Irregularidades y señalamientos tensan la gestión del alcalde de Piedras Negras

En Piedras Negras crece el escrutinio sobre el alcalde morenista Carlos Jacobo Rodríguez González, luego de que salieran a la luz testimonios que lo vinculan con presuntos viajes a Las Vegas financiados con recursos municipales. La historia contrasta con la narrativa de austeridad y honestidad que acompañó su campaña de 2024, cuando prometió un “gobierno del pueblo” bajo principios cristianos.

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Fuentes cercanas al Ayuntamiento señalan que Rodríguez habría viajado de manera recurrente al hotel Encore, donde gastos de hospedaje y apuestas se habrían cubierto desde la Tesorería Municipal. Facturas relacionadas no aparecen en portales de transparencia, un punto que podría derivar en violaciones al artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y abrir la puerta a sanciones administrativas.

El posible uso indebido de recursos públicos se suma a otras controversias que ya arrastraba su administración. En el SIMAS, Rodríguez colocó a Lorenzo Menera en un puesto de alto nivel como parte de cuotas políticas; también se han registrado adjudicaciones directas a personas cercanas y presuntas irregularidades en obras públicas, incluidas asignaciones millonarias sin ejecución verificable en Múzquiz durante la administración de Tania Flores, aliada del alcalde.

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A ello se agregan episodios que han tensado la relación con la ciudadanía: despidos que exempleados consideran arbitrarios, un altercado con una periodista al que siguió la difusión de un antidoping falso, reportes de maltrato animal y señalamientos sobre la promoción de narcocultura en eventos municipales. En redes circulan además versiones que mencionan un pasado personal con adicciones, lo que amplifica la percepción de inestabilidad política.

Organizaciones civiles, analistas y actores locales coinciden en que el Cabildo ha mantenido una postura pasiva pese a la acumulación de alertas. Desde su óptica, las anomalías reflejan un deterioro institucional que afecta la operación del municipio y mina la credibilidad de Morena en una región clave para el partido.

En medio del desorden, las voces que exigen auditorías estatales y federales aumentan. Para muchas de ellas, el caso simboliza el reto pendiente de la Cuarta Transformación a nivel local: que sus principios no solo se enuncien en campaña, sino que se traduzcan en gobiernos que rindan cuentas y respeten la ley.