la mitad, es decir, que la multiplicación se haga por el 32.5% que reduciría en 2 mil 356 millones de pesos el presupuesto estimado en 4 mil 713 millones de pesos. En este sentido, los diputados afirmaron que el actual modelo de financiamiento tiene una mala calidad lo cual no ayuda a los cuadros políticos, por lo que la diputada Alicia Barrientos Pantoja dijo que, con ésta, sería la tercera vez que en el Congreso se propone esta disminución, y confió que, en un marco de austeridad, sea aprobada. Entre los beneficios de la propuesta, si es avalada, mencionó la reducción del costo de campañas políticas, mayor credibilidad por parte de la ciudadanía, combate a la corrupción, evitar que la política se utilice como negocio y ahorro en el presupuesto.
Es una demanda de prácticamente todos los sectores de la sociedad, no se trata únicamente de un asunto de austeridad, sino de recomponer un sistema de financiamiento público, de la democracia electoral”, expuso Alicia Barrientos. Se trata de desmontar un sistema de financiamiento de los partidos, que propicia partidos cartel y tiene como consecuencia que el financiamiento de las campañas se haya vuelto perverso y con ello el enriquecimiento personal a partir de ello”, agregó.
En la iniciativa firmada por los diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdalá Dartigues, se indica que “el sistema de financiamiento de los partidos y campañas que se estructuró en los años noventa, formó una espiral perversa de dinero que ha contribuido a ensanchar la corrupción política”. De aprobarse, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ajustar sus normas internas sobre financiamiento público dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto. SC