Chiapas aprueba reforma contra matrimonios infantiles y cohabitación forzada: ¿Hasta cuántos años de prisión van las penas?

Este viernes 30 de enero, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas al Código Penal en materia de cohabitación forzada, con el propósito de “erradicar uniones informales obligadas, sobre todo en pueblos y comunidades indígenas que llevan a cabo esta práctica bajo los ‘usos y costumbres’”

Cabe destacar que, en Chiapas se tiene registro que es una de los mayores Estados con mayor volumen de madres menores de edad y mayor número de nacimientos de madres niñas de entre 10 a 14 años, con registros de 826 desde el 2021.

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Chiapas castigará matrimonios y uniones infantiles: ¿Cuántos años de prisión habrá para quiénes incurran en este delito?

Durante la sesión realizada este viernes, la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, mencionó que las modificaciones incluyen penas de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de salarios mínimos de multa. Las cuales aumentarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas.

“El Congreso del estado atiende una de las demandas ciudadanas más sentidas, con lo que se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir de manera informal con otra persona”, diputada Rosa Linda López Sánchez

En el dictamen aprobado por mayoría con 37 votos a favor, uno en contra y dos ausencias, se señala también que el delito se perseguirá de oficio. En donde se reformó el Código Penal chiapaneco, en el capítulo II Ter, denominado cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

¿Por qué se dan los matrimonios infantiles en México?

De acuerdo a un reporte del Gobierno Federal, los matrimonios infantiles se entienden como uniones formales o informales en las que al menos uno de los cónyuges es menor de 18 años, esta práctica vulnera los derechos humanos de las niñas, los niños y las/os adolescentes, especialmente de las niñas y adolescentes, que se ven despojadas de su edad y expuestas a mayores riesgos de violencia, embarazo precoz, abandono escolar y pobreza.

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Sus expectativas económicas y de salud son menores que las de las niñas y adolescentes que no se casan, lo que a la larga se transmite a sus propias/os hijas/os y socava aún más la capacidad de un país para proporcionar servicios de salud y educativos de calidad.

Este problema se centra principalmente en las comunidades indígenas y rurales, que se rigen por usos y costumbres, donde se practican por motivos culturales, económicos o religiosos, lo que los hace un fenómeno normalizado. Esto es así por diversas razones, entre las que se encuentran:

• La amplia brecha de desigualdad social. Sin trabajo ni educación, las menores optan por el matrimonio como vía para lograr cierta estabilidad económica.
• La pobreza que lleva a familias a casar o vender a sus hijas para obtener un ingreso, reducir la carga económica de su sostenimiento o saldar deudas.
• La desigualdad de género: el machismo impone roles y expectativas diferentes para las niñas y los niños.
• Las normas sociales y culturales que establecen que las niñas deben casarse a temprana edad para asegurar su futuro, preservar su honor o cumplir con las tradiciones de su comunidad.
• La falta de educación, que limita las oportunidades y los derechos de las niñas y adolescentes y las hace más vulnerables al matrimonio infantil.
• Los conflictos armados y las acciones del crimen organizado, que generan situaciones de desplazamiento, inseguridad y violencia que pueden empujar a las niñas y adolescentes a buscar o aceptar protección en el matrimonio.

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