“Jueces sin rostro”, Sheinbaum busca proteger la identidad de juzgadores en casos de crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso al Congreso de la Unión una reforma para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras cuando tengan a su cargo casos relacionados con el crimen organizado. Para que aplique la figura conocida como “jueces sin rostro” se analizará la capacidad real del grupo delincuencial para causar daño y si el Estado puede o no proteger la vida los juzgadores y sus familias.

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¿Qué propone la reforma de Sheinbaum sobre los jueces sin rostro?

Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para que los juzgadores puedan solicitar las medidas de resguardo cuando estén a cargo de casos de tráfico de personas, delitos contra la salud, tráfico de armas, financiamiento al terrorismo o tráfico de órganos, por ejemplo.

¿Quién decidirá si un juez debe mantener su identidad protegida?

Será el Órgano de Administración, la presidencia o comisión correspondiente al Poder Judicial la que verificará la existencia de un riesgo y se deberán considerar la participación del integrante de la delincuencia organizada, la capacidad de causar daño a los juzgadores, la capacidad de las autoridades para proteger a los juzgadores y sus familiares, la gravedad del delito, la posible pena y si ha habido intentos por parte del imputado en amenazas o interferencia en el proceso judicial.

Además, la iniciativa amplía los supuestos que se permite la obtención inmediata de información sobre localización geográfica o datos conservados por concesionarios o proveedores de servicios.

“Esta medida está justificada cuando está en riesgo la integridad o vida de una persona, el objeto del delito, o se trata de delitos graves y de alto impacto, o cuando existan elementos que indiquen la posible evasión de la justicia por parte de la persona investigada. El control judicial se garantiza mediante la obligación de informar a la autoridad competente dentro de un plazo máximo de 48 horas (localización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados)”, destaca la iniciativa.

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Por otro lado, la Presidenta envió al Congreso la propuesta de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que plantea, entre otras cosas, otros dos supuestos para no conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado cuando se siguen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

“Uno, cuando se continúe la realización de actividades o la prestación de servicios que requieran de autorización de autoridad administrativa y no se cuente con la misma o haya sido revocada o dejada sin efectos de forma provisional o definitiva y, dos, cuando se permita la consumación o continuación de conductas que constituyan infracción o delito en términos de las disposiciones de la ley de la materia de la cual deriva la resolución impugnada en el juicio”, dice la iniciativa presidencial.

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¿Cuándo se votarán las reformas propuestas por Claudia Sheinbaum?

Ambas iniciativas fueron turnadas a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado para su análisis y votación. Será hasta septiembre cuando se analicen por el Pleno, pues no entrarán en el periodo extraordinario.