*A la memoria del Dr. Fernando Serrano Migallón, exdirector de nuestra Facultad de Derecho y profesor emérito de nuestra Universidad Nacional
Se han escrito una gran cantidad de textos y grabado una enorme cantidad de programas respecto del momento que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de los escándalos generados, principalmente, por su hoy exconsejera presidenta.
Sin embargo, la renuncia de la exconsejera presidenta no resuelve al menos dos de los grandes temas de fondo que en recientes años ha padecido el INE:en primer lugar, la concentración de facultades que originalmente tenía su Consejo General en la figura de la Presidencia y la carencia de control interno.
Por lo que hace al primer punto, ésta no se trató de una modificación administrativa menor, en realidad se convirtió en un cambio profundo en la concepción del INE, pues de tratarse de una institución que privilegiaba la toma colegiada de las decisiones, a partir de ese momento se trató de una institución con una cabeza que iba más allá de lo habitual al designar directamente a personas que, en adelante, materializarían distintas de las tareas sustantivas de este ente.
En lo relativo al segundo punto, cabe recordar que la fracción VIII del artículo 74 constitucional establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”. Es decir, se encarga a un órgano eminentemente político la designación de la persona que ejercerá la titularidad de la contraloría interna de de la mayoría de los Organismos Constitucionales Autónomos, dejando patente una vez más que un nombramiento impregnado de sesgos políticos trae como consecuencia por lo genral un muy deficiente desempeño en el ejercicio de dichos cargos.
Un organismo que esencialmente puede fungir como contrapeso de otros órganos del poder público no puede ser diseñado y actuar por otra lógica que no sea la de contar con contrapesos internos que mejoren no solo la calidad de las decisiones que se toman en lo sustantivo, sino también la de las medidas que se toman para su funcionamiento cotidiano.
El hecho de que el INE sea dirigido por un Consejo General garantiza, de entrada, que las decisiones que se tomen busquen e idealmente encuentren el consenso suficiente para que además de ser legítimas, estas decisiones redunden en una buena administración de esta institución.
Los lamentables sucesos dados a conocer en recientes días deben servir para reflexionar sobre la distribución de atribuciones, los mecanismos de control y supervisión, así como el debido equilibrio entre la dirección política institucional del INE y su operación administrativa diaria.
Hoy finalmente se abre otra oportunidad para que ésta muy lamentable e inédita página de nuestra institución encargada de organizar los procesos electorales se cierre y se propugne para que ésta se encuentre los suficientemente bien diseñada, controlada y supervisada para que se trate de un árbitro electoral fiable, uno a la altura de la democracia a la que aspiramos ser.
Lo anterior, independientemente de la obligada rendición de cuentas que debe haber por parte de todas las personas señaladas y una obligada reflexión por parte de nuestro órgano legislativo respecto de la idoneidad de las personas que han decidido que cumplan con importantes responsabilidades públicas y que, claramente, han defraudado a nuestra República.
