1er. TIEMPO: ¿Tendrá salvación Chilapa? Hace 10 años, el gabinete de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto viajó en pleno a Chilapa, un municipio entre Chilpancingo y la región de la montaña de Guerrero, con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a la cabeza, para restablecer la seguridad. Al día siguiente de la visita, los criminales dejaron tirados en las calles del municipio a dos personas ejecutadas. Pocos días después mataron a otras siete y las dejaron en Chilpancingo. Peña Nieto envió tres mil soldados y policías federales a Chilapa, que fueron recibidos a balazos. Fracasó. Desde entonces, la violencia en la región ha sido una constante, con subes y bajas no por el reforzamiento de la seguridad, sino por los humores e intereses de los grupos criminales que controlan y disputan la zona, Los Ardillos y Los Tlacos. Chilapa no era un municipio que súbitamente había sido envuelto por la violencia. Tampoco se descompuso de golpe. Se pudrió lentamente, durante décadas, hasta convertirse en uno de los símbolos más crudos de la captura criminal del territorio en México. Lo que hoy ocurre en la Montaña baja de Guerrero, con desplazamientos masivos, pueblos sitiados, retenes armados y gobiernos rebasados, es el resultado de una suma de abandonos, pactos políticos y mutaciones criminales que comenzaron mucho antes de que Los Ardillos y Los Tlacos dominaran los titulares. La primera fractura profunda llegó en los años noventa, cuando Guerrero quedó atrapado entre pobreza extrema, aislamiento geográfico y ausencia institucional. Chilapa habían estado históricamente marginados. Sus caminos eran veredas de tierra, con comunidades indígenas abandonadas y una economía que apenas les daba para la subsistencia. Las autoridades se hacían presentes solo en tiempos electorales. La descomposición se profundizó cuando el narcotráfico descubrió el valor estratégico de la región. La Montaña y la Sierra conectaban corredores de amapola, marihuana y rutas de trasiego hacia la costa, el centro del país y eventualmente Estados Unidos. Ante la ausencia del Estado, el crimen organizado controló sus accesos y, de esta manera, a las comunidades enteras. En el gobierno de Vicente Fox, los viejos cacicazgos políticos regionales empezaron a mezclarse con estructuras criminales y se dio el fenómeno que hoy es el corazón del problema de la violencia: policías municipales infiltradas, alcaldes sometidos, transportistas -ligados a ellos- cobrando cuotas y operadores políticos de diversos partidos negociando con grupos armados. Lo que antes eran bandas dedicadas al trasiego evolucionó hacia poderes territoriales. El quiebre vino con la fragmentación criminal posterior a la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Cayeron las grandes organizaciones y se dio una balcanización, y lo que quedó los cárteles, llenaron vacíos regionales. Ahí crecieron Los Ardillos. Ya no eran simples traficantes; comenzaron a controlar comercio, transporte, extorsión y elecciones municipales.
2º TIEMPO: El derrumbe institucional. En el gobierno de Felipe Calderón, donde la estrategia contra los cárteles empezó a dar resultados en mayo de 2011, cuando bajó la incidencia delictiva, fracasó el segundo piso del nuevo edificio que estaban levantando: el reforzamiento de las policías municipales para evitar que la fragmentación que se estaba dando, provocara un repunte mayor de violencia. La llegada del presidente Enrique Peña Nieto, fue como un tiro de gracia. Decidió hacer, con seis años de antelación, una política de abrazos y no balazos, pero agravada, tomando partido por grupos criminales para que fueran ellos quienes hicieran el trabajo sucio y liquidaran a sus adversarios. Apostaron a la Pax Narca, pero ni eso fueron capaces de hacer. Tres años de inacción acabaron con la inercia del calderonato y la violencia comenzó a subir a niveles solo vistos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mediados del sexenio de Peña Nieto, Los Ardillos y Los Rojos, antecesores de Los Tlacos, ya llevaban 101 personas desaparecidas en tres años, y el 10% de ellas habían sido decapitadas. El gobierno de Peña Nieto no hizo nada. No castigó a los criminales, ni previno nuevos ataques. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, una de las consecuencias de ese abandono, terminó de exhibir el nivel de descomposición estatal en Guerrero. Aunque los hechos ocurrieron en Iguala, el mensaje alcanzó toda la entidad: policías municipales, crimen organizado y autoridades políticas podían actuar como una sola estructura. La confianza pública colapsó. En Chilapa, ese mismo año, hombres armados ocuparon la ciudad durante días completos. Entraron a plena luz del día, desarmaron policías, desaparecieron personas y demostraron que el Estado había perdido el monopolio de la fuerza. Fue uno de los momentos más simbólicos del derrumbe institucional. El gobierno reaccionó tarde y mal. Como casi siempre. La aparición de policías comunitarias y grupos de autodefensa aceleró otra transformación. Algunas nacieron genuinamente para defender pueblos abandonados. Otras terminaron infiltradas o absorbidas por intereses criminales. Los Tlacos surgieron precisamente en esa zona gris: entre autodefensa, control territorial y organización armada. Después llegó la normalización, la etapa más peligrosa de toda descomposición social. Cuando las carreteras bloqueadas dejaron de ser noticia nacional. Cuando los pueblos desplazados apenas ocupaban unas horas en redes sociales. Cuando los alcaldes podían aparecer fotografiados con líderes criminales y seguir gobernando. Cuando la violencia dejó de escandalizar. Hoy Chilapa vive una lógica casi feudal. Los grupos criminales controlan regiones completas donde el gobierno apenas entra acompañado por el Ejército. Cobran cuotas, administran conflictos, autorizan rutas y deciden quién puede vivir o comerciar en ciertas zonas. El ciudadano queda atrapado entre dos poderes: uno armado y presente; otro institucional, pero ausente. La tragedia de Chilapa no es únicamente criminal. Es la historia de cómo el Estado mexicano dejó vacíos durante demasiado tiempo, y alguien más decidió llenarlos.
3er. TIEMPO: De nuevo en las noticias. Diez años después de que se prendieron los focos rojos en Chilapa, las cosas siguen, en el mejor de los casos, peor que en aquel entonces. Sus comunidades volvieron a ser noticias estelar porque el terror que vivieron durante seis días por ataques armados y drones explosivos, no pudo ignorarse. El desplazamiento de cientos, tampoco. Al abandono institucional se le fueron sumando negligencias y complicidades. En Guerrero, la frontera entre política y crimen dejó de ser una línea difusa hace muchos años. Hoy es una puerta giratoria. Los Ardillos y Los Tlacos no crecieron solamente por la ausencia del Estado, sino por algo más grave: la protección, tolerancia o convivencia de actores políticos que entendieron que pactar con grupos armados podía garantizar elecciones, control territorial o estabilidad temporal. El caso de Los Ardillos es el más descarado. Los Ardillos nacieron prácticamente incrustados en una estructura política regional, donde los hermanos Ortega Jiménez construyeron de manera simultánea un aparato criminal y una red de influencia partidista. Bernardo Ortega Jiménez fue diputado local del PRD -cuando aún no nacía Morena-, y llegó a presidir el Congreso de Guerrero, mientras sus hermanos Celso y Antonio Ortega eran identificados como líderes del grupo criminal. El apellido Ortega era sinónimo en la región de la Montaña de cacicazgo político y control armado. No era un secreto. Ahí, alcaldes, policías, comerciantes y transportistas y los pobladores,sabían quiénes mandaban. En Chilpancingo y en la Ciudad de México, también. El sistema político mexicano los protegía, sin específicamente hacerlo, por su esencia: fingir ignorancia mientras la maquinaria electoral siga funcionando. El modelo se colapsó cuando apareció en 2023 una fotografía de la entonces alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con Celso Ortega Jiménez. El escándalo fue monumental no porque revelara algo desconocido, sino porque confirmó públicamente lo que durante años se negó: que el crimen organizado conversaba de tú a tú con quienes gobiernan. Los Tlacos tenían otro modelo, menos visible, pero igualmente político. Surgieron bajo la cobertura de policía comunitaria en Heliodoro Castillo y terminaron convertidos en un poder regional armado. Su vocero, Humberto Moreno Catalán, primo de Mario Moreno Arcos, uno de los políticos más influyentes del PRI en Guerrero. La relación familiar nunca probó complicidad criminal directa, pero en Guerrero las relaciones de parentesco son también estructuras de poder territorial. La política guerrerense funciona muchas veces como una federación de cacicazgos armados. La tragedia de Chilapa no es solamente criminal. Es política. Los desplazados, los pueblos incendiados y los asesinatos son el resultado de décadas donde los gobiernos permitieron que organizaciones armadas sustituyeran funciones del Estado. Hoy, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, hay otro intento por garantizar la paz en Chilapa. El tiempo dirá si, ahora sí, lo logra un gobierno.
rrivapalacio2024@gmail.com
X: @rivapa_oficial
