Diputada plantea estímulos fiscales en vivienda social en Jalisco: ¿qué beneficios contempla la iniciativa?

La producción de vivienda social en Jalisco registró una caída significativa hasta ubicarse en 152 unidades en 2025, en contraste con las 41 mil viviendas anuales que se construían hace una década. El dato forma parte del diagnóstico presentado por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, quien impulsa un paquete de reformas fiscales para modificar las condiciones de operación del sector.

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De acuerdo con la legisladora, el encarecimiento sostenido de la vivienda y el contexto económico han impactado la viabilidad de los proyectos dirigidos a población de bajos ingresos. En los últimos diez años, el precio de la vivienda nueva en el estado aumentó 468%, lo que ha reducido la disponibilidad de inmuebles dentro del rango de acceso de la mayoría de los hogares.

Demanda limitada y oferta prácticamente inexistente

El desajuste se acentúa en el segmento de menor valor. Cerca del 70% de la población en Jalisco solo puede acceder a viviendas con un precio inferior a un millón 50 mil pesos, límite establecido por el Infonavit para créditos sociales. Sin embargo, la oferta en ese rango se ha reducido de forma considerable, lo que incide en la colocación de financiamiento.

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En paralelo, el entorno macroeconómico ha limitado la expansión del sector. La economía mexicana creció 0.8% en 2025 y la inflación se ubicó en 4.59% en marzo de 2026. “No es una falla de gestión de esta industria”, señaló Cárdenas, quien atribuyó el comportamiento del mercado a factores estructurales. Sobre la caída en la producción, añadió: “152 casas en un estado que necesita decenas de miles al año. Eso no es una caída, es un desplome”.

Propuestas fiscales para reducir costos y detonar inversión

El paquete de iniciativas presentado ante desarrolladores contempla modificaciones a la Ley de Hacienda Municipal para ampliar descuentos de al menos 50% en derechos de licencias de construcción a proyectos de vivienda social certificada. La medida aplicaría sin condicionamientos sobre la afiliación de los desarrolladores a organismos públicos.

Otra de las propuestas busca reducir los costos asociados al Registro Público de la Propiedad mediante ajustes a la Ley de Hacienda Estatal. “Ese costo no lo absorbe el desarrollador: lo termina pagando quien compra la casa”, explicó la diputada al referirse al impacto en el precio final.

El tercer eje plantea una reducción temporal del impuesto sobre nómina para desarrollos ubicados en zonas urbanas con acceso a servicios y transporte, con el objetivo de incentivar proyectos dentro de las ciudades.

Las iniciativas se vinculan con el programa estatal Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, que contempla la donación de predios por 350 millones de pesos, equivalentes a 14 hectáreas, para la construcción de mil 926 viviendas en municipios como Lagos de Moreno, Tepatitlán, Autlán de Navarro y El Salto.

La diputada indicó que la liberación de estos terrenos se realizó a través de la Comisión de Hacienda del Congreso local y señaló que el acceso al suelo requiere complementarse con condiciones que faciliten la participación del sector privado.

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Como parte del proceso, propuso establecer mesas de trabajo entre el Congreso, autoridades estatales y desarrolladores para dar seguimiento a las reformas y definir su implementación. El objetivo del paquete es incidir en los costos de producción y en la dinámica de inversión en el segmento de vivienda social.