El Gobierno de la Ciudad de México busca limitar los aumentos de las rentas a la inflación, incluso cuando termina un contrato y llega un nuevo inquilino. La intención declarada es frenar la gentrificación y evitar que las familias abandonen sus colonias por los altos costos. Sin embargo, la iniciativa de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles parte de una solución cuestionable: restringir al propietario sin resolver la escasez de vivienda accesible.
La propuesta ha generado críticas de legisladores de oposición y especialistas en derecho constitucional, quienes advierten sobre sus posibles efectos en la propiedad privada, la libertad contractual y la inversión inmobiliaria. El problema no es buscar condiciones justas para quienes rentan, sino pretender alcanzarlas mediante restricciones que trasladan parte del costo de la política pública a los dueños de los inmuebles.
La dimensión del mercado exige mirar los datos. Según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, en la Ciudad de México hay 813 mil 68 viviendas rentadas, equivalentes al 26.9% del total de viviendas particulares habitadas. Detrás de muchas de ellas hay años de trabajo, ahorros, créditos hipotecarios y familias que complementan sus ingresos con el alquiler de un patrimonio propio.
Imagina que trabajas durante años, ahorras, compras un departamento y gastas más dinero en remodelarlo y dejarlo en buenas condiciones para rentarlo. ¿Por qué deberías perder la libertad de establecer una renta acorde con las características de tu propiedad? ¿Y quién te protege si el inquilino deja de pagar o incumple el contrato?
Revisar referencias, comprobar la capacidad de pago y solicitar garantías razonables no constituye automáticamente una práctica abusiva; es una medida legítima para reducir riesgos. La regulación debe combatir la discriminación y las exigencias desproporcionadas, pero también brindar seguridad jurídica a quien pone su patrimonio en manos de otra persona.
Uno de los puntos más controvertidos es limitar los aumentos incluso cuando cambia el inquilino. Las condiciones de una vivienda, sus costos de mantenimiento y las circunstancias del mercado pueden variar. Impedir que el propietario ajuste la renta de acuerdo con esas condiciones reduce su margen de decisión y plantea una pregunta esencial: ¿por qué debe asumir individualmente las consecuencias de una política diseñada para corregir un problema estructural?
El proyecto también contempla un registro digital de contratos y mecanismos sancionadores. Antes de avanzar, el Congreso debe explicar cómo evitará que estas obligaciones se conviertan en cargas excesivas y garantizar que las sanciones sean proporcionales. Las nuevas reglas deben ofrecer garantías para ambas partes, no imponer obligaciones sin considerar sus consecuencias.
Además, controlar las rentas no construye departamentos. Si alquilar se vuelve menos atractivo o demasiado incierto para algunos dueños, podrían retirar sus inmuebles del mercado o buscar otros usos. Es un riesgo que debe evaluarse antes de aprobar nuevas restricciones.
La Ciudad de México necesita ampliar la oferta de vivienda social, facilitar nuevos desarrollos, mejorar el transporte y acercar los hogares a los centros de trabajo. También requiere contratos equilibrados, tribunales eficaces y mecanismos que permitan resolver los conflictos entre arrendadores e inquilinos.
La iniciativa corre el riesgo de confundir justicia con control. El Gobierno debe asumir su responsabilidad de ampliar las opciones habitacionales, en lugar de trasladar a particulares el costo de una crisis que requiere soluciones de fondo.
Los inquilinos merecen rentas razonables, pero los propietarios también necesitan certeza jurídica y respeto a sus derechos. El Congreso debe revisar esta propuesta antes de aprobarla y demostrar que proteger a quienes rentan no significa perjudicar a quienes ofrecen vivienda. La justicia habitacional no se consigue enfrentando a unos con otros, sino ampliando las opciones y estableciendo reglas claras para todos.
