DEA advierte que seguirá investigando nexos entre políticos mexicanos y cárteles
El funcionario señaló que la agencia trabaja para exponer las conexiones entre organizaciones criminales consideradas terroristas por el gobierno estadounidense y actores políticos corruptos.
Terrance C. “Terry” Cole, director de la DEA.
/Foto compuesta: IA Ideogram y dea.gov
El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió que la agencia mantendrá sus investigaciones y continuará exponiendo los presuntos vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones del narcotráfico. El funcionario sostuvo que la corrupción permite el crecimiento de los cárteles y representa una amenaza para la seguridad de su país.
El 17 de noviembre, Cole publicó un mensaje en la red social X en el que reiteró que la DEA no dará marcha atrás en sus esfuerzos por identificar a quienes, desde posiciones de poder, presuntamente protegen o facilitan las actividades de grupos criminales.
El funcionario señaló que la agencia trabaja junto con la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) para exponer las conexiones entre organizaciones criminales consideradas terroristas por el gobierno estadounidense y actores políticos corruptos.
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Sentencia contra Tony Montana antecedió a la advertencia de la DEA
Uno de los antecedentes recientes fue la sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El 13 de noviembre, un tribunal federal en Washington lo condenó a 270 meses de prisión —22 años y medio— por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas.
La DEA presentó el caso como parte de las acciones de la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional para combatir a organizaciones criminales transnacionales. Después de la sentencia, Cole reiteró que las autoridades estadounidenses también buscarían a quienes presuntamente facilitan las operaciones del narcotráfico desde estructuras políticas o institucionales.
Acusación contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa
Otro de los casos que forman parte del contexto es la acusación presentada en abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos los señaló por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y las armas, así como por supuestamente colaborar con la facción de “Los Chapitos”, vinculada al Cártel de Sinaloa.
Entre las personas incluidas en el expediente se encuentran:
- Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Gobierno.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, entonces alcalde de Culiacán.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exfuncionario de seguridad.
La acusación sostiene que funcionarios habrían proporcionado protección e información de inteligencia a integrantes de “Los Chapitos” a cambio de sobornos. Se trata de señalamientos formulados por fiscales estadounidenses y no de una sentencia condenatoria contra las personas mencionadas.
Tras hacerse pública la acusación, Rocha Moya solicitó licencia para separarse del cargo.
OFAC sancionó a personas y empresas vinculadas con el Cártel de Sinaloa
En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas, según el gobierno estadounidense, con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa y sus operaciones en Baja California.
Entre los nombres incluidos en las medidas aparecen Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
También fueron señalados Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas y asesor legislativo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red habría recurrido a personas con conexiones políticas y empresariales para facilitar las operaciones del grupo criminal, incluidos presuntos esquemas de protección y actividades financieras.
Las sanciones de la OFAC implican restricciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense. Su inclusión en estas medidas no equivale, por sí misma, a una condena penal.
Estados Unidos endurece su estrategia contra los cárteles mexicanos
Las declaraciones de Terry Cole se enmarcan en la estrategia del gobierno de Donald Trump contra las organizaciones del narcotráfico. Washington ha incorporado a diversos cárteles mexicanos a su clasificación de organizaciones terroristas extranjeras y ha recurrido a instrumentos judiciales, financieros y comerciales para presionar a México.
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Entre esas herramientas se encuentran las acusaciones del Departamento de Justicia, las sanciones del Departamento del Tesoro y las medidas arancelarias anunciadas por la administración estadounidense.
Con su mensaje, el director de la DEA reiteró que la agencia mantendrá la atención sobre los presuntos vínculos entre grupos criminales y actores políticos. Sin embargo, su publicación no identificó a nuevos funcionarios ni presentó acusaciones específicas adicionales.
La advertencia coloca nuevamente en el centro de la relación bilateral el tema de la corrupción y la presunta protección institucional al narcotráfico, así como el alcance de las acciones que Estados Unidos pretende mantener contra esas redes. DJ