Layda Sansores señala que detenidas por el 8M en Campeche podrían recibir 37 años de prisión; ¿de qué se les acusa?

La marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) en Campeche presentó varios incidentes que derivaron en la detención de varias de las manifestantes, dos de ellas podrían recibir sentencias de hasta 37 años de prisión. Así lo dio a conocer la gobernadora Layda Sansores, quien señaló que una tercera detenida enfrentaría una condena menor.

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¿Por qué fueron detenidas mujeres en la marcha del 8M en Campeche?

Las autoridades estatales realizaron 14 detenciones iniciales en el marco de la protesta feminista realizada el 8 de marzo, en la que se registraron confrontaciones entre manifestantes y elementos de seguridad que resguardaban el edificio gubernamental. De acuerdo con la Policía de Campeche, algunas de las detenidas habrían participado en la quema de escudos utilizados por las agentes durante el operativo.

Por ello fue que se detuvo a cinco personas, quienes fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, donde serán presentadas ante un juez de control para determinar su situación jurídica.

Durante la emisión del programa oficial “Martes del Jaguar”, la gobernadora invitó a dos agentes que participaron en el operativo de seguridad frente al Palacio de Gobierno.
Una de ellas, la oficial Perla Jaquelin, relató que fue agredida durante los disturbios. Según explicó, recibió golpes con un martillo mientras el grupo de policías formaba una barrera para resguardar el edificio.

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Por su parte, la oficial Cristy Salazar describió el momento en que las manifestantes presuntamente rociaron combustible sobre las agentes.

“No las agredimos ni las insultamos; no tiramos golpes. Era aguantar y resistir hasta donde pudiéramos. Nunca pensamos que, al momento de levantar el escudo, nos rociarían gasolina”, expresó.

¿De qué se acusa a las mujeres detenidas en el 8M en Campeche?

De acuerdo con la mandataria, las investigaciones permitieron identificar a dos mujeres como presuntas responsables de rociar combustible sobre los escudos y sobre las policías que formaban parte del cerco de seguridad frente al recinto oficial. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Campeche buscará imputarlas por tentativa de homicidio, un delito que contempla penas de prisión elevadas.

Además, Layda Sansores informó que otra de las detenidas enfrentará cargos por daños al Palacio de Gobierno. De esta forma, advirtió que, de acreditarse la responsabilidad penal, las acusadas podrían enfrentar décadas de cárcel debido a la gravedad de los hechos investigados.

La gobernadora también señaló que las autoridades procederán legalmente contra quienes realizaron actos de iconoclasia, entre ellos pintas en edificios públicos. Indicó que las personas responsables deberán reparar los daños y realizar la limpieza de las intervenciones realizadas en el inmueble gubernamental.

Por otro lado, mencionó que recibió llamadas de personal del área de Cultur para interceder por una de las mujeres detenidas y trasladadas a Kobén. En ese caso, indicó que podría haber consideraciones, ya que, aseveró, la persona señalada no habría agredido físicamente a las policías.

Denuncian detenciones arbitrarias en el 8M en Campeche

Las detenciones generaron críticas por parte de organizaciones civiles y colectivas feministas. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que algunos arrestos se realizaron sin flagrancia y de manera arbitraria.

Entre los casos señalados se encuentra el de Esli, estudiante de doctorado en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). De acuerdo con testimonios y evidencia presentada por la institución académica, la estudiante no habría participado en los hechos violentos relacionados con la quema de escudos.

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Colectivas feministas también cuestionaron el operativo policial implementado durante la protesta y afirmaron que algunas de las mujeres detenidas no estuvieron involucradas en las agresiones contra las agentes de seguridad.

Las autoridades estatales sostienen que el C5, encargado del sistema de videovigilancia, identificó a las presuntas responsables a través de cámaras de seguridad, lo que permitió realizar los arrestos posteriores a los disturbios.

El caso continuará en proceso judicial una vez que las cinco personas trasladadas al penal de Kobén comparezcan ante un juez de control, quien determinará si existen elementos suficientes para vincularlas a proceso por los delitos señalados.