Cuentas públicas bajo escrutinio
La ASF reporta un desvío de recursos de 51 mil millones, con poca transparencia en obras insignia como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas
En el penúltimo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe que expone diversas irregularidades en el manejo de los recursos federales correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
Estas revisiones, que forman parte de un proceso continuo para garantizar la transparencia y el uso adecuado del presupuesto, ponen en evidencia una serie de inconsistencias en diferentes entidades y sectores gubernamentales.
Este tipo de auditorías son fundamentales para identificar áreas donde el gasto público no se ajusta a los criterios establecidos, lo que resulta en daños potenciales al erario que deben ser aclarados o, en su caso, recuperados.
La ASF detectó posibles irregularidades en el manejo del presupuesto federal por un monto de 51 mil 979 millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 5.9 millones de pesos de uso irregular cada hora. Aunque se logró la recuperación de mil 762 millones de pesos antes de la entrega del informe, la cifra sigue siendo alarmante y requiere de un análisis más profundo para determinar las causas exactas y las responsabilidades involucradas. Estas inconsistencias representan un daño significativo a las finanzas públicas, lo que podría tener repercusiones tanto en el ámbito federal como estatal.
A la espera de la revisión de la Cuenta Pública 2024, la suma de los recursos federales detectados por la ASF con inconsistencias o utilizados de manera irregular durante el sexenio anterior asciende a 303.5 millones de pesos, entre 2019 y 2023.
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Si bien dicha cifra significa una disminución del 59% respecto a los 738.4 millones de pesos en irregularidades del gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2018), con un ejercicio fiscal pendiente de revisión, el gobierno de López Obrador supera en 1,648% las irregularidades detectadas en todo el sexenio de Vicente Fox y en un 153% las del gobierno de Felipe Calderón.
En el marco de la tercera y última entrega del informe de fiscalización de 2023 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, precisó que de las revisiones al sector público federal se determinó un monto de ocho mil 599 millones de pesos pendientes por aclarar.
“De los cuales más del 80% se encuentra relacionado con entes como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur, por mencionar algunos”, refirió.
Respecto al gasto federalizado ejercido por entidades y municipios, el auditor señaló que la suma pendiente de aclaración ascendió a 40 mil 800 millones de pesos, casi el doble de lo registrado en 2022, lo que atribuyó “a la mejora de los procedimientos de auditoría, principalmente por la implementación de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial”.
De igual manera, informó que la suma de probables irregularidades halladas en 139 instituciones de educación superior del país superó los 900 millones de pesos, como fue el caso de los 509.5 millones de pesos de probable daño detectado en 35 Universidades Públicas Estatales (UPES), donde la mayoría de las anomalías en materia de transparencia presupuestal tuvieron que ver con recursos no ejercidos, pagos indebidos y falta de comprobación.
De la revisión a entidades federativas se identificó un monto pendiente de aclarar por más de 22 mil 700 millones de pesos, distribuidos en 30 estados. Destacó que la Ciudad de México y Querétaro fueron las únicas entidades que no tuvieron montos por aclarar.
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En total, se realizaron mil 623 auditorías, consistentes en la observación de 34 mil 607 millones de pesos correspondientes al gasto federalizado, 5,281 millones de pesos al presupuesto de desarrollo económico y tres mil 207 millones de pesos destinados a desarrollo social.
Colmenares Páramo destacó que, del total de auditorías de la tercera etapa de fiscalización, se lograron recuperar más de 930 millones de pesos en favor de la Federación. Aseguró que estas cifras se incrementarán en otras etapas, pero destacó que, en su gestión, la cifra total de recuperación asciende a 27 mil 200 millones de pesos, equivalente a un 156% más del presupuesto otorgado al órgano fiscalizador.
Bajo la lupa
La Auditoría Superior de la Federación determina aplicar auditorías forenses cuando hay indicios de posible colusión o redes de corrupción entre servidores públicos para el desvío de recursos u otras conductas ilícitas, como fraudes.
En la tercera entrega del informe de fiscalización, se realizaron 29 auditorías de este tipo, que implicaron un monto total superior a los seis mil 600 millones de pesos por aclarar. Estas auditorías se realizaron en entes que “históricamente no habían sido auditados con este nivel de profundidad”.
Del orden federal, refirió el auditor, destacaron Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI; y, en el orden estatal, los poderes judiciales locales, las universidades autónomas del Carmen, Campeche, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como los servicios de Salud de Veracruz y Morelos, entre otros entes.
Las anomalías detectadas en la revisión forense fueron diversas. En el caso del IMSS, las irregularidades detectadas en los servicios médicos integrales de estudios de laboratorio clínico y de anestesia abarcaron pagos sin comprobar, falta de control de los insumos médicos, licitaciones irregulares y proveedores incumplidos, entre otras inconsistencias que implicaron un probable quebranto de más de 1,226 millones de pesos.
Birmex, la “Megafarmacia del Bienestar”, cuyo objetivo era “que a ningún mexicano le falten las medicinas”, según el expresidente López Obrador, incurrió en irregularidades por más de mil millones de pesos, que incluyeron la compra de lotes de medicamentos, materiales de curación e insumos caducos y sin la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Auditoría Superior identificó una serie de desviaciones que incluyeron al menos 62 casos de nepotismo, el pago de plazas no autorizadas y otros gastos irregulares que incluyeron viajes internacionales de las comisionadas y el comisionado presidente con recursos públicos y sin autorización. El posible daño al erario superó los ocho millones de pesos, pendientes de recuperar.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el hecho de que se haya aprobado la extinción de dicho organismo autónomo no implica que los consejeros y los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades queden exentos de ser sancionados. “La ley establece sanciones administrativas, y si son penales, también se presentarán ante el Ministerio Público”, señaló la mandataria.
Ganadores en opacidad
Entre las dependencias más observadas destaca la Secretaría de Turismo (Sectur) por irregularidades en las obras insignia del gobierno anterior, como los proyectos ferroviarios del Tren Maya, el tren Interurbano México-Toluca y la ampliación del tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La revisión arrojó que, derivado de pagos en exceso para obras y servicios relacionados con la construcción del Tren Maya, el monto pendiente de aclarar superó los 2.4 millones de pesos, en observaciones hechas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Defensa Nacional. En el caso específico de la Sectur, se determinaron probables daños al erario por un monto total de dos mil 593 millones 603 mil 200 pesos.
Respecto a la construcción del tren Interurbano México-Toluca, se determinaron pagos indebidos en ciertas contrataciones de suministros y servicios, que se cuantificaron en un posible daño de más de 528 millones de pesos, aunado a los retrasos que han generado aumentos en su costo final; mientras que, en el caso del tren suburbano que conecta con el AIFA, se hallaron pagos en exceso por una suma de 15.9 millones de pesos.
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Debajo de Turismo, en el Grupo de Desarrollo Económico, el ente con el mayor monto pendiente por aclarar fue Petróleos Mexicanos (Pemex), con una suma de dos mil 58.9 millones de pesos, que incluyó más de cinco mil 544 millones de pesos en pagos a contratistas y proveedores, sin contar con un análisis de costo-beneficio ni el aval de su Consejo de Administración.
Aunado a ello, se detectó un ejercicio irregular por mil 314 millones de pesos en Pemex en pagos irregulares, contratos y cotizaciones opacas, así como inconsistencias en la comprobación de adquisiciones, como parte de la construcción de la refinería Olmeca de Dos Bocas, otro de los megaproyectos del gobierno anterior.
Con excepción de Querétaro y la Ciudad de México, el monto por aclarar del gasto federalizado en el resto de los estados ascendió a22 mil 797.6 millones de pesos, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2023. Estos son los estados con la mayor cantidad de irregularidades pendientes.
se realizaron mil 623 auditorías, consistentes en la observación de 34 mil 607 millones de pesos correspondientes al gasto federalizado; 5,281 millones de pesos al presupuesto de desarrollo económico y tres mil 207 mdp destinados a desarrollo social.
