Durango consagra en su Constitución el derecho a uniformes y útiles escolares gratuitos

El Congreso de Durango aprobó por unanimidad una reforma constitucional que convierte en derecho permanente la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares para todos los estudiantes de escuelas públicas, una iniciativa promovida por el gobernador Esteban Villegas Villarreal. Esta modificación al artículo 22 de la Constitución estatal asegura que el apoyo no dependa de decisiones presupuestales anuales, y garantiza su continuidad a largo plazo sin importar cambios de gobierno.

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La reforma, respaldada por la Comisión de Puntos Constitucionales, fortalece una política pública que ya operaba en ciclos anteriores, pero que ahora cuenta con un respaldo jurídico sólido. Este programa representa un alivio económico para miles de familias, especialmente en un contexto donde los gastos escolares suponen una carga financiera significativa al inicio de cada año lectivo.

La iniciativa fue el resultado de propuestas conjuntas del Grupo Parlamentario de Morena, el PRI y el gobernador Villegas, unificadas en un solo dictamen.

Además del impacto económico, la medida busca reducir desigualdades visibles entre estudiantes, fomentando la integración, la permanencia escolar y un sentido de pertenencia en las aulas. En su aprobación, los legisladores destacaron su importancia como un avance hacia la equidad educativa, con el objetivo de que ningún alumno se vea excluido por falta de recursos.

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Durante la sesión, se resaltó que esta reforma no solo garantiza acceso a materiales educativos básicos, sino que también promueve igualdad de oportunidades, cohesión social y autoestima entre los estudiantes.

Al elevar este apoyo a rango constitucional, Durango consolida una política de alto impacto social, blindada ante cambios administrativos y con la seguridad de su aplicación constante. La medida refleja un compromiso con la educación pública, priorizando el bienestar de niñas, niños y adolescentes en condiciones vulnerables.

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Con esta acción, el estado refuerza su marco legal para proteger derechos educativos, sentando un precedente en la lucha contra la deserción escolar y las barreras económicas en el acceso a la educación. La reforma subraya la importancia de políticas públicas estables que perduren más allá de los periodos gubernamentales, para beneficiar a las generaciones futuras.

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