Aseguran 53 anexos en Edomex tras inspección a 94 centros; detectan posibles delitos y condiciones de riesgo
El operativo en anexos del Edomex dejó al descubierto hacinamiento, falta de personal capacitado y personas internadas contra su voluntad
Autoridades inspeccionaron 94 anexos en el Estado de México y aseguraron 53 por posibles delitos, condiciones insalubres y denuncias de privación de la libertad
/Foto: Fiscalía Edomex
Autoridades federales y estatales llevaron a cabo la inspección de 94 centros de rehabilitación para adicciones conocidos como “anexos” en el Estado de México, de los cuales 53 fueron asegurados por su posible relación con hechos delictivos, como parte de una estrategia integral para prevenir riesgos y garantizar condiciones adecuadas para las personas internas.
El operativo fue desplegado en el marco de la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”, impulsada desde la Mesa de Paz estatal, y contó con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como diversas instituciones como la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM), la Comisión de Búsqueda de Personas (COBUPEM), Protección Civil y el DIF estatal.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones respondieron a denuncias sobre la probable comisión de delitos en estos espacios, además de condiciones irregulares en su operación.
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Condiciones irregulares y riesgos en anexos
Durante las inspecciones, se detectó que muchos de estos centros operaban en inmuebles como casas particulares o bodegas, lo que dificultaba su supervisión y facilitaba su posible uso en actividades ilícitas.
Asimismo, se identificaron condiciones que representan un riesgo para la salud y seguridad de los internos, como hacinamiento, falta de higiene, alimentos en mal estado y ausencia de expedientes clínicos, requisito indispensable conforme a la Ley General de Salud.
Las autoridades también señalaron que en varios casos las personas se encontraban internadas en contra de su voluntad, lo que podría configurar delitos como privación de la libertad.
Además, se documentaron prácticas de violencia física y psicológica, como encierros en espacios reducidos, rapado forzado y la obligación de realizar trabajos manuales.
Otro hallazgo relevante fue la falta de personal capacitado para brindar tratamiento especializado, así como la inexistencia de permisos de funcionamiento y evaluaciones psicológicas o psiquiátricas que justificaran el internamiento.
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Posible vínculo con delitos y detenciones en anexos
Las investigaciones también revelaron que algunos de estos centros eran utilizados como refugio por integrantes de estructuras delictivas para evadir la acción de la justicia. Incluso, se detectó que en ciertos casos los internos eran obligados a participar en actividades ilícitas, como la venta de estupefacientes o el reclutamiento para otros delitos.
Entre el 1 de julio de 2025 y el 22 de marzo de 2026, la Fiscalía estatal inició 152 investigaciones relacionadas con estos espacios, por delitos como homicidio, extorsión, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones.
Como resultado del operativo, se logró la detención de ocho personas vinculadas a distintos delitos, entre ellos secuestro y privación de la libertad, en municipios como Naucalpan y Ecatepec.
Además, se rescataron personas que se encontraban retenidas contra su voluntad, incluyendo menores de edad.
En total, mil 599 personas fueron localizadas en los 53 anexos asegurados; de ellas, mil 518 fueron reintegradas con sus familias, 80 canalizadas a centros regulados y una más solicitó su salida voluntaria.
Las autoridades precisaron que los 41 centros restantes continúan en operación, al no detectarse irregularidades que ameritaran su aseguramiento.
Finalmente, la Fiscalía del Estado de México puso a disposición canales de denuncia para que la ciudadanía reporte posibles hechos delictivos relacionados con estos centros, reiterando que estas acciones buscan restablecer el orden legal, proteger a las personas internas y garantizar que los espacios de rehabilitación cumplan con la normatividad vigente.
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