Juicio político contra Rubén Rocha Moya: ¿Destituirán del cargo al Gobernador de Sinaloa?
La oposición busca que el Congreso estatal analice la actuación del gobernador con licencia mediante un procedimiento de juicio político y evitar que Rocha Moya pueda intentar reincorporarse nuevamente a la gubernatura.
Oposición amaga con abrir proceso de juicio político contra Rubén Rocha Moya.
/Foto modificada: @rochamoya_
La diputada local del PRI, Paola Gárate, anunció que este lunes presentará formalmente una solicitud de juicio político contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, en medio de la crisis política que atraviesa el estado.
La legisladora confirmó la acción en entrevistas con medios de comunicación y mediante sus redes sociales. La iniciativa también cuenta con el respaldo de organizaciones civiles y sectores de la oposición en el Congreso de Sinaloa, quienes participaron en la recolección de firmas para acompañar la solicitud.
El movimiento ocurre después de que Rocha Moya solicitara nuevamente licencia al cargo de gobernador, luego de la controversia generada por su intento de reincorporarse a sus funciones.
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¿Por qué Paola Gárate promueve un juicio político contra Rubén Rocha Moya?
La solicitud impulsada por Paola Gárate ocurre en el contexto de la disputa política por la gubernatura de Sinaloa y las recientes licencias solicitadas por Rubén Rocha Moya.
La oposición busca que el Congreso estatal analice la actuación del gobernador con licencia mediante un procedimiento de juicio político y, de acuerdo con los argumentos planteados por sus promotores, evitar que Rocha Moya pueda intentar reincorporarse nuevamente a la gubernatura.
La diputada priista también ha cuestionado la propuesta para designar a la persona que ocuparía provisionalmente el Ejecutivo estatal.
Graciela Domínguez Nava, interino de Sinaloa
En paralelo al proceso relacionado con Rocha Moya, una comisión del Congreso de Sinaloa nombró a Graciela Domínguez Nava, integrante de Morena y exsecretaria de Educación estatal, como encargada de la gubernatura interina.
Paola Gárate se manifestó en contra de esta posibilidad y acusó que la decisión mantiene al mismo grupo político relacionado con Rocha Moya.
La legisladora calificó el proceso como una imposición y sostuvo que se mantiene el denominado “rochismo” en el poder estatal.
Graciela Domínguez Nava es una socióloga, activista social y política sinaloense. Licenciada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuenta con una amplia trayectoria dentro de la vida pública y legislativa del estado.
¿Qué sigue después de presentar el juicio político contra Rocha Moya?
La solicitud tendría que seguir las etapas previstas en la legislación de Sinaloa antes de que pueda existir una resolución.
El primer paso consiste en la presentación y ratificación de la denuncia ante el Congreso estatal. Posteriormente, el expediente deberá ser turnado a las comisiones correspondientes para determinar si existen elementos para iniciar formalmente el procedimiento.
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Si la solicitud resulta procedente, Rocha Moya tendría que ser notificado y tendría derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa.
¿Cómo sería el procedimiento de juicio político en Sinaloa?
De manera general, el proceso contempla varias etapas:
- Presentación y ratificación de la denuncia. La solicitud se entrega ante el Congreso de Sinaloa y debe cumplir con los requisitos establecidos por la legislación.
- Revisión en comisiones. El expediente pasa a las instancias legislativas correspondientes para analizar su procedencia.
- Notificación al acusado. En caso de avanzar, Rubén Rocha Moya sería notificado para ejercer su derecho de defensa.
- Presentación de pruebas y alegatos. Las partes podrían aportar documentos, testimonios y otros elementos.
- Dictamen. Las comisiones correspondientes determinarían si existen elementos para continuar con el procedimiento.
- Votación del Congreso. En las etapas previstas por la legislación local, el Pleno tendría que conocer y votar los dictámenes correspondientes.
El desarrollo concreto del procedimiento dependerá de la determinación de las autoridades legislativas y de los requisitos establecidos en la legislación de Sinaloa.
¿Qué puede pasar con Rubén Rocha Moya si avanza el juicio político?
El juicio político constituye un mecanismo de responsabilidad política y administrativa. Su objetivo no es, por sí mismo, imponer una pena de prisión.
Si el procedimiento concluyera con una resolución en contra de Rocha Moya, las consecuencias dependerían de la legislación aplicable y de la determinación que adopte el Congreso.
Entre las posibles consecuencias de un juicio político se encuentran la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones públicas, siempre que así lo determine la autoridad competente conforme al procedimiento establecido.
Si durante la investigación aparecen elementos que pudieran constituir delitos, esos hechos podrían seguir una vía distinta ante las autoridades ministeriales correspondientes.
¿El juicio político significa que Rocha Moya será destituido?
No necesariamente. La presentación de una denuncia no equivale a una resolución de culpabilidad. Primero debe determinarse si la solicitud cumple con los requisitos legales para continuar. Después deben desarrollarse las distintas etapas del procedimiento y garantizarse el derecho de defensa del gobernador con licencia.
Por ello, la presentación de la denuncia representa el inicio de una disputa legislativa y política, pero no determina por sí misma cuál será el desenlace para Rubén Rocha Moya.
La oposición sostiene que el procedimiento permitiría revisar la actuación de Rocha Moya durante su gestión y establecer, mediante las instituciones correspondientes, si existen responsabilidades políticas que deban ser sancionadas.
La solicitud ocurre además mientras el Congreso de Sinaloa analiza quién ocupará la gubernatura interina y en medio de la incertidumbre sobre el futuro político del estado.
Por ahora, el siguiente paso será conocer la recepción y ratificación de la denuncia de juicio político promovida por Paola Gárate y determinar si el Congreso de Sinaloa considera procedente iniciar formalmente el procedimiento. DJ
