#Negocios Oro Negro, ruleta rusa de 1,500 mdd

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El encargado de desmembrar a la quebrada petrolera Oro Negro, la empresa que cofundó Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, inyectó un nuevo brío de combate legal y de 13.5 millones de dólares que disputan en tribunales mexicanos, optó por gastar más en abogados estadounidenses para tratar de ganar dos litigios que llenarían sus arcas con mil 500 millones de dólares, cifra que significa multiplicar más de 100 veces los recursos que le pertenecen y cuyo destino es pagar a sus acreedores.

En la Corte de Bancarrotas, la petrolera que fundó un exaccionista de Televisa, José Antonio Cañedo White, y Gonzalo Gil White, apuestan a ganar 800 millones de dólares.

A diferencia del pasado, Oro Negro tenía recursos, pues una de las empresas de los Gil y Cañedo (Axis) cobraba 200 millones de dólares anuales como “honorarios del administrador”, pero ahora la empresa carece de los recursos, incluso para comprar una impresora de 250 dólares para reproducir la información financiera que le exigen los acreedores.

El nuevo administrador de la empresa ya declarada en quiebra por un juez, Fernando Pérez-Correa Camarena —el síndico de la empresa de servicios petroleros Oro Negro—, desestimó los embates legales de los acreedores de la petrolera y está destinando más recursos financieros para pagar al despacho de abogados neoyorquino Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (QEUS) —firma que representa a la compañía en una demanda contra Petróleos Mexicanos (Pemex) y algunos de sus acreedores en la Corte de Bancarrotas de Nueva York y otro frente de batalla legal contra el Estado mexicano en un tribunal del Banco Mundial en Washington —en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde buscan una indemnización de 700 millones de dólares.

Actualmente, con deudas por más de 900 millones de dólares y prácticamente sin ningún activo físico, Oro Negro tiene como nuevo aliado a Pérez-Correa, quien es especialista en concursos mercantiles, reconocido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Así, en una férrea defensa legal, Pérez-Correa justificó ante el juez que quien lleva el proceso de concurso mercantil, Benito Arnulfo Zurita Infante, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que son correctos los pagos por siete millones de dólares pagados al despacho QEUS.

›Los acreedores de las cinco plataformas petroleras que arrendaba a Pemex se oponen a que siga pagando gastos legales. El argumento es que va en detrimento de los recursos con los cuales liquidará a los acreedores.

Es tal el interés de Pérez-Correa por pagar servicios legales que, después de un largo proceso legal, un juez ordenó a Deutsche Bank México (el fiduciario) transferir recursos a Oro Negro. Ya con la orden, Pérez-Correa infló su requerimiento en poco más de 160 millones de pesos que no utilizó para su objetivo principal: pagar impuestos.

Ahora, los acreedores exigen en tribunales que regrese esos recursos o bien, los 160 millones de pesos que Deutsche Bank entregó a Oro Negro de más a los requerimientos de la empresa y sean registrados como un crédito que tendrá que reembolsar. Sin embargo, el Pérez-Correa tiene un talón de Aquiles: sus hijos.

El 27 de agosto pasado, en una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos ante la objeción de Nordic Trustee, el representante noruego de los tenedores de bonos de Oro, Pérez-Correa abandonó la sesión.

“A las 13 horas con 30 minutos, la secretaria certifica que el síndico (Pérez-Correa) manifestó no poder esperar (a que) se imprima la presente audiencia, en virtud de que debía acudir a recoger a sus hijos al colegio, motivo por el cual toma su computadora portátil y se retira sin firmar la presente acta”, asentó el juez en la lista de acuerdos del juzgado.

Esa audiencia fue para objetar un crédito por más de 426 mil dólares para Oro Negro por parte de otra de las empresas de Gil White, Navix de México, un “banco no banco”.

Las cuentas. Oro Negro tiene en litigio menos de 14 millones de dólares, aunque un despacho cobra entre 0.5 y 4.0 millones de dólares.

Nuevo aliado de los primos

Desde que Oro Negro fue declara en quiebra, el 13 de junio pasado, por ley sus fundadores cedieron el control de lo que queda de la compañía a Pérez- Correa. Dos meses después, el 23 de agosto, el llamado “interventor” designado por Nordic Trustee, Luis Vite Zamora, alertó al juez que “el síndico no ha tomado la posesión de la totalidad de la información, documentación y contabilidad” de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro (la holding) y Perforadora Oro Negro (subsidiaria) porque no entregó la información financiera requerida.

Otra preocupación de los acreedores es que Pérez-Correa, el 27 de junio pasado “expresó (que) era necesario (que) se efectuaran gastos legales para la conservación y maximización de la masa (activos), por lo que requería la intervención de litigantes especializados”, entre los que sobresale el despacho neoyorquino.

Incluso “consideran existe interés del síndico de que se apruebe la venta de derechos litigiosos que integran la masa, a través del contrato confidencial, el cual tiene como propósito el pago de honorarios” de QEUS. Por lo anterior, los acreedores objetan los hecho.

900 mdd registra la prestadora de servicios petroleros Oro Negro en deudas.

Sin embargo, el 17 de septiembre, Pérez-Correa presentó al juez un documento de 47 páginas en respuesta al “incidente de declaración de ineficacia de pagos” (demanda en un juicio para objetar algunos pagos) en el que defendió los gastos que hace Oro Negro, ya quebrada, en abogados. Independientemente de que en Nueva York, la defensa legal que iniciaron José Antonio Cañedo White, Carlos Williamson, y Gonzalo Gil White en contra de Pemex y otras empresas se mantienen en el proceso legal, pero ahora con dinero de la compañía que administra Pérez-Correa.

“Perforadora (Oro Negro, la subsidiaria) no se encontraba impedida a realizar cualquier depósito y pago a favor de Quinn y/o a cualquier otro tercero”, indicó Pérez-Correa al juez Zurita Infante, en respuesta a la reclamación de Oro Negro Drilling, la controladora de las cinco plataformas Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus, ahora en manos de los acreedores.

En general, argumentó que el gasto legal de Oro Negro “han tendido a conservar todos los bienes y derechos que integran la masa y a maximizarlo a través de acciones que representan en Nueva York es por importantes activos para las comerciantes, (iv) el reclamo presentado (es por) 800 millones de dólares y representa una de las mayores posibilidades de ingresos para la masa concursal, señaló Pérez-Correa al juez.

Incluso, ya en los archivos de la Corte de Bancarrotas de Nueva York, aparece el nombre de Pérez-Correa junto de José Antonio Cañedo White, Carlos Williamson Nasi, Gonzalo Gil White y Miguel Ángel Villegas Vargas como demandantes de los acreedores. Sin precisar fechas, se informó al juez que Oro Negro pagó al despacho neoyorquino siete millones de dólares.

¿El fin justifica el medio?

A pesar de que en el pasado, Oro Negro recibía más de 800 mil dólares diarios por la renta de sus cinco plataformas a Pemex, hoy tiene cero ingresos. Además de que hay órdenes de captura giradas por un juez en la Ciudad de México contra Gonzalo Gil White, José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villa Vargas. También hay alertas rojas para su captura en la Interpol.

Sin ingreso alguno, los “gastos legales representan millones de pesos”, pues la compañía enfrenta un gran dilema: los recursos para pagar, indica Pérez-Correa. Por ejemplo, la disputa en el Ciadi podría concluir en abril de 2021.

Según algunos medios de comunicación especializados, los honorarios legales promedio entre 150 y 800 dólares por hora y considerando que un caso requiere entre tres mil y cinco mil horas, el gasto oscila entre 450 mil y cuatro millones de dólares.

A raíz de las demandas por supuesta administración fraudulenta, un juez congeló las cuentas que recibía de Deutsche Bank México. Documentos oficiales muestran que se inmobilizaron 100 millones de dólares que pagó Pemex, de los cuales, dice Pérez Correa, 13.78 millones de dólares corresponden a la empresa.

Ante la insolvencia, la empresa litigó hasta que obtuvo la orden de un juez de un tribunal colegiado para que Deutsche Bank cediera recursos para el pago de impuestos y otros gastos ordinarios de la empresa. Sin embargo, Pérez-Correa requirió 160.3 millones de pesos adicionales.

“Era necesario que se efectuaran gastos legales (...) por lo que requería la intervención de litigantes especializados. Existe interés del síndico de que se apruebe la venta de derechos litigiosos que integran la masa, a través del contrato confidencial, el cual tiene como propósito el pago de honorarios”. Luis Vite Zamora, Interventor designado por Nordic Trustee, proveedor líder de servicios de bonos en los países nórdicos

Ante la demanda de los acreedores, se “requiere a Fernando Pérez emita un informe exhaustivo y claro para este juzgador, en el cual explique los conceptos y montos en que se utilizó la cantidad de 160´318,910 pesos, así como el origen de cada obligación”, refirió el juez.

Espías y hackers israelitas

Casi en forma paralela, mientras Oro Negro daba los primeros pasos para acogerse a la protección legal frente a sus acreedores, su despacho neoyorquino QEUS conectó a la mexicana con una empresa integrada por exagentes de inteligencia israelí, combinado con expertos financieros y legales que a cambio de 300 mil libras esterlinas investigarían a los principales directivos de Pemex en sus antecedentes legales y financieros para “detener y revertir su desventaja en el mercado mexicano de perforación petrolera”.

De ese contrato de la empresa Black Cube, en agosto de 2017, sobresale el director general de Pemex, José Antonio González Anaya; el director de finanzas, Juan Pablo Newman; el director administrativo, Carlos Alberto Treviño Medina; el director de operaciones, Miguel Ángel Servín Diago, entre otros funcionarios, además de directivos de empresas rivales.

En la investigación se contemplaba a familiares, amigos, intereses financieros, exempleados, entre otras personas.

Según las tarifas de la empresa especializada en espionaje, si la información proporcionada a Oro Negro se filtraba a los medios de comunicación, la mexicana tendría que pagar 180 mil libras esterlinas (unos 220 mil dólares) adicionales.

Ahora, señalaban los exagentes de inteligencia israelí, que sí con la información proporcionada lograba mejores tarifas con Pemex, Oro Negro tendría la obligación de pagar un millón de libras (1.22 millones de dólares) adicionales. Esa misma cantidad, si con la información, los acreedores aceptaban una reestructura a los bonos en circulación. Sí los datos eran usados para reclamar daños y perjuicios, la empresa asiática tendrían que recibir el 3.0% de todos los recursos obtenidos por la otrora operadora de plataformas petroleras.

›En todo ese mundo de abogados, incluso los propios el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya se apersonaron en el litigio para hacer revisiones fiscales a Oro Negro a través de la Administración General de Hidrocarburos para analizar la documentación administrativa, contable, financiera y fiscal.

A respecto, la semana pasada en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que además de que “hay una investigación abierta”, también hay un litigio con esta empresa”.

Por tanto, el destino financiero de la empresa y de sus acreedores es una ruleta rusa, ya según la demanda legal en Nueva York, Axis y Navix —empresas de los primos Gil y Cañedo— están a punto de colapsar.

Sobresale también que uno de los mayores perdedores es la unidad en México del grupo financiero Citigroup, que junto con la colombiano Grupo SURA invirtieron casi a 50% cada uno en un instrumento emitido por Axis, otra empresa de los primos Gil y Cañedo para Oro Negro por 500 millones de dólares. Además, Citigroup también perdió alrededor de 400 millones en la empresa de servicios petroleros Oceanografía, firma que luego de cinco años, salió del concurso mercantil.