México enfrenta una profunda crisis de violencia que lastra la convivencia pública y la vida privada. Violencia cuya brutalidad atestiguamos a través de los medios de comunicación o que se oculta en las prácticas cotidianas. Violencia omnipresente que destruye el tejido social y erosiona la calidad de vida de millones de personas.
La primera forma que toma la violencia nacional es resultado de la crisis de seguridad y justicia que sufre nuestro país. Es la violencia que todo ciudadano teme llegar a sufrir en algún momento, la que escuchamos que padecieron familiares y amigos, la que se expande sin control por el territorio nacional a pesar de los programas y estrategias oficiales. Ejecuciones, levantones, secuestros, extorsiones, asaltos desapariciones, el lenguaje comienza a quedarse corto para expresar la creciente brutalidad con la que operan las organizaciones criminales. Violencia que es física al materializarse el acto, pero que también es psicológica ante el miedo de llegar a sufrirla.
La segunda tiene que ver con la respuesta de las autoridades ante las consecuencias de la inseguridad. Las instituciones del Estado, cuya primera obligación es garantizar condiciones iguales de seguridad y justicia para los ciudadanos, abjuran de su responsabilidad con indiferencia, ineptitud, corrupción, complicidad o minimizan intencionalmente su alcance para no afectar su imagen política. Este tipo de violencia reproduce el daño que causan las organizaciones criminales, genera procesos de doble victimización y erosiona la credibilidad ciudadana en las instituciones democráticas.
La tercera es la que intencionalmente realizan las autoridades como parte del combate a las organizaciones criminales. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos como práctica recurrente de las fuerzas de seguridad. Detención arbitraria, presentación indebida ante el ministerio público, tortura, ejecución extrajudicial o desaparición forzada, son actos que intentan autojustificarse como medidas necesarias e inevitables para detener a los criminales y que preocupantemente llegan a recibir la aceptación ciudadana cuando se trata de presuntos delincuentes.
Finalmente, está la violencia que los ciudadanos nos otorgamos los unos a los otros. Violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, discriminación, racismo, linchamiento, etc., formas de agresión que en muchas ocasiones reciben justificación social y tienen por objeto humillar al otro, al diferente o vulnerable, tanto en el espacio público o como en el ámbito privado.
Señala Avishai Margalit en La Sociedad Decente (Paidós 1997), que una sociedad decente es aquella donde las instituciones no humillan a las personas, mientras que en una sociedad civilizada las personas no se humillan entre sí. Las tres primeras formas de violencia convierten a México en una sociedad indecente, porque involucran necesariamente acciones u omisiones del Estado. Lo delicado es que cuando las personas aceptan humillarse entre sí, también reducen su capacidad para enfrentar la humillación que viene desde las instituciones. Ante el nivel de violencia que sufren los mexicanos como resultado de acciones de las organizaciones criminales o por acciones u omisiones de autoridades del Estado, lo último que podemos darnos el lujo de aceptar son las formas de violencia, humillación y discriminación entre los mismos ciudadanos.
Por eso, entre otras muchas razones éticas, no es aceptable que un grupo de ciudadanos exija que se restrinjan los derechos de otros, que mayorías autoproclamadas pretendan imponer su ideología sobre el respeto a los derechos humanos, que un grupo social sea rechazado o perseguido públicamente por asumir un proyecto de vida diferente. Una sociedad incivilizada, una sociedad que acepta la práctica de humillar y discriminar, es una sociedad dividida ante la impunidad y las omisiones del Estado, una sociedad incapaz de articularse en defensa de la justicia, una sociedad entregada a todas las formas de violencia. No podemos permitirnos una sociedad incivilizada cuando los ciudadanos debemos actuar en conjunto para enfrentar las consecuencias de una sociedad indecente.
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