Ley de Seguridad 2025: Diputados avalan sanciones para estados que desvíen recursos o incumplan acuerdos

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad que permite al gobierno federal suspender fondos económicos a entidades federativas y municipios que incumplan con los acuerdos en materia de seguridad o cuando utilicen de forma irregular los recursos públicos federales.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública podrá decretar la suspensión de las ministraciones y deberá dar vista a la Auditoría Superior de la Federación sobre cualquier irregularidad detectada.

¿Cuántos votos obtuvo la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad?

Luego de 10 horas de discusión en el Pleno de San Lázaro, la ley fue aprobada en lo general con 445 votos de Morena, PAN, PVEM, PT y MC y 37 del PRI en contra; en lo particular fue aprobada con 423 a favor y 63 en contra y fue enviada al Senado para su análisis.

Entre los cambios, se aceptó la eliminación de la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil a cargo de la Agencia de Transformación Digital, luego de que especialistas advirtieron que era inconstitucional.

La madrugada de este miércoles, los diputados se dieron cuenta que la Comisión de Seguridad Ciudadana de San Lázaro había distribuido dos documentos para cambiar, de fondo, los dictámenes de las nuevas leyes de seguridad e inteligencia y sólo unas horas después los cambios se debatirían por el Pleno, sin análisis de las propuestas y sin consultas con especialistas.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, fue uno de los primeros en advertir de un “albazo legislativo” y acusó a Morena y al gobierno federal de instaurar un “Big Brother orwelliano y goebbeliano”.

Ya en la discusión en tribuna, el PRI llegó con una corona de flores para difuntos con la leyenda: “Murió la democracia”. El diputado Alejandro Domínguez echó en cara que nadie, ni los morenistas, leyó ni analizó 484 páginas con cambios sustantivos en materia de seguridad.

El panista, César Damián, destacó que con la ley de inteligencia se robustece “el monstruo del espionaje a través de una ley de supuesta inteligencia que lo único que hace es legalizar que el gobierno pueda espiar tu celular, tu computadora y tener toda tu información para censurarte, intimidarte y amenazarte”.

La diputada de MC, Claudia Ruiz Massieu, aplaudió la eliminación del registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas que estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital, pero advirtió que esta institución a cargo de José Merino tendrá acceso a las bases de datos de cualquier tipo, públicas y privadas, sin orden judicial.

“Lo decimos con toda claridad: No se trata de espiar a nadie, se trata de cerrar espacios al crimen que se esconde atrás del anonimato, al que extorsiona, al que secuestra utilizando redes sin rastro”, contestó la morenista Julia Olguín.

El priísta, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, destacó que con las nuevas leyes había un beneficiado de Morena: el vocero de la bancada guinda, Arturo Ávila, quien trabajó en una empresa que obtuvo un contrato público por vender el programa de espionaje Galileo.

Gutiérrez Mancilla anunció que presentará una denuncia en contra de Ávila porque el sistema Galileo se utilizó para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas y opositores.

¿Qué contempla la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia?

Después de la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, los diputados continuaron con la discusión de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la más polémica porque permite a las instituciones de seguridad del país tener acceso a todas las bases de datos de inteligencia, vehiculares, biométricos y telefónicos, así como registros bancarios, de transporte, telecomunicaciones, empresariales, incluso el historial médico de los mexicanos.

“Todas las autoridades del Estado mexicano y las personas particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos, registros y registros administrativos, tales como registros de datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, así como registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos, deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta”, dice el artículo 24.