FGR revisa actuación de fiscal federal en Guanajuato tras polémico operativo de 59 millones de litros de combustible

La actuación del fiscal federal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, quedó bajo revisión después del operativo que derivó en el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, presentado inicialmente como uno de los mayores golpes contra el huachicol en México.

Fuentes con conocimiento del caso señalaron que la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR investiga al funcionario y revisa sus actuaciones, así como posibles irregularidades en procedimientos realizados desde la representación de la Fiscalía en Guanajuato.

Uno de los puntos que se revisan es cómo se tomó la decisión de ejecutar el operativo en la terminal de almacenamiento y qué nivel de autorización existió dentro de la estructura de la Fiscalía, pues Vera Ayala habría procedido con el aval de su superior jerárquico inmediato, pero sin una coordinación más amplia con las áreas centrales de la institución.

¿Qué pasó con los 59 millones de litros asegurados en Guanajuato?

El caso comenzó el 3 de julio de 2026, cuando las autoridades detectaron una pipa con aproximadamente 33 mil litros de diésel cuya procedencia no pudo acreditarse en ese momento. Las investigaciones condujeron posteriormente a diferentes diligencias y finalmente a una terminal ubicada en San José Iturbide, Guanajuato.

El Gobierno de Guanajuato informó el 17 de septiembre que autoridades federales y estatales habían ejecutado una orden de cateo en un inmueble de la comunidad de La Fragua, donde localizaron 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores, documentación y alrededor de 59 millones de litros de petrolíferos con características de gasolina regular, premium y diésel.

Sin embargo, el estatus del combustible comenzó a generar dudas.

La propia información oficial estableció que todavía debían practicarse dictámenes para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto. Es decir, el aseguramiento no significaba por sí mismo que los 59 millones de litros fueran combustible robado.

La empresa relacionada con la terminal, Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, sostuvo posteriormente que sus instalaciones cuentan con permisos y que su actividad consiste en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de otras compañías. La legalidad y trazabilidad del combustible continúa como parte de la investigación federal.

FEMDO atrae investigación por combustible de Guanajuato

En medio de las dudas sobre el aseguramiento, la investigación dejó la esfera de la representación estatal de la FGR.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el expediente para continuar las investigaciones relacionadas con posibles delitos en materia de hidrocarburos y determinar la trazabilidad del combustible.

El movimiento resulta relevante porque la investigación había sido conducida inicialmente desde Guanajuato, donde Juan Francisco Vera Ayala ocupa desde enero de 2026 el cargo de fiscal federal. Su llegada a la entidad formó parte de los cambios realizados desde las oficinas centrales de la FGR.

La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió públicamente que la Fiscalía aclare qué ocurrió. El 21 de septiembre señaló que corresponde a la FGR explicar si existió una actividad ilegal y recordó que la información que dio origen al procedimiento provino de su representación en Guanajuato.

Fiscalía de Asuntos Internos investiga a Juan Francisco Vera Ayala

Las circunstancias en las que se realizó el procedimiento han colocado la actuación de Vera Ayala bajo escrutinio.

La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR es la instancia que investiga al funcionario y revisa sus actuaciones al frente de la representación federal en Guanajuato, de acuerdo con fuentes con conocimiento del caso.

Versiones periodísticas publicadas este 22 de septiembre señalan que el funcionario habría impulsado el operativo desde Guanajuato sin una coordinación suficiente con otras instancias federales. Carlos Loret de Mola publicó que Vera Ayala también preparaba otro despliegue contra policías municipales antes de la visita presidencial a Guanajuato, el cual habría sido frenado por autoridades federales ante la falta de coordinación.

Otras fuentes señalan que Asuntos Internos de la FGR mantiene abiertas indagatorias relacionadas con la actuación de Vera Ayala, entre ellas señalamientos por presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y cohecho.

Las mismas fuentes refieren denuncias relacionadas con presuntas exigencias a empresarios de distintos sectores en Guanajuato y posibles abusos en operativos y retenes.