Expresidente Álvaro Uribe recibe condena por soborno y fraude en Colombia

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia penal con privación de la libertad.

Además de la condena, el exmandatario de 73 años queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años, de acuerdo con el contenido de un documento filtrado a la prensa y confirmado por fuentes cercanas al caso.

Te puede interesar: Atacan a Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de Colombia

¿Por qué fue condenado Álvaro Uribe?

Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable de manipular testigos y obstruir a la justicia con el fin de evitar que se le vinculara con grupos paramilitares de ultraderecha involucrados en crímenes contra civiles durante el conflicto armado colombiano.

La sentencia formal será leída en audiencia pública el viernes a las 14:00 horas (hora de Colombia) en Bogotá.

Este fallo forma parte de un entramado más amplio de investigaciones judiciales que relacionan a Uribe con organizaciones armadas ilegales, aunque esta es la primera que llega a condena.

La defensa de Uribe apelará el fallo

A través de su cuenta en la red X, Uribe afirmó que enfrenta este proceso “refugiado en la oración y en sus seres queridos”. Sus abogados anunciaron que presentarán un recurso de apelación y calificaron la sentencia como un fallo politizado y presionado por el actual gobierno de izquierda.

En caso de apelación, el proceso será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual deberá ratificar o revocar la condena antes del 16 de octubre de 2025. Si no lo hace en ese plazo, el caso será archivado.

Sigue leyendo: Cártel de Sinaloa y clan Char, en la mira de México y EU

Denuncia de Uribe contra el presidente Gustavo Petro

En paralelo, la defensa de Uribe presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante una comisión de la Cámara de Representantes, acusándolo de hostigamiento y calumnia. Según los abogados del expresidente, Petro lo habría acusado públicamente de narcotráfico y otros delitos sin pruebas durante la semana.

Uribe y Petro mantienen una confrontación política constante, desde posiciones ideológicas opuestas, que se ha agudizado con esta sentencia.

¿Cómo inició el caso judicial contra Uribe?

El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente manipular testimonios de paramilitares para implicarlo con grupos armados. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia desestimó la acusación contra Cepeda y, en cambio, inició una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

En 2020, Uribe renunció al Senado, perdiendo el fuero parlamentario, lo que provocó que el caso pasara a la justicia ordinaria. El juicio comenzó formalmente en 2024, y culminó con la sentencia condenatoria dictada esta semana.

La jueza concluyó que Uribe dirigió una estrategia para presionar a testigos a cambiar su testimonio, afectando así el curso de la justicia.

Te puede interesar: ¿Quién es la familia Char? Facilitadora de la expansión del Cártel de Sinaloa

Impacto en las elecciones presidenciales de 2026

La condena tiene implicaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El partido de derecha Centro Democrático, fundado por Uribe, buscará recuperar el poder, pero la sentencia complica la construcción de su candidatura.

Según Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, este escenario puede generar un efecto de “legitimismo” en los sectores más afines a Uribe, pero también limita el discurso a la defensa del pasado en lugar de conectar con las preocupaciones actuales del electorado.

Del otro lado, sectores de izquierda consideran que el caso refuerza el perfil político de Iván Cepeda, posible aspirante presidencial que ha ganado visibilidad tras la sentencia.

Uribe afirma que es víctima de venganza política

Uribe ha sostenido que su proceso judicial es una “venganza política” impulsada por la izquierda y por las FARC, grupo guerrillero que enfrentó durante su presidencia y que se desmovilizó en 2017 tras el acuerdo de paz.

En sus declaraciones recientes, el exmandatario ha insistido en que su condena carece de fundamentos legales y que seguirá defendiéndose en todas las instancias posibles.