Corte suspende discusión sobre prisión preventiva oficiosa: decisión quedará en manos de nuevos ministros
Todo apunta a que el análisis de la prisión preventiva oficiosa corresponderá su análisis a la nueva integración del pleno de la Suprema Corte, que comienza a operar en septiembre
La nueva Corte retomaría el asunto en septiembre
/Guillermo Perea / Cuartoscuro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, el cual propone limitar la figura de la prisión preventiva oficiosa.
El asunto se había enlistado para ser discutido por la actual Corte, pero todo apunta a que corresponderá su análisis a la nueva integración del pleno, que comienza a operar en septiembre con nueve ministros elegidos por voto popular.
Ríos Farjat resolvía una acción de inconstitucionalidad 49/2021 y planteaba establecer una interpretación de la prisión preventiva oficiosa acorde con los derechos humanos y estándares internacionales.
Sin embargo, el gobierno federal solicitó a la ministra presidenta Norma Piña Hernández que se pospusiera la discusión y votación de todos los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa, la cual pretende que continúe como hasta ahora.
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¿Qué pidió la Presidencia de la República a la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa?
La Presidencia de la República envió una carta a la ministra Norma Piña, para solicitarle a la SCJN que se abstenga de revisar estos asuntos hasta la nueva integración del máximo tribunal.
“Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1° de septiembre de 2025 las ministras y ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que retire el proyecto de resolución listado para su estudio, discusión y eventual resolución y que este sea realizado por la integración que derive de las elecciones al Poder Judicial de la Federación”, indica la carta.
En abril de 2023, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano reformar la Constitución para que la prisión preventiva sea justificada, con valoración judicial, y no aplicada de forma automática.
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Sin embargo, el gobierno federal se ha opuesto a eliminar esta figura bajo el argumento de que representaría cientos de liberaciones.
La ministra Farjat proponía un nuevo criterio de interpretación sobre esta figura, en el que las personas acusadas por “delitos graves” no sean encarceladas de forma automática, sino que exista una obligación por parte de las autoridades de debatir las razones para dejar a alguien en prisión.
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